Madrid, 10 sep.- La subcomisión del Congreso sobre productos financieros e hipotecarios ha instado hoy al Gobierno a que se facilite a los usuarios la información suficiente, "no mucha sino la necesaria", para cerrar un contrato, para lo que recomienda establecer un periodo de reflexión previo de entre 24 y 48 horas.
Ésta es una de las conclusiones de la subcomisión creada en abril de 2012 y por la que han pasado, entre otros, el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, el subsecretario de Economía y Competitividad, Miguel Temboury, y el presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE), Manuel Pardos Vicente.
La subcomisión valora la labor pero sobre todo "la rapidez" con la que el Gobierno ha reaccionado ante problemas "agravados como consecuencia de la crisis económica", ya que desde que comenzó sus trabajos hace casi un año y medio se han establecido "requisitos adicionales de transparencia" para productos financieros como participaciones preferentes, deuda subordinada, depósitos o préstamos hipotecarios.
En términos generales, antes de firmar un contrato de este tipo la subcomisión recomienda que el cliente sea informado de todos sus derechos y obligaciones, entre las que figura la posibilidad de elegir notario.
Sobre las participaciones preferentes, la subcomisión recuerda que se ha establecido ya la obligación de establecer un tramo mínimo del 50 % para inversores institucionales.
Además, facilita los últimos datos del Ministerio de Economía sobre el procedimiento de arbitraje; en Novagalicia Banco se han emitido más de 28 laudos positivos, en Bankia, más de 3.000, y en CatalunyaCaixa, unos 12.000.
Los productos financieros complejos deberán ser clasificados según su riesgo y complejidad, por ejemplo mediante el uso de distintos colores, y será necesario acreditar que se ha suministrado toda la información exigida mediante una copia firmada -o una medida equivalente- que acredite la documentación entregada.
Los miembros de la subcomisión se muestran partidarios de "homogeneizar" la información que se facilita a los clientes, limitándola a la que sea necesaria para la comprensión del producto, pero confía en que se aumente su periodicidad; además, deberá especificar con claridad su valor de mercado.
En caso de no existir éste, la entidad tendrá que proporcionar al cliente una estimación del valor razonable teórico, todo ello antes de formalizarse la compraventa.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) debería poder establecer y concretar las obligaciones y recomendaciones de la autoridad europea que supervisa los mercados financieros, la European Securities and Markets Authority (ESMA) mediante circulares sin necesidad de habilitación previa.
La subcomisión también se ha ocupado de los depósitos bancarios, que en caso de insolvencia o resolución de una entidad -quiebra- deben gozar del máximo nivel de protección.
Para ello, prosigue el documento, España está negociando una directiva europea para reforzar la protección de los depósitos.
Otras recomendaciones de la subcomisión pasan por reforzar la educación financiera, implantar ciclos formativos para los empleados encargados de comercializar estos productos y evitar políticas de incentivos que provoquen prácticas comerciales agresivas, así como implantar procedimientos extrajudiciales de resolución de conflictos.
A la vez que la subcomisión, el partido parlamentario socialista, en su propuesta de conclusiones, solicita prohibir la comercialización de preferentes y deuda subordinada perpetua entre clientes minoristas y limitar su comercialización a inversores cualificados, profesionales o institucionales.
Además, solicita que las advertencias sobre las características del producto sean firmadas por el cliente, junto a una expresión manuscrita acerca de que conoce las características y riesgos de la operación.
En cuanto a las medidas antidesahucios, demanda que aquellas familias que han perdido su vivienda habitual como consecuencia de sus difíciles circunstancias económicas, no se vean privadas de un mínimo vital que les garantice tanto sus necesidades más esenciales, como la posibilidad de superar en el corto plazo su situación económica, entre otras medidas.
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