Bruselas, 29 may.- La Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (PE) insta a Colombia y Perú a que elaboren una hoja de ruta "transparente y vinculante" para garantizar el respeto de los derechos humanos, laborales y medioambientales de cara a la entrada en vigor del tratado de libre comercio con la UE.
Esta comisión parlamentaria aprobó hoy por 21 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones el borrador de la resolución en la que expresa su posición sobre el tratado de libre comercio (TLC) negociado por la Unión Europea con Colombia y Perú y que tiene que recibir el visto bueno del pleno de la Eurocámara en los próximos meses para que pueda empezar a aplicarse.
Entre los eurodiputados, tal y como demuestra el borrador adoptado hoy, sigue habiendo preocupación por la situación de los derechos humanos en esos países, especialmente en Colombia, a pesar de que el tratado cuenta con cláusulas específicas que permiten su suspensión en caso de violaciones de las libertades fundamentales.
El texto pide que los dos países andinos garanticen el establecimiento "transparente y vinculante de una hoja de ruta sobre derechos humanos, medioambientales y laborales", con el objetivo de salvaguardar las libertades fundamentales y, en particular, de los sindicalistas, y como ejemplo pone el plan de acción sobre derechos laborales rubricado entre Colombia y Estados Unidos.
Además, insta a reforzar e implementar la legislación y las políticas que garanticen la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, eliminando el uso de cooperativas o pactos colectivos como medidas para "denegar a los trabajadores sus derechos sindicales o los beneficios de una relación laboral directa".
En ese sentido, aboga por "estrictas" inspecciones laborales que impongan multas en caso de discriminación, despidos injustificados, intimidación o amenazas contra los trabajadores y defiende pasos "claros y verificables" para reforzar el diálogo social, así como medidas que garanticen la protección de la biodiversidad frente a los efectos de la deforestación y la extracción de materias primas.
Para atestiguar todas esas medidas, los europarlamentarios instan a la Comisión Europea a redactar regularmente un informe que sea evaluado por la Eurocámara y subrayan la conveniencia de que algunas de las metas de esa hoja de ruta entren en vigor antes que el propio TLC.
Los eurodiputados también reconocen que, a pesar de los "vastos esfuerzos" realizados para cumplir con los estándares, "aún hay un trabajo sustancial por hacer tanto en Colombia como Perú" para resolver los problemas de pobreza, violencia y corrupción, el conflicto armado en Colombia, los grupos armados ilegales, el tráfico de drogas, la impunidad y la confiscación de tierras.
Así, subrayan que Colombia sigue siendo el país del mundo con tasas más altas de asesinatos de sindicalistas y señalan que, a pesar de las últimas mejoras en lo referente a la aplicación de la ley, más del 90 % de esos crímenes queda impune.
También hacen hincapié en que hay cerca de cuatro millones de desplazados internos a causa de la violencia y en que el relator especial de los derechos de los pueblos indígenas ha urgido a ese país a que invite al consejero especial de la ONU para la prevención del genocidio para controlar la situación de esas comunidades, que "se ven amenazadas por el exterminio cultural o físico".
El documento insta, asimismo, a todas las partes a proporcionar suficientes capacidades técnicas y financieras para garantizar el total cumplimiento de los estándares de sostenibilidad, así como facilitar la revisión, control y evaluación de la aplicación del capítulo del acuerdo sobre comercio y desarrollo sostenible, como muy tarde, tres años después de la entrada en vigor del TLC.
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