Las concesionarias reclaman subir los peajes de autopistas un 8,4% para 2023

Las concesionarias de autopistas de peaje han pedido subir los peajes en un 8,4% a partir del 1 de enero, alineando así los costes al valor del IPC, y así se lo han trasladado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, según fuentes del sector. La decisión está en manos de la ministra Raquel Sánchez, quien deberá decidir al respecto antes de que acabe el año para que se entre en vigor a partir del próximo año. 

Según apuntan fuentes del Ministerio a la Agencia EFE, a día de hoy no hay nada definido y se están analizando diferentes alternativas para definir la subida final de los peajes en 2023, contando con "el complicado momento internacional de precios elevados de la energía, que afectan principalmente a la movilidad y la vocación de afrontar la espiral inflacionista". 

El sector, que está a la espera de una respuesta del Gobierno, está abierto a aplicar distintas fórmulas teniendo en cuenta el encarecimiento que la actual escalada inflacionista tendrá en las tarifas. Según apuntan a EFE, son conscientes de que un encarecimiento de las tarifas redundará en un incremento de los ingresos futuros, pero también puede provocar una caída de los tráficos y tiene, además, un efecto dañino para la economía.

Piden una compensación si no se sube

En caso de que no se aplique esta subida, pedirán al Gobierno que orqueste algún tipo de compensación. Entre los mecanismos más habituales se encuentra alargar el plazo concesional, que el Estado abone un diferencial en caja a las compañías o aplicar subidas diferidas en el tiempo. De hecho, ven probable que el Ministerio se decida por una fórmula intermedia para que el impacto no sea tan duro, aunque creen que no optará por alargar las concesiones.

Así se está haciendo en algunas otros países, donde las altas tasas de inflación están obligando a tomar una serie de medidas para evitar que las tarifas se encarezcan de forma ostensible. El tráfico en las vías de peaje españolas sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia y desde el sector lo atribuyen a que la recuperación de la economía española se ha demorado más, al impacto que está teniendo el teletrabajo y el encarecimiento de los carburantes.

A falta de decidir el peaje generalizado

En ese contexto el Gobierno deberá decidir en algún momento si implanta el pago por uso en las vías de alta capacidad teniendo en cuenta que en España, a diferencia de lo que ocurre en la gran mayoría de los países europeos, la mayor parte de la red es gratuita. Aunque tiene que haber voluntad política el sector entiende que al final las necesidades obligarán a optar por este sistema, teniendo en cuenta que puede haber un déficit de mantenimiento en carreteras, tanto autonómicas como del Estado, del entorno de los 8.000 millones, y que esta opción supone una fuente de ingresos para el Estado vía impuestos.

Al sector le consta que desde el Gobierno están estudiando las distintas posibilidades pero reconocen que aún son muchas las incógnitas a aclarar y calculan que para hacer realidad la puesta en marcha de peajes se necesitan dos años, ya que requiere de cambios legislativos, nueva infraestructura o el desarrollo de los sistemas informáticos, entre otros. Por ello, y dado que el Gobierno trasladó a Bruselas esta intención, el sector no descarta que se opte inicialmente por una viñeta en 2024, y una vez que se interioriza por parte de los usuarios y se deja todo preparado, se puedan implantar peajes en 2026. Las compañías, a las que les gustaría replicar el modelo de Portugal, ven posible que se pueda discriminar por renta en el pago de las tarifas.