Después de reunirse el Pleno del Congreso este jueves, se ha aprobado de manera definitiva la normativa que permitirá a los contribuyentes modificar sus liquidaciones de impuestos ya presentadas, no obstante, recalcan que tienen que encontrarse en plazo para corregir los errores. Con la nueva normativa, que afecta a todos los tributos, no será necesario presentar declaraciones complementarias ni documentación adicional.
El Pleno del Congreso también ha dado luz verde a la ley que traspone varias directivas europeas en materia fiscal. Además, a esta ley también se han incorporado otras iniciativas como la autoliquidación rectificativa o para personas discapacitadas, la protección de sus patrimonios.
En el lado del Congreso, este avala todos los cambios que se han ido introduciendo por el Senado como la Ley de Vivienda, sin apenas tener oposición, aunque durante el debate de PP, Vox y Ciudadanos se posicionaban en contra de la tramitación de la ley y la han criticado públicamente.
Las liquidaciones tributarias se podrán corregir
La ley introduce la figura de la autoliquidación rectificativa, que permitirá rectificar, completar o modificar la declaración tributaria ya presentada con independencia de su resultado, por la misma vía -es decir, sin necesidad de hacer una liquidación complementaria- y sin aportar documentación adicional.
De hecho, la autoliquidación rectificativa -que se implantará de manera progresiva- se integrará en el modelo ordinario de gestión, lo que facilitará, por ejemplo, recibir las devoluciones a las que se tuviera derecho sin pasar por actuaciones formales de comprobación salvo en casos excepcionales.
Protección del patrimonio de las personas con discapacidad
No obstante, la nueva norma también garantiza que los beneficios fiscales establecidos para proteger el patrimonio de las personas con discapacidad se apliquen en todo el territorio de España, incluyendo las comunidades autónomas de Cataluña y Navarra.
Estos beneficios fiscales se aprobaron para todo el territorio nacional, pero las modificaciones normativas implementadas en Cataluña y Navarra llevaron a interpretaciones por parte de las administraciones tributarias que perjudicaban al colectivo, una situación que ahora se corrige.
Nuevas obligaciones informativas para plataformas
La ley transpone la directiva europea de cooperación fiscal, la conocida como DAC 7, por la que se regulan las inspecciones conjuntas a nivel europeo y se establece un nuevo marco de intercambio de información sobre plataformas digitales. También implanta el denominado "modelo de reglas" para compartir datos en el ámbito de la OCDE.
Con la nueva ley, las plataformas tendrán que registrarse en el censo, obtener ciertas informaciones de sus "vendedores" -incluida su identificación, los precios cobrados y los tributos retenidos- y suministrar esa información a la Agencia Tributaria en enero del año siguiente, unos datos que se intercambiarán con los Estados donde se encuentre la residencia del vendedor o arrendador del inmueble.
El Congreso incorporó a la ley varias modificaciones, como permitir a la Agencia Tributaria examinar la contabilidad mercantil de las empresas, regular el acceso de la Administración a la información sobre titularidades reales o liberar a los asesores fiscales protegidos por el secreto profesional de informar de su condición a otros intermediarios de mecanismos transfronterizos de planificación.
Los cambios del Senado -aceptados este jueves por el Congreso- son de carácter técnico, como la adecuación de la limitación de la deducibilidad de intereses financieros en el impuesto de sociedades a la normativa europea o aclaraciones en la resolución de litigios relativos al impuesto de la renta de no residentes.
Asimismo, modifica la ley del IVA para mejorar la gestión de la tributación de las importaciones en depósitos distintos al aduanero, asegurar la neutralidad del impuesto en la prestación de servicios financieros eliminando la regla de "utilización efectiva" y eximir a los empresarios de Canarias, Ceuta y Melilla de contar con un representante para acogerse al régimen de importación de comercio electrónico.
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