La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha encontrado con una avalancha de excusas a su requerimiento del pasado verano para que las comunidades autónomas hicieran un esfuerzo extra de contención del déficit. Que si la prórroga de los Presupuestos del Estado no les ha permitido cumplir sus proyecciones de ingresos; que si contaban con la mensualidad pendiente del IVA para cuadrar sus cuentas; que si era año electoral y eso complica la gestión presupuestaria o incluso que aunque a la vista de los datos disponibles pareciera que se iban a desviar mucho del objetivo seguro que al final del año acababan cumpliendo... La lista de justificaciones con que las autonomías han contestado a la carta que les remitió el pasado mes de agosto la ministra Montero, instándoles a reconducir sus cuentas y a minimizar las fuertes desviaciones detectadas en el ecuador del ejercicio, es casi tan larga como la de los gobiernos que la llegaron a recibir.
Lo más inquietante, sin embargo, no son los argumentos justificativos esgrimidos por la decena de comunidades autónomas que tienen Planes Económico-Financieros activos por haberse desviado del objetivo de déficit en 2018, que el Ejecutivo acaba de hacer públicos en los informes de seguimiento correspondientes al tercer trimestre, sino la tibieza de las medidas de ajuste activadas para poner coto a estas desviaciones.
El informe de seguimiento que acaba de hacer público el Ministerio de Hacienda revela que al cierre del tercer trimestre del año este grupo de comunidades autónomas no sólo no había avanzado un ápice en el esfuerzo fiscal de 3.282 millones de euros que se les exigía en 2019 para poner sus cuentas bajo control, sino que incluso habían incrementado sus desequilibrios en 342 millones extra. Los mayoría de los gobiernos autonómicos concernidos -Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, La Rioja y la Comunidad Valenciana- aseguran que la cosa cambiará de forma significativa en los tres últimos meses del año y que, si bien no alcanzarán el reto de llevar sus cuentas al objetivo de déficit del 0,1%, sí mejorarán en gran medida la tétrica foto que resulta de su saldo presupuestario al cierre del tercer trimestre.
El condicionante de los servicios públicos fundamentales
Las estrategias de cada una de ellas para conseguirlo varían, a la luz de la información remitida al Ministerio de Hacienda. Algunas como la Comunidad de Madrid, la Generalitat de Cataluña, Aragón y Castilla-La Mancha se han comprometido con Hacienda a adelantar el cierre presupuestario y a no autorizar más gastos en las últimas semanas del año para intentar cumplir o al menos contener la desviación de sus cuentas. El Govern de Quim Torra, por ejemplo, se comprometió con Hacienda a echar el candado a su gasto presupuestario el 1 de agosto; Aragón, el 20 de septiembre; y Castilla-La Mancha, el 14 de octubre. La Comunidad de Madrid no trasladó ninguna fecha, pero sí avanzó que en caso de no llegar al objetivo activaría este ajuste presupuestario.
Por esa vía esperan reducir sus gastos en 500 millones de euros respecto a la previsión inicial. Hay que decir que al cierre del mes de septiembre la desviación acumulada por la decena de comunidades autónomas con Plan Económico Presupuestario excedía con mucho esa cuantía y que la proyección realizada por los servicios del Ministerio estimaba un desvío al cierre del ejercicio de unos 2.400 millones de euros, es decir, algo más de dos décimas del PIB. Y eso en el mejor de los casos, ya que Hacienda advierte en su informe que en algunos casos esa desviación esperada puede ser todavía más amplia. Un escenario que parece alejar ya de manera definitiva que el Gobierno pueda cumplir ese objetivo de déficit del 2% del PIB al que se comprometió con Bruselas.
Los compromisos concretos de ajuste de cara a la recta final de 2019 brillan no obstante por su ausencia en las respuestas de las comunidades autónomas a la carta de María Jesús Montero. Gobiernos autonómicos como el de Castilla y León o el de la Región de Murcia, ambos gobernados por el PP, ni siquiera presentaron medida alguna de ajuste adicional y otros como el de la Comunidad de Madrid liquidaron el asunto avanzando que realizarían alguna retención preventiva de crédito o en última instancia un cierre presupuestario si ello fuera necesario.
Entre las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE la respuesta tampoco se puede calificar de entusiasta. Desde el Gobierno de Asturias se le advirtió a Hacienda que se intentaría hacer algún ajuste pero sin afectar a la prestación de servicios públicos esenciales (que supone el 80% del gasto autonómico); Extremadura prometió de forma genérica alguna retención cautelar; en tanto que la Comunidad Valenciana se comprometió al improbable objetivo de pasar de un incremento del gasto de 23 millones de euros al cierre del tercer trimestre a un ajuste de 241 millones cuando se acabe el año. En cualquier caso su objetivo era reducir su desequilibrio fiscal en 1.458 millones de euros, cifra que está aún muy lejos de la real.
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