París, 28 ene.- El Tribunal Correccional de París condenó hoy a dos años de cárcel al agente bursátil de la Caisse d'Epargne responsable de una serie de operaciones que generaron directamente pérdidas a este banco francés de 315 millones, y que según la sentencia tendrá que reembolsar íntegramente.
El tribunal sentenció a Boris Picano-Nacci a devolver esos 315 millones de euros en concepto de daños y perjuicios, aunque la realización efectiva de esa parte del dictamen resulta difícil de imaginar incluso para la propia Caisse d'Eparne, ahora fusionada con Banque Populaire.
El abogado de la entidad, Jean Reinhart, explicó a la prensa que se le reclamará el dinero "con tacto, inteligencia y discernimiento", y que en el caso de que no pueda abonarlo todo, se trata de que al menos lo haga con una "parte simbólica".
Durante el proceso, iniciado el pasado 3 de diciembre, Picano-Nacci (37 años) admitió haber cometido una falta profesional, pero no una infracción penal, a insistió en que las transacciones incriminadas que realizó en 2008 tenían la aprobación de su jerarquía.
El banco reclamaba al agente los 315 millones de euros por considerar que ése fue el monto de las pérdidas que sufrió por operaciones en las que directamente se saltó su mandato de gestión y tuvo un comportamiento de riesgo "desconsiderado".
Las distinguía así del agujero de 715 millones con la liquidación de la cartera que se le había confiado.
La Caisse d'Epargne denunció a su agente de bolsa en octubre de 2008, nueve meses después de que se revelara el caso de Jérôme Kerviel, sentenciado a cinco años de cárcel por haber generado un agujero de 4.900 millones de euros a la Société Générale.
Picano-Nacci había empezado a trabajar para la Caisse d'Epargne en 2003 y tres años después se convirtió en el responsable de la cartera de la entidad en derivados de acciones.
En julio de 2008 -en plena efervescencia por la crisis de las hipotecas basura en Estados Unidos-, el banco francés puso en marcha un plan de gestión para liquidar las carteras en manos de sus operadores, con la condición añadida de que éstos no debían asumir nuevos riesgos.
El 10 de octubre, el ahora encausado avisó a su jerarquía de que sus posiciones entrañaban pérdidas latentes muy elevadas. En los días siguientes se procedió a la cesión de los títulos en sus manos y el 24 de ese mes la Caisse d'Epargne cifró sus pérdidas en 751 millones de euros.
Antes de que la justicia se pronunciara, la Comisión Bancaria de Francia había considerado que los sistemas de control de la entidad pusieron en evidencia muchas carencias, y le impuso una multa de 20 millones de euros, que luego fue anulada por el Consejo de Estado por cuestiones de procedimiento.
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