Tras el colapso por el ciberataque

La 'tormenta perfecta' en el SEPE y en el INSS... ¿por qué todavía puede ser peor?

Sin oposiciones, con una plantilla mínima, envejecida y sin reemplazo y con un aluvión cada vez mayor de ayudas, prestaciones y pensiones, los expedientes siguen amontonándose sobre  las mesas sin respuesta.

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El pasado día 9 de marzo, el sistema informático del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) recibía un ciberataque que ha hecho inviable tramitar el pago de las prestaciones que gestiona  -empezarán a regularizarse antes de que acabe el mes- y a día de hoy solo algunos servicios comienzan a recuperarse lentamente. El caos generado en un organismo que cada mes gestiona 2.376.847 prestaciones, ayudas y subsidios, de los que 1.148.603 son contributivas, y el pago a 900.000 trabajadores afectados por un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) ha sido la puntilla de un cúmulo de problemas que arrastra el SEPE, y también algunos organismos como el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Plantillas mínimas, envejecidas y estresadas por el contacto diario cara a cara con el público; sistemas informáticos y ordenadores obsoletos -en algunos casos con más de 30 años de antigüedad-; un volumen de trabajo cada vez mayor -cinco mayor que antes de la pandemia- y, como remate, la Covid, que ha colapsado la atención y ha afectado a un buen número de trabajadores. Los retrasos en los pagos de los ERTE continúan y sigue habiendo asalariados que no han cobrado un euro. Junto a esto, la Unión Sindical Obrera (USO) ha convocado una huelga en el SEPE los dos últimos días del mes que sin duda agravará la situación y retrasará la llegada en fecha de las prestaciones.

En el SEPE están empleados 8.545 efectivos, de los cuales más de un 25% son interinos y eventuales y seis de cada diez trabajadores tiene más de 50 años. El pasado mayo, en plena pandemia, el SEPE se vio tan desbordado que los responsables del Ministerio de Trabajo tuvieron que tirar de subcontratas para sacar adelante la gestión de los EREs, que pese a todo no logró solucionarse totalmente. La carga de trabajo durante el primer mes de la Covid fue imposible de asumir. Entre el 15 de marzo y el 7 de abril se gestionaron más de 650.000 prestaciones, se atendieron más de 275.000 llamadas y se registraron más de 10 millones de accesos a la sede electrónica. Un aluvión inasumible para una mermada plantilla. 

IMV, pensiones, bajas...

En el INSS, la Tesorería de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina (ISM) y la Gerencia de Informática trabajan 22.981 personas, casi 7.000 menos que en 2010. Son mayoritariamente funcionarios, casi el 92%, que se han jubilado y su puesto no ha sido reemplazado. Uno de los mayores problemas de estas plantillas es la edad. Según los datos de Boletín Estadístico de las Administraciones Públicas, el 86,4% de la plantillas tiene más de 50 años y solo 411 trabajadores bajan de los 30.

La pandemia ha agravado aún más la situación de los departamentos que se encargan de pagar las pensiones y realizar los trámites de las bajas médicas, del Ingreso Mínimo Vital (IMV), las bajas por maternidad o las gestiones relacionadas con autónomos o empleadas de hogar. Las oficinas están a menos de medio gas y las bajas de empleados por la Covid son habituales. La media de edad de los trabajadores supera los 55 años y en los próximos 5 años comenzará un aluvión de jubilaciones.

De los más de 400 centros de atención e información que tiene repartidos el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) por toda España, 152 tienen un elevado riesgo de no poder atender al público por las inminentes jubilaciones y la ausencia de reemplazo, según reconocieron a Heraldo fuentes del Ministerio de la Seguridad Social. Pese a que hay pendientes convocatorias de oposiciones, las plazas ofertadas solo serán solo un parche, según coinciden los sindicatos, después de tres años sin concursos.

Los sindicatos de la Función Pública llevan años anticipando una situación que hace que cada día la tramitación de las prestaciones sea más complicada... y lenta. CSIF ya advertía en octubre que capacidad de gestión del sistema de Seguridad Social estaba desbordada, por nuevos trámites y "responsabilidades" como el IMV. "Se trata de un problema estructural, ya que las plantillas se han reducido un 21% desde 2010 por las políticas de recorte" y la limitación de la tasa de reposición de funcionarios que inició el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y continúo su sucesor Mariano Rajoy.

El sindicato aseguraba que el volumen de trabajo es tan grande que el sistema "sigue saturado y las plantillas no dan abasto" y explicaba que en la revisión de un expediente tarda 50 minutos si la documentación está correcta, "que no suele ser lo habitual". Junto a esto, apuntaba a  importante retrasos, como el de los reconocimientos de las pensiones de jubilación, que han pasado de tramitarse en un plazo de quince días a más de un mes.

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