Buenos Aires, 11 sep.- El Congreso argentino intentará convertir hoy en ley el proyecto impulsado por el Gobierno de Cristina Fernández para reabrir el canje de la deuda soberana, eje de litigio en tribunales estadounidenses.
La Cámara de Diputados comenzó a debatir la iniciativa oficialista, que este martes logró el dictamen positivo de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y que recibió el visto bueno del Senado la semana pasada.
El proyecto, remitido al Parlamento hace 15 días por Fernández, prevé reabrir el canje de deuda, que quedó cerrado por ley tras la última reestructuración concretada en 2010 y con la que Argentina completó una adhesión del 93 por ciento de los acreedores a la refinanciación.
Argentina declaró el cese de pagos de deudas por 100.000 millones de dólares a finales de 2001 en medio de una grave crisis económica y social.
El Gobierno de Fernández quiere lograr la aceptación del 7 por ciento de acreedores que no se adhirieron a los canjes de 2005 y 2010 para reestructurar la deuda con una quita del 65 por ciento, fuertes ahorros en intereses y plazos de pago extendidos.
Entre quienes rechazaron los canjes hay grandes fondos de inversión que demandaron en tribunales de Nueva York a Argentina, a la que le reclaman el pago en efectivo y sin quitas de deudas por importe de 1.330 millones de dólares.
En el marco de este litigio, Argentina había propuesto reabrir el canje para pagar a los litigantes en las mismas condiciones que lo hace con los acreedores que sí aceptaron las reestructuración, pero los fondos rechazaron esa posibilidad.
El pasado 23 de agosto la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York confirmó un fallo de primera instancia del juez Thomas Griesa que obliga a Argentina a pagar a los fondos de inversión litigantes el ciento por ciento de la deuda reclamada.
La ejecución de la sentencia, sin embargo, quedó en suspenso hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos se pronuncie sobre la cuestión.
El proyecto que podría convertirse en ley hoy suspende la vigencia de la denominada "ley cerrojo", y establece que la nueva convocatoria para la reestructuración se realizará en "términos y condiciones financieras" similares pero no mejores a la operación concretada en 2010.
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