Las autonomías han conseguido arrancar de Nadia Calviño un mayor umbral de flexibilidad para distribuir entre su tejido empresarial más castigado por la pandemia los 7.000 millones de euros en ayudas no reembolsables puestos encima de la mesa por el Gobierno, pero no han logrado doblar el pulso de María Jesús Montero en lo referido a las exhaustivas obligaciones de control y supervisión en la aplicación de esos recursos impuestas por el Ministerio de Hacienda. El Ministerio remitió a las comunidades autónomas hace cerca de dos semanas un primer borrador de 'convenio tipo' para que éstas formularan sus alegaciones. Así lo hicieron y de forma profusa, según confirman fuentes de diferentes gobiernos regionales, pero esas alegaciones apenas se han visto reflejadas en el modelo de convenio que Hacienda remitió el pasado viernes a los gobiernos autonómicos y de Ceuta y Melilla y que ya ha sido firmado, según confirmó este martes la propia María Jesús Montero, por Castilla-La Mancha y Extremadura.
Esos convenios regularán las condiciones bajo las que el Estado transferirá esos 7.000 millones a las comunidades autónomas y bajo las que los gobiernos autonómicos gestionarán esos recursos, supervisarán la adecuada aplicación de los fondos públicos y realizarán el seguimiento posterior a las empresas y autónomos beneficiados. Un buen número de gobiernos autonómicos sin distinciones relevantes por sus siglas políticas consideran que las obligaciones administrativa y de información impuestas por el Ministerio de Hacienda a las administraciones autonómicas son excesivas y no sólo eso sino que también pueden provocar un atasco en las ya saturadas estructuras administrativas de las comunidades autónomas, que en los próximos meses no sólo tendrán que gestionar estas ayudas directas sino una avalancha de fondos europeos con unas obligaciones de supervisión similares o incluso más exigentes.
Más de un gobierno autonómico estuvo negociando hasta el mismo lunes con el Ministerio de Hacienda para intentar que el Gobierno accediera a modificar la naturaleza de esos fondos públicos para darles la catalogación de ayudas y no de subvenciones. ¿Por qué? Principalmente porque su clasificación como 'subvenciones' encuadra el mecanismo en el exigente marco legal de la Ley de Subvenciones, que no sólo impone un estricto régimen de justificación de las subvenciones concedidas sino que sobre todo establece un esquema de controles financieros que amenaza con tensar hasta el límite las costuras de las consejerías autonómicas de Hacienda.
El Real Decreto establece que las comunidades autónomas podrán liberar estas ayudas para que empresas y autónomos puedan sufragar la factura asociada a deudas pendientes por impagos a proveedores, préstamos o créditos de naturaleza financiera o no financiera, así como determinados costes fijos incurridos - arrendamientos, gastos de suministros...-, siempre y cuando éstos se devengaran entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021. "Esa gestión puede implicar la acreditación de cientos sino miles de facturas por cada empresa o autónomo que perciba una ayuda a partir de este fondo y todo ello bajo la responsabilidad de la administración autonómica y de los funcionarios que se encarguen de este asunto", explica un portavoz oficial de una de las comunidades autónomas que más ha batallado por aligerar el papeleo asociado al plan de ayudas directas. "O se establece un mecanismo que aligere estas obligaciones administrativas o la carga de trabajo va a ser difícilmente gestionable", advierte.
El volumen del papeleo que los funcionarios autonómicos se pueden ver obligados a gestionar no es el único foco de preocupación en este sentido. Fuentes de las administraciones autonómicas señalan también que a fecha de hoy, cuando quedan días para que Hacienda remita los fondos a las comunidades autónomas y empiece la presión para distribuir esas ayudas, los gobiernos regionales aún no tienen clara cuál es la prelación en cuanto a los gastos a cubrir con unos fondos que son limitados. Algunas autonomías han interpretado que la prioridad debe ser la cobertura de los préstamos con garantía estatal concedidos por la banca en el marco de la línea de avales del ICO, pero no figura de forma explícita en ningún documento oficial.
Intercambios de información semanales
El modelo de convenio regulador que el Ministerio de Hacienda ha circulado entre las comunidades autónomas, al que ha tenido acceso La Información, prevé la remisión por parte de las administraciones autonómicas de un informe semanal con información detallada sobre los solicitantes de ayudas y un informe mensual con la actualización de esa información firmado por el interventor general de la comunidad autónoma. Esos informes deben incluir información sobre las convocatorias realizadas, la partida presupuestaria que las soporta, los resultados de las mismas y una serie de datos sobre los solicitantes, entre los que se ha incluido a última hora la indicación de si la empresa o autónomo solicitante va a solicitar ayudas en territorios distintos al del domicilio fiscal a efectos de poder coordinar desde Hacienda que ninguna empresa supera los límites de ayuda establecidos en la norma: de 3.000 euros para los profesionales y autónomos y de 200.000 euros para las empresas, según la norma original aprobada por el Gobierno.
Los gobiernos autonómicos consideran que esa secuencia semanal de envíos es demasiado exigente, si bien se justifica por el interés en agilizar la concesión de las ayudas ya que la norma una vez recibidas las solicitudes da una semana a la Agencia Tributaria para proporcionar a las comunidades autónomas la información que éstas necesitan para acreditar que los solicitantes cumplen los requisitos previstos en la ley. La situación de inseguridad es tal que alguna comunidad autónoma como Andalucía tiene previsto responder al convenio del Ministerio de Hacienda con un modelo modificado de convenio para garantizar su firma.
Una de las cosas que sí han conseguido las comunidades autónomas es que Hacienda acceda a enriquecer la información que proporcionará la Agencia Tributaria a las comunidades autónomas para que éstas puedan decidir sobre la concesión de las ayudas. En este sentido, el modelo final de convenio incorpora respecto a la información recogida en el borrador inicial información que puede resultar relevante como el epígrafe de IAE en que están encuadrados tanto los profesionales como las empresas, información sobre si la empresa tiene más de 10 empleados, sobre si está dada de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores y cuál fue la causa de la baja si es que no figurara en el mismo, así como la referencia de la Delegación Tributaria en que tiene dado de alta su domicilio fiscal.
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