Compromís-equo reclama que el acceso a la información pública sea un derecho fundamental

Compromís-Equo, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso de los Diputados, quiere que el acceso a la información pública sea reconocido como un derecho fundamental y no meramente administrativo.
Así lo ha plasmado en una de las más de 35 enmiendas que ha presentado al proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que se tramita en el Congreso de los Diputados.
En la enmienda, Compromís-Equo argumenta que “si bien se reconoce el acceso a la información como un derecho, no se define éste como fundamental, tal como se apunta en el texto constitucional, en los convenios internacionales y en las legislaciones más avanzadas”.
En una rueda de prensa, donde hizo públicas las enmiendas, el diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, añadió que las mismas contribuyen a mejorar un proyecto “incompleto”.
Por otra parte, Baldoví se refirió a las corrientes antipolíticas de desapego a las instituciones y dijo que no comulga con ellas, por entender que la política es necesaria y que lo que hay que hacer es terminar eliminar a los políticos corruptos.
Por otra parte, la coportavoz federal de IU, Reyes Montiel, añadió que el citado proyecto de ley está vinculado al artículo 105.b de la Constitución. “Con lo cual, es una ley administrativa, no es una ley de derechos”, dijo.
Dicho artículo, que se encuentra dentro del título sobre el Gobierno y la Administración, establece que la ley regulará “el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”.
OBJETIVOS
Montiel añadió que el proyecto de ley, tal como está planteado, no sirve para ninguno de los tres objetivos que persigue: Dar información a los ciudadanos, tener una administración transparente y luchar contra la corrupción.
En sus enmiendas, Compromís-Equo reclama que la ley se palique también a la jefatura del Estado, pues “no tiene ninguna explicación que la más alta instancia del Estado no esté sometido a la normativa” sobre acceso a la información pública y buen gobierno.
Además, sostiene que “la jefatura del Estado como institución pública al servicio del interés general, no debe ser excluida del conjunto de los poderes e instituciones públicas sujetas al alcance de esta ley”.
No obstante admite que “es razonable establecer especiales garantías y limitaciones reconocidas en el mencionado Convenio Europeo y otras derivada del mantenimiento de la seguridad nacional, la defensa y las relaciones internacionales, ámbitos estrechamente relacionados con esta institución”.