Las CCAA empiezan a pagar tarde y mal en pleno lío por su déficit de financiación

  • Hacienda revela un repunte de las autonomías que pagan a más de 30 días y un incremento de más del 13% de los impagos a proveedores.
Gráfico sobre morosidad de las comunidades autónomas.
Gráfico sobre morosidad de las comunidades autónomas.

A la espera de que el Ministerio de Hacienda cumpla su compromiso de adelantar 500 millones de euros extra del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a las comunidades autónomas supuestamente más perjudicadas por el sistema de financiación, en concepto de compensación por la no actualización de las entregas a cuenta correspondientes a 2019, los datos sobre pagos a proveedores que con regularidad mensual proporciona el Ministerio de Hacienda ya revelan una mayor relajación, o unos mayores problemas, por parte de las Administraciones regionales a la hora de cumplir en tiempo y forma con sus compromisos de pago.

Fuera por una cuestión de insuficiencia financiera o de presión política, los gobiernos autonómicos ya venían advirtiendo desde el pasado mes de agosto, cuando estalló esta crisis y la Generalitat de Cataluña anunció un pleito contra el Gobierno del Estado, que esto ocurriría. Las comunidades autónomas reclaman al Ejecutivo Central una suma total de 7.000 millones de euros por dos conceptos: por una parte, la actualización de los anticipos a cuenta vinculados al sistema de financiación autonómica según la previsión de crecimiento de los ingresos tributarios, que ascienden a 4.500 millones y que no se ejecutó en primera instancia por la ausencia de Presupuestos Generales y en segunda instancia por la prolongación del periodo 'en funciones' tras las elecciones del 28-A; por otra, los 2.500 millones correspondiente a la mensualidad del IVA cuyo pago se retrasó por la entrada en vigor del Sistema de Información Inmediata (SII) para las empresas y que Montero se comprometió a compensar con carácter de urgencia.

Sin esos recursos, con los que los gobiernos autonómicos contaban en sus planes presupuestarios, a las comunidades autónomas se les ha abierto una vía de agua financiera y esta situación ya está afectando a los proveedores, como ha denunciado esta semana la organización de autónomos ATA. La magnitud del problema se percibe también en los datos que publica mensualmente el Ministerio de Hacienda respecto a los plazos medios en que las Administraciones Públicas pagan a sus proveedores.

Según el último informe publicado por Hacienda, el plazo medio en el que las comunidades autónomas de Régimen General -todas menos País Vasco y Navarra-se ponen al día con sus proveedores se ha disparado hasta los 39 días, sensiblemente por encima del máximo de 30 días que prevé la Ley de lucha contra la Morosidad para el caso de las Administraciones Públicas y lejos también de los 33 días en que pagaban de media las comunidades autónomas en julio de 2018, un año antes.

No es el único indicio del deterioro de la situación. Si en el mes de julio de 2018, siete comunidades autónomas se situaban por encima de ese umbral legal de 30 días en el que supuestamente deben pagar las AAPP a sus proveedores, en el último informe de Hacienda el club de las incumplidoras ha subido hasta nueve; y el volumen total de los pagos pendientes ha evolucionado en el plazo de un año desde 3.999 millones de euros hasta 4.522 millones de euros, un 13% más.

Problemas de gravedad en la Región de Murcia

La comunidad autónoma en una situación más extrema a la luz de los datos es la Región de Murcia. La información correspondiente al mes de julio de 2019 publicada por Hacienda refleja que la administración murciana tiene pendiente de pago tres de cada cuatro operaciones con proveedoras realizadas en los primeros siete meses del año y que su periodo medio de pago a proveedores se ha disparado desde los 25 días en que pagaba hace un año a los 58 días.

La otra de las comunidades autónomas que se identifica como más infrafinanciadas por el sistema está aguantando el tirón algo más. La Comunidad Valenciana paga en 49 días y apenas puede atender en tiempo y forma la mitad de las operaciones comerciales que encarga, pero al menos no ha empeorado demasiado sus números respecto a los que presentaba el año pasado. Sí lo ha hecho la Comunidad de Madrid, que ha pasado de militar entre las más cumplidoras, pagando a 21 días, a pasar al club de las incumplidoras, 36 días.

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