La idea era dejar el asunto resuelto en el Consejo de Ministros del próximo martes pero todo apunta a que la solución se dilatará todavía unos días más. El Gobierno y los agentes sociales negocian desde hace días el nuevo perímetro que tendrá la red pública de cobertura proporcionada por los ERTE por causa de fuerza mayor a partir del próximo 30 de junio, fecha en la que caducará la prórroga general acordada 'in extremis' el pasado mes de mayo y fecha también que marcará el inicio de la nueva normalidad para el 'escudo social' dispuesto por el Gobierno para paliar los efectos de la Covid-19 tanto sobre los trabajadores como sobre las empresas.
El foco está centrado casi en exclusiva en los ERTE por fuerza mayor, pero en ese proceso se juega también el futuro del entramado de prestaciones creado por el Gobierno para proteger las rentas de los trabajadores afectados por la paralización de la actividad decretada por las autoridades sanitarias, como la prestación especial para los trabajadores cubiertos por ERTE, la prestación por cese de actividad para los trabajadores autónomos - que el Gobierno ya está negociando con las organizaciones representativas del colectivo - y tal vez una segunda vida para el permiso retribuido recuperable, que CEOE aspira a meter también en el 'pack' para ganar flexibilidad en el retorno de las empresas a su actividad normal.
En juego, el futuro inmediato de las más de 500.000 empresas inmersas en ajustes temporales de plantilla, de los cerca de cuatro millones de trabajadores que perciben una prestación especial del Estado - hayan cotizado lo suficiente o no -, de más de un millón de autónomos a los que el coronavirus ha dejado sin tajo y también el del presupuesto público, al que este escudo social le ha pasado hasta la fecha una factura próxima a los 30.000 millones de euros y cuyo impacto a partir de ahora el Ejecutivo está obligado a ponderar para evitar que el 'shock presupuestario' se prolongue durante años como sucedió en la Gran Crisis.
La clave del asunto según reconocen tanto desde el Gobierno como desde el diálogo social está en la definición del radio de acción que tendrán estas medidas a partir de julio. Tras un cierto debate inicial, en el que algunos miembros del Gobierno como el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, abogaron por un criterio territorial, las posiciones han confluido hacia la definición de un perímetro sectorial. Se trata de identificar los sectores que más dificultades objetivas van a tener para salir de la crisis y concentrar el esfuerzo del Estado en acompañar a las empresas y trabajadores de los mismos en esta 'travesía del desierto'.
Las fuentes de la negociación consultadas por La Información aseguran que hay un consenso general en que ahí deben entrar el sector turístico, el del automóvil y también las empresas industriales, "sobre todo después de lo que ha ocurrido con Nissan y Alcoa", pero para el ajuste fino se ha decidido que lo mejor es que se haga a partir de indicadores objetivos. Y en la definición de éstos trabaja al menos desde finales del mes de mayo un grupo de funcionarios pertenecientes a cinco ministerios, que están examinando la información estadística disponible en sus bases de datos para identificar de la forma más precisa posible los sectores y subsectores a los que el coronavirus ha dejado en una situación más precaria. Ahí está la Vicepresidencia de Asuntos Económicos, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y para calcular la factura de los posibles escenarios a negociar, el de Hacienda.
La necesidad de contener el coste presupuestario
El objetivo declarado, según explican fuentes del diálogo social, es disponer de la mayor cantidad de información objetiva posible para tomar la decisión y también modular el grado de necesidad de los diferentes sectores a la hora de valorar la mayor o menor oportunidad de darles acceso al programa de ayudas públicas. Ocurre por ejemplo con el turismo, una actividad transversal cuyo decaimiento afecta no sólo a los hoteles o las agencias de viajes sino también al sector hostelero, a los comercios y por supuesto al sector del transporte. Lo que está intentando hacer el Gobierno es disponer de una fotografía lo más precisa posible para evitar soluciones de brocha gorda que desvíen recursos públicos hacia empresas 'no necesitadas'.
Cada ministerio está trabajando en su ámbito. El Ministerio de Industria con las fuentes estadísticas a partir de las cuales toma el pulso de sectores con el turístico o la industria manufacturera; Trabajo con la información sobre la evolución del desempleo que recoge el SEPE y que le permite conocer tanto los sectores que han perdido más trabajadores como los que más personal han reincorporado a raíz de la desescalada; el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social con los registros de afiliados al sistema, la otra cara de la moneda del mercado de trabajo; y la Vicepresidencia de Asuntos Económicos con sus indicadores sintéticos de actividad que se actualizan casi a diario y que también le permiten observar el pulso de la economía en los diferentes sectores de actividad. Millones y millones de datos que permiten una monitorización precisa de la situación de la economía y de los sectores a los que la Covid-19 ha dejado una cicatriz más profunda.
El papel del Ministerio de Hacienda, según aseguran fuentes del departamento, será el de evaluar el coste de los escenarios puestos encima de la mesa de diálogo social para ponderar si encajan o no en la hoja de ruta presupuestaria del Gobierno, que aspira a cerrar el ejercicio con un déficit público del 10,34% del PIB. El Ejecutivo está siendo muy cauto con los gastos que está asumiendo en esta crisis. El relato de los 200.000 millones de euros puestos encima de la mesa por las Administraciones Públicas acuñado por el presidente Pedro Sánchez en los primeros compases de la crisis y del escudo social dispuesto bajo ese paraguas palidece en la comparación internacional, que sitúa a España como uno de los países que menor gasto presupuestario ha comprometido hasta la fecha - un 2,5% del PIB - en el marco de la UE.
El resultado de todo este trabajo diagnóstico se esperaba para esta semana, de cara a poder plantear una propuesta por parte del Gobierno y modularla con las aportaciones de los agentes sociales para así dejar cerrado el asunto en el Consejo de Ministros del próximo martes. La hoja de ruta no parece haberse cumplido. Este viernes, tanto los sindicatos como el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, daban por hecho que no habría propuesta del Gobierno "lo que hace muy difícil acordar nada para el martes", auguraba el presidente de CEOE. El trabajo continúa.
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