En 2009, los países ricos prometieron 100.000 millones de dólares por año a partir de 2020 para financiar la conversión de los países en desarrollo a economías sostenibles.
El dinero debe ayudar a la reconversión del carbón abundante y barato hacia energías renovables ("mitigación", en la jerga del clima) y construir mecanismos de defensa ("adaptación") contra los impactos del cambio climático y sus eventos extremos, como tormentas, sequías o elevación del nivel de los océanos.
Está en debate determinar si está incluido en ese monto el dinero privado y los créditos públicos. También queda por definirse la ayuda que países en desarrollo pueden aportar a otros de menores recursos. Y determinar quién califica para recibir la financiación, así como la proporción destinada a la mitigación y la adaptación.
Esas interrogantes siguen dividiendo a países en desarrollo e industrializados, algunos de los cuales quieren evitar cualquier referencia a la noción de responsabilidad legal en el texto.
Los países menos desarrollados reclaman dinero adicional para afrontar los estragos que ya comenzó a causar el cambio climático.
Las negociaciones toman como referente la convención del clima de 1992, que consagró el principio de responsabilidades y capacidades "comunes pero diferenciadas"
Asumen que los países desarrollados han estado contaminando desde hace más tiempo y por ello tienen una mayor responsabilidad a la hora de atender el problema que en buena medida provocaron, punto que los países en desarrollo insisten en mantener.
También exigen cierta latitud para seguir usando carbón como combustible en momentos en que millones de personas están saliendo de la pobreza.
Los países ricos argumentan que mucho ha cambiado en 20 años, y que naciones antes consideradas como en vía de desarrollo se han convertido en grandes contaminantes.
China es ahora el principal emisor de gases de efecto invernadero e India el cuarto, detrás de Estados Unidos y la Unión Europea.
En 2010, los países de la ONU se propusieron limitar el calentamiento promedio global a 2 ºC con relación a la era preindustrial.
Los microestados isleños y los países más pobres --los más afectados por el cambio climático-- quieren que se establezca una meta más ambiciosa, de 1,5º, una idea que ganó respaldo en las negociaciones la semana pasada pero aún resistida por India y las grandes potencias petroleras.
El borrador menciona ambas metas como opciones en el capítulo de los objetivos. Corresponde a los ministros adoptar la decisión política de optar por una de ellas, o mantener a ambas.
El objetivo a muy largo plazo del acuerdo sigue en disputa. Se debe determinar si se fija una fecha límite para alcanzar el pico de emisiones globales a partir del cual comenzarán a disminuir, si se fija una fecha para llegar al balance cero de emisiones y otra para la eventual eliminación del carbono de la economía global. Todas las opciones siguen sobre la mesa.
Uno de los pilares del acuerdo de París es la lista de contribuciones voluntarias para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero resultantes de la combustión de carbón, gas y petróleo.
Sin embargo, los compromisos presentados hasta ahora, aún en el caso de que se implementen por completo, dejan al mundo en una situación que no alcanza a respetar el techo de los 2ºC.
Muchos países preconizan un mecanismo capaz de revisar y mejorar periódicamente esos compromisos.
Queda por determinar cada cuánto se hará esa revisión y a partir de cuándo
El acuerdo será considerado legalmente vinculante según el derecho internacional, pero no implicará penalidades y sanciones, más allá de la reputación internacional de los infractores.
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