Nueva página en la guerra que mantiene el Ayuntamiento de Barcelona contra ciertas prácticas del sector inmobiliario. Tras anunciar a bombo y platillo una multa millonaria contra dos sociedades familiares (aunque el Consistorio lo vendió como una acción contra fondos buitres), el equipo que dirige Ada Colau ha anunciado este lunes que llevará a Fiscalía el primer caso de acoso inmobiliario que ha instruido por vía administrativa.
En su expediente administrativo, el consistorio ha propuesto 90.001 euros de sanción por acoso inmobiliario por este caso de mobbing, denunciado en julio pasado por una de las 22 inquilinas de la finca de la calle Floridablanca número 92, con el apoyo del Sindicat de Llogaters. La ley catalana del Derecho a la Vivienda permite a los ayuntamientos instruir procedimientos por acoso y discriminación inmobiliaria desde la vía administrativa.
El Ayuntamiento de Barcelona empezó en julio del año 2018 a explorar esta nueva vía, y en estos momentos está trabajando en 14 casos que afectan a 22 viviendas, según las mismas fuentes municipales.
En el caso de Floridablanca, 92, el ayuntamiento considera que la propiedad ha incumplido con las órdenes de conservación de la finca previas a la apertura de expediente y que habrían solucionado la situación de discriminación y acoso a la inquilina, informa Efe.
Como en el procedimiento administrativo del Ayuntamiento se ha detectado la comisión de delitos penales, la tramitación queda suspendida y se pone en conocimiento de Fiscalía, ya que en estos supuestos la vía administrativa no impide llevar estos casos a la vía judicial.
Esta nueva acción se suma a la anunciada a principios de mes, cuando el Ayuntamiento barcelonés adelantó la imposición de sanciones por valor de 2,8 millones de euros por dos expedientes a dos sociedades (fondos buitres, según dijeron) que tienen desde hace más de dos años (de hecho, desde hace como mínimo diez, en este caso) dos edificios enteros con un total de 24 pisos vacíos.
La alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, señaló que las multas no responden a una voluntad recaudatoria, sino que quieren que los propietarios "entiendan el cambio de lógica y pongan en alquiler asequible estas viviendas", ya que la ley no permite su expropiación forzosa en estos casos, de la que se ha manifestado partidaria.
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