Quedaban para tomar café y de paso fijaban el número de ofertas a la baja que cada empresa podía hacer en cada ronda de licitaciones convocada por el Ministerio de Fomento para repartirse la adjudicación de los servicios de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha informado este viernes de la imposición de una multa de 61,28 millones de euros a una docena de constructoras, entre las que se encuentran los grandes gigantes del sector - ACS, Acciona, Ferrovial, FCC, Sacyr u OHL -, por constituir un cártel al objeto de alterar el resultado de las convocatorias del Ministerio de Fomento y repartirse ese negocio.
Competencia, que ha tenido noticia del asunto gracias a un 'chivatazo' de una de las participantes en el apaño, explica en una nota que el cártel operaba dividiendo en grupos las licitaciones del Ministerio de Fomento y acordando criterios comunes de presentación de ofertas económinas para cada grupo. A partir de ahí se asignaba una 'bolsa de puntos' para cada empresa y grupo de licitaciones y ésta se iba consumiendo en función de las bajas ofertadas por cada empresa sobre el presupuesto inicial de la licitación. "Cuanto mayores fueran las bajas presentadas en sus respectivas ofertas económicas, más puntos se consumían, aplicando una fórmula específicamente diseñada por el cártel para cada grupo de contratos", explica el comunicado publicado este viernes por la CNMC.
Con este mecanismo de autorregulación, el cártel limitaba el número de licitaciones en los que cada empresa podía presentar fuertes ofertas a la baja, ya que el número de puntos de los que disponía cada una estaba calculado para imposibilitar la presentación de descuentos a todos los contratos de cada grupo de licitaciones. El expediente de infracción de la CNMC da por sentado que el sistema alteraba el normal funcionamiento de la competencia ya que incentivaba a las empresas participantes en el cártel a concentrar sus posibilidades de adjudicación en un número limitado de licitaciones y favorecía el reparto de contratos entre todas ellas.
El mecanismo obligaba asimismo a los participantes a presentar ofertas sin descuento o dentro de un umbral de descuentos suaves pactado previamente en el resto de licitaciones para dar una apariencia de competencia real y construir de forma artificial un umbral de anormalidad que conseguía de paso que las ofertas de empresas ajenas al cartel realmente competitivas fueras excluídas del proceso de contratación.
Garantizó el 70% de los contratos entre 2014 y 2018
El esquema consiguió que entre 2014 y 2018 la docena de constructoras que participaron en el cártel se repartieran 71 de los 101 contratos de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado licitados en el periodo, garantizándose así un negocio de 530 millones de euros, el 63% de lo licitado en ese tipo de contratos por Fomento en el periodo. Las compañías sancionadas son Acciona Mantenimiento (filial de Acciona); Aceinsa; Alvac; API (filial de ACS); Audeca (filial de Elecnor); Copasa; Elsan (filal de OHL); Ferroser (filial de Ferrovial); Innovia (filial de Copcisa); Matinsa (filial de FCC); y Sacyr Conservación (filial de Sacyr).
Gracias al 'Programa de Clemencia' de la CNMC, la empresa Aceinsa se ha beneficiado de una reducción del 50% sobre el total de la multa impuesta al haber aportado elementos de prueba que han permitido a la CNMC detectar y acreditar la existencia del cártel, lo que le ha permitido reducir su sanción a 1.605.648 euros y librarse de la prohibición de contratar con las Administraciones Públicas que la CNMC quiere promover contra el resto de empresas que forma el cártel, lo que de confirmarse por parte del Gobierno provocaría un terremoto en el sector.
La CNMC confirma en el comunicado enviado este viernes que ha remitido la notificación de esta resolución a la Junta de Contratación del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, a fin de que se active la prohibición de contratar prevista en la ley durante el plazo y con el alcance que sea preceptivo ya que la conducta de las empresas se ha prolongado más allá de la fecha de entrada en vigor del principio de la prohibición de contratar para las empresas 'cazadas' en prácticas anticompetitivas que se activó el 22 de octubre del año 2015.
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