En lo que va de año las comunidades autónomas con autorización del Estado para emitir deuda han acudido a los mercados para captar cerca de 5.000 millones de euros de financiación ajena. En ese selecto grupo militan Navarra, Asturias, Castilla y León, Andalucía, Galicia y la Comunidad de Madrid, las únicas autonomías que acreditaron en 2018 tener una situación financiera saneada y además una consideración de mercado que les permitía solicitar financiación con garantías de éxito.
Los planes de emisión revelados por estas comunidades autónomas precisan que esa financiación se destinará a cubrir los vencimientos pendientes -la mayoría de ellos derivados de la financiación recibida por el Estado en los años inmediatamente posteriores a la crisis- y a sufragar el déficit presupuestario previsto para 2019, según los parámetros fijados por el Estado para autorizarlas a emitir deuda. Sin embargo, fuentes del Tesoro Público revelan que algunas de ellas están aprovechando el buen momento del mercado y la financiación barata que son capaces de obtener en el actual contexto para anticipar la amortización de las deudas pendientes con el Estado, un fenómeno sin precedentes desde que en 2011 la segunda oleada de la 'gran crisis' cerrara de forma definitiva las puertas del mercado a las comunidades autónomas.
Desde Economía se recalca que se trata de un fenómeno todavía incipiente y se niega a cuantificar su magnitud, pero el Tesoro lo considera lo suficientemente relevante como para mencionarlo entre las causas que han permitido al Gobierno tomar la decisión de reducir en 15.000 millones de euros las emisiones netas previstas para este año y ahorrarse de paso 2.334 millones de euros en pagos de intereses.
Consultado por La Información, el Gobierno se niega a dar pistas sobre la identidad de las comunidades autónomas que han comenzado a maniobrar para quitarse de encima anticipadamente parte de la pesada losa que arrastran desde hace más de un lustro y que ensombrece sus expectativas financieras a medio plazo, como ha subrayado en más de una ocasión la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
Los datos del Gobierno señalan que al cierre de 2018 el saldo vivo pendiente de devolución por parte de las comunidades autónomas rozaba los 180.000 millones de euros, 14.000 millones de euros más que un año antes. Esto es así por la existencia de un grupo de nueve gobiernos autonómicos que continúan recurriendo a la financiación preferente del Estado para cubrir sus necesidades financieras: Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Aragón, Extremadura, Cantabria, Castilla La Mancha y La Rioja. El Estado posee el 60% de la deuda de las CCAA
En 2018, sólo Baleares y la Comunidad de Madrid redujeron las cargas que mantienen con el Estado. En parte por el cumplimiento del calendario de devoluciones previsto y en parte por su capacidad para financiarse en buenas condiciones en los mercados sin necesidad de recurrir a la asistencia del Estado. De esas dos comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid niega expresamente haber aprovechado los fondos obtenidos en los mercados para anticipar la devolución al Estado de cargas pendientes.
De las autonomías consultadas, básicamente las que tienen acceso al mercado, solo Baleares y Galicia admiten haber realizado operaciones de reestructuración de deuda en los últimos meses. Desde la Xunta de Galicia se precisa que las maniobras realizadas en este sentido han permitido reducir su carga de intereses en 115 millones de euros.
3.500 millones de euros en impagos de CCAA
Mientras algunas comunidades autónomas aprovechan las singularmente favorables condiciones del mercado para recortar sus cuentas pendientes con el Estado, otras no son capaces de atender al calendario del pago de devoluciones acordado con el Estado. Según los datos hechos públicos por el Ministerio de Hacienda, en la primera parte del año las arcas del Estado han dejado de ingresar 3.500 millones de euros por impagos correspondientes a las cuotas de amortización de las operaciones de préstamo adheridas al Fondo de Liquidez Autonómico 2015, Fondos Social 2015, Facilidad Financiera 2015 y Fondo de Liquidez
Autonómico 2013. Las comunidades autónomas morosas son la Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia.
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