La Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, heredera del Ivima y encargada de la gestión de la vivienda de protección pública en la región, ha instado ya 91 procedimientos de desahucio contra titulares de pisos con algún tipo de protección por su persistencia en los impagos de las cuotas que les corresponde atender por el derecho de titularidad adquirido sobre esos pisos, según se recoge en el informe sobre la Cuenta General de la Comunidad de Madrid correspondiente a 2018 que acaba de publicar la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
"La Agencia ha procedido a la reclamación del abono de las cantidades adeudadas sin que dichos requerimientos hayan sido atendidos", se justifica la agencia regional de la vivienda ante la Cámara de Cuentas para explicar la activación de estas demandas, que han sido instadas por el organismo regional entre 2015 y 2018 como consecuencia de la acumulación de 3,691 millones de euros de cuotas sin pagar. No todas son de titulares particulares de viviendas con algún grado de protección. El informe revela que del total de esa deuda, al menos 451.000 euros corresponden a impagos de ayuntamientos y hasta de una Consejería de la Comunidad de Madrid contra la que se ha actuado por no haber liquidado las deudas pendientes en el plazo estipulado.
Esos casi 3,7 millones de euros, no obstante, no constituyen más que una pequeña parte de las pérdidas acumuladas por el antiguo Ivima por los impagos de titulares de viviendas protegidas en la Comunidad de Madrid o de otro tipo de inmuebles propiedad del organismo regional, que según la información recabada por la Cámara de Cuentas regional superan los 10 millones de euros.
Todas estas cuentas pendientes se generaron con anterioridad a la llegada al Gobierno regional del equipo de Isabel Díaz-Ayuso y también con anterioridad a la aprobación por parte del Gobierno regional -el pasado mes de febrero de 2019- de un convenio de actuación con la Federación Madrileña de Municipio y el Consejo General del Poder Judicial para favorecer la adopción de alternativas con carácter previo a la práctica de un desahucio "cuando se detecten situaciones de riesgo y de vulnerabilidad social".
Y éstas no son las únicas deudas pendientes que arrastra la agencia de gestión de la vivienda de la Comunidad de Madrid. Hasta el año 2009, el Ivima adelantaba el pago de impuestos como el ICIO y otros precios y tasas públicas, una práctica que la ha generado un agujero de más de 12 millones de euros que ha declarado de difícil o imposible recuperación.
Caos en la gestión de las deudas pendientes
Claro que por otra parte la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid tiene la presión de la Cámara de Cuentas regional que, también en este último informe, le afea su ineficacia a la hora de conseguir controlar esas elevadas ratios de impago por parte de los titulares e inquilinos de sus viviendas. El análisis ejecutado por el órgano fiscalizador regional -que equivale al Tribunal de Cuentas estatal- a partir del seguimiento de un puñado de esos expedientes de impago ha revelado situaciones de toda naturaleza: impagos por fallecimiento del titular no detectados por el organismo, ocupación de viviendas por particulares sin ningún título habilitante y situaciones de impago que se prolongaban por lustros sin que por parte del antiguo Ivima se hubiera adoptado iniciativa alguna.
La Cámara de Cuentas concluye que la información obtenida "hace necesario mejorar la gestión del Organismo en cuanto a la reclamación de las deudas, al haber recibos impagados por contratos de arrendamiento de viviendas y locales desde el ejercicio 1994, siendo además deficiente gestión y control de la ocupación de inmuebles". En este sentido, la Cámara dice haber detectado expedientes de impago contra cuatro titulares fallecidos entre los años 2005 y 2007 y que de las 25 viviendas en las que había fallecido su titular, nada menos que 14 estaban ocupados sin título habilitante al cierre de 2008.
La situación es muy perjudicial para las arcas públicas de la Comunidad de Madrid que sólo en 2018 se vio obligada a renunciar a 1,2 millones de derechos de cobro por su prescripción o por haber sido declarados incobrables por diferentes motivos, una cifra que, además,viene creciendo respecto a los ejercicios precedentes.
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