Las comunidades energéticas, el último impulso del Gobierno a las renovables

Las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía son el último impulso del Gobierno para avanzar en la transición energética. Fue la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo la que introdujo la primera de estas figuras y ahora el Ejecutivo español busca incorporarla al ordenamiento jurídico mediante la aprobación de un Real Decreto. En concreto, las comunidades de energías renovables son entidades jurídicas participadas por personas físicas, pymes o autoridades locales situadas en las proximidades de los proyectos de energías 'verdes' y cuya finalidad primordial es proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales, en lugar de ganancias financieras.

Otorgar más poder e independencia al consumidor frente a las grandes eléctricas viene siendo una de las grandes premisas del Ministerio para la Transición Ecológica y, en opinión del Ejecutivo, mediante la participación de estos sujetos en los proyectos de energías renovables se moviliza capital privado adicional, revirtiendo asimismo los beneficios directamente en ellos, lo que incrementa la aceptación local de las energías renovables, sobre todo en los entornos rurales.

"Las características particulares de las comunidades de energías renovables en relación con su tamaño, su estructura de propiedad y el número de proyectos pueden obstaculizar su competitividad frente a actores tradicionales. Por ello, podrán establecerse medidas que garanticen que estas comunidades puedan competir en igualdad de condiciones con otros productores, participen en el sistema energético y se facilite su integración en el mercado", reza la propuesta de Real Decreto lanzada a consulta pública, hasta el próximo 17 de mayo, por la cartera que dirige Teresa Ribera.

Más poder al consumidor

Bajo la idea de hacer más partícipe a la ciudadanía en la transición energética, una de las principales características de las comunidades 'verdes' es que deben poder compartir entre sí la energía producida por las instalaciones de su propiedad. No obstante, sus miembros no quedan extentos de los costes, cargos, gravámenes e impuestos pertinentes que asumirían los consumidores finales que no pertenezcan a una comunidad. También es importante destacar que, aunque el autoconsumo es la punta de lanza de la Administración Pública, las comunidades de energías renovables no se circunscriben solo al ámbito eléctrico, sino que pueden también impulsar la eficiencia energética e incluir en sus ámbitos de actuación otros usos como el transporte o el suministro de calefacción y refrigeración.

Asimismo, pueden suponer una mejora para la gestión de la demanda, ya que a través de ellas los consumidores adquieren mayor consciencia de la disponibilidad de su recurso renovable, adaptando sus hábitos de consumo y logrando así una nueva fuente de flexibilidad de la que se benefician tanto los propios participantes de las referidas comunidades energéticas, como el sistema eléctrico en su conjunto. Por último, desde Transición Ecológica subrayan que "brindan una oportunidad para ayudar a combatir la pobreza energética", garantizando la posibilidad de participación de los hogares en las comunidades de energías renovables, incluyendo, en particular, a los consumidores vulnerables.

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Un ejemplo de comunidad puede ser un pueblo con instalaciones solares fotovoltaicas de autoconsumo colectivo, coches eléctricos compartidos y puntos de recarga, una calefacción centralizada de biomasa y solar térmica (que también permita climatizar unas instalaciones deportivas), o un sistema de gestión de la demanda de energía, junto con una aplicación para informar a los partícipes.

Por otro lado, las denominadas comunidades ciudadanas se conciben como respuesta a la profunda transformación actual del sector, que requiere de la aparición de nuevos modelos de negocio con una mayor participación ciudadana. En definitiva, las comunidades de energía renovable y las comunidades ciudadanas de energía tienen un mismo fin: dotar a los consumidores finales de medios de participación colaborativa que les permitan aprovechar al máximo los beneficios derivados de la penetración de energías renovables en todos los vectores energéticos. Por este motivo, según la Directiva 2019/944, las competencias de decisión dentro de una comunidad ciudadana de energía deben corresponder a aquellos miembros o socios que no participen en una actividad económica a gran escala y para los cuales el sector de la energía no constituya un ámbito de actividad económica principal.

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En este caso, el ámbito de actuación sí se limita exclusivamente al sector eléctrico. A ella puede pertenecer cualquier persona física o jurídica de naturaleza pública, privada o público-privada que reúna los requisitos que resulten exigibles. Las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables que sean propiedad de comunidades de energías renovables o de comunidades ciudadanas de energía podrán acceder al régimen económico de energías renovables previsto en el Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, por el que se regula el régimen económico de energías renovables para instalaciones de producción de energía eléctrica.

Asimismo, las comunidades energéticas dispondrán de cupos específicos en las subastas de Régimen Económico de Energías Renovables (REER) y se les reservará capacidad en los nudos de la red eléctrica objeto de concurso con el fin de garantizar la evacuación de su producción. Así, estas comunidades podrán acceder a las subastas con las que se otorga la retribución regulada, siendo consideradas sus particularidades para que puedan competir con otros participantes e incluirán cupos de potencia específicos para ellas. También se liberará un 5% de la capacidad en los nudos de la red eléctrica reservados para celebrar concursos de acceso y conexión, que podrá otorgarse por orden de prelación a las nuevas instalaciones de generación que formen parte de una comunidad energética, al objeto de garantizar la evacuación de su generación.

Puntos en común y diferencias

Las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía tienen la opción de adquirir distintas formas jurídicas, pueden participar en todos los mercados organizados de producción de energía eléctrica, y deben estar integradas por un mínimo de cinco socios o miembros, sin que ninguno supere el 51% de los votos, que han de ser personas físicas, administraciones locales o empresas de pequeño tamaño. Sin embargo, en el caso de las comunidades de energías renovables, los socios o miembros deben estar situados en las proximidades de las instalaciones de renovables, a una distancia que dependerá de la población del municipio.

En el caso de los municipios pequeños o en riesgo de despoblación, se amplía el radio de actuación para conseguir un número de miembros adecuado para la constitución de la comunidad, en línea con los objetivos establecidos en materia de Reto Demográfico. El Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (PERTE ERHA) incluye una línea de apoyo específica para comunidades energéticas. Dotada con 100 millones de euros, ya se han fallado las dos primeras convocatorias, con 40 millones, que han beneficiado a 73 comunidades integradas por más de 95.000 socios.