Conflicto fuerzas de Seguridad golpea al Gobierno en contexto de descontento

Buenos Aires, 5 oct.- La insólita protesta laboral de dos de los principales cuerpos de seguridad argentinos, que hoy cumple su cuarto día, ha sacudido al Gobierno de Cristina Fernández, que acusa el desgaste en un contexto de malestar social.

El Gobierno volvió a reunirse hoy con representantes de los agentes de Gendarmería y Prefectura (guardacostas) en un intento de buscar una salida a un conflicto laboral inédito entre las fuerzas de seguridad del país, desatado por un ajuste salarial que supuso recortes de hasta un 60 por ciento.

Esta protesta es el último capítulo de una larga serie de acontecimientos que están dando más de un disgusto al Gobierno de Fernández, como los masivos "cacerolazos" contra el Ejecutivo por medidas como el "cepo" al dólar o la inseguridad, a mediados de septiembre.

Además, la presidenta acusa el desplome de su imagen, con una caída próxima a 40 puntos desde que inició su segundo mandato, según el último sondeo, agudizado por su polémica visita a universidades de Estados Unidos, donde cargó contra los medios de comunicación y negó problemas tan evidentes para los argentinos como una inflación que organismos independientes sitúan por encima del 25 por ciento.

El secuestro de un testigo clave en un juicio contra un dirigente sindical peronista acusado de asesinato, la fractura de la mayor central obrera del país, y sucesos anecdóticos, como la suspensión del encuentro Argentina-Brasil por un corte de luz, alimentan las críticas contra el Gobierno.

Además, opina el analista Rosendo Fraga, "contribuyen a crear un clima político adverso que el oficialismo busca erróneamente enmarcar como intento destituyente o desestabilizador, cuando es su propia gestión la que origina los hechos que adjudica a otro".

El conflicto de las fuerzas de seguridad, añade Fraga en declaraciones a Efe, es una muestra del "déficit de gestión, cálculo y previsión" del Gobierno.

"En vez de reemplazar a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, como responsable del error, se ha optado por dilatar el conflicto confirmando a los funcionarios y tratando de responsabilizar a los mandos que ha reemplazado", afirma Fraga en alusión al cese fulminante de 20 generales de las cúpulas de Gendarmería y Prefectura un día después del inicio de la protesta.

A su juicio, se ha producido un cambio importante porque "hasta ahora, la presidenta ha gobernado mirando a la opinión pública y al poder. Por primera vez se encuentra con una crisis producto de su forma de gestionar".

También para el analista Jorge Arias son "evidentes" los problemas de gestión que arrastra el Gobierno, que ha hecho una "mala lectura" de los problemas que venían gestándose desde hace meses y "no ha registrado el malestar social".

Según Arias, "se ha dilapidado el buen capital político que tenía el Gobierno", tras el triunfo de Fernández con un 54 por ciento en las elecciones del pasado octubre, pero el dato más preocupante, advirtió a Efe, "es que la presidenta no parece estar escuchando bien las voces de la sociedad".

"Probablemente necesita vasos comunicantes mejores con la sociedad, oídos más atentos y reacciones que no sean tan autoritarias desde el poder", agregó.

También el analista político Patricio Giusto considera que el descontento social comenzó hace meses y se aceleró ligado al contexto económico.

Comentarios como el que realizó recientemente la presidenta en la Universidad de Georgetown (Washington) afirmando que si Argentina tuviera un 25 por ciento de inflación "estallaría por los aires" son, opina el analista, parte del problema.

"El país no estalla por los aires porque la situación económica no es de crisis, pero empiezan a aparecer conflictos y aumenta la presión de los sectores sociales más desfavorecidos", advierte.

De momento, el Gobierno tiene que dar solución a gendarmes y prefectos, más de 40.000 agentes en conjunto, que reclaman un sueldo base de 7.000 pesos (unos 1.300 dólares) y una revisión en sus condiciones de trabajo.

Demandas que supondrían para el Ejecutivo un coste de entre 3.000 a 4.000 millones de pesos (entre 600 y 800 millones de dólares) que no estaban contemplado en el Presupuesto.