El mercado postal español vislumbra dos décadas después de la aprobación de la Ley de Liberalización de Servicios Postales el posible retorno a una situación de monopolio de Correos, después de que su único competidor real, Unipost, haya solicitado el concurso de acreedores ante su incapacidad para hacer frente a una deuda de 50 millones de euros.
La empresa postal de la familia Raventós - propietarios de Codorniú - se ha visto abocada a la negociación de una quita "para hacer frente a las tensiones de tesorería y proteger los derechos de todos sus trabajadores, franquiciados, proveedores, clientes y destinatarios", y con el objetivo de garantizar la viabilidad de la sociedad, según dejó de manifiesto en un comunicado emitido ayer.
Una viabilidad que la compañía considera que ha sido lesionada por la "particular aplicación de la regulación del sector postal en España", que corresponde al Ministerio de Fomento y a la CNMV. En el momento de anunciar la suspensión de pagos, Unipost no ha abandonado ni las acusaciones de favoritismo hacia Correos ni las denuncias sobre la ausencia de competencia real en el mercado postal español.
El único operador privado que ha sido capaz de 'rascar' algo de cuota de mercado a la pública Correos - gestiona al 14% de los envíos y el 8% de los ingresos totales del mercado postal, según el último informe de la CNMC - identifica tres ámbitos claros de discriminación.Discriminación frente a Correos
El primero es la tributación del IVA, o mejor dicho, la ausencia de tributación en los servicios incluidos en el servicio postal universal, que gestiona Correos. Unipost, los competidores del operador público en otros segmentos como el de paquetería e incluso el Parlamento Europeo sospechan que Correos ha utilizado esta ventaja fiscal para hacer más competitiva su oferta comercial en todos los campos, garantizándose así una ventaja competitiva.
Unipost también se queja de la política de descuentos de acceso a la red postal pública del operador estatal, que fue objeto de una multa de Competencia que luego resultó anulada por la Audiencia Nacional. Considera que los usos de Correos expulsan 'de facto' a la competencia del mercado.
El operador se queja por último de su expulsión de numerosos concursos para la asignación de servicios postales, en los que se presentaba como única competencia de Correos, por lo que denomina "una particular interpretación del concepto de 'fehaciencia', en relación a la valoración de su capacidad real para prestar el servicio que se quiere contratar.
Los trabajadores de Unipost se quejan, por su parte, de la mala gestión de una empresa que les adeuda seis millones de euros en sueldos no pagados y que, en su opinión, no ha hecho nada por diversificar un negocio demasiado volcado en la tarea tradicional del reparto de cartas.Controvertida liberalización postal
La suspensión de pagos de Unipost deja seriamente tocado el proceso de liberalización del mercado postal, iniciado en 1998 con la aprobación de la Ley del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales, pero que dos décadas después amenaza con dejar un panorama casi de monopolio muy similar al existente con anterioridad.
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Los órganos de competencia han tratado de intervenir hasta en cuatro ocasiones imponiendo sanciones por un importe conjunto de 25 millones de euros para garantizar unas mejores condiciones de competencia en el mercado, pero se han topado con los tribunales, que las han anulado en la mayor parte de los casos.
Bruselas también ha lanzado advertencias al Gobierno en orden a mejorar las condiciones de competencia en el mercado, principalmente para garantizar que el régimen de servicio postal universal no se convirtiera en una ventaja competitiva para Correos.
El operador alemán Deutsche Post entró en 2004 en el capital de Unipost, convencido de que podía ser una alternativa real a Correos, pero terminó saliendo una década después al no obtener los resultados esperados.
Los intentos de los dueños del operador privado para conseguir socios o un buen comprador en los últimos años tampoco han fructificado.
Los principales responsables de la regulación del mercado postal, el Ministerio de Fomento y la CNMC, no han hecho comentario alguno ante una situación que anuncia un retorno al monopolio postal existente hasta 1998.
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