La Confederación Nacional de Pymes (Conpymes), la nueva patronal de pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos que nació en mayo de 2021 y puso nerviosa a la CEOE, quiere sentarse a la mesa del diálogo social. La organización que preside José María Torres considera que tiene la representatividad suficiente para debatir con el Gobierno sobre los asuntos que afectan a la práctica totalidad del tejido empresarial patrio y por ello han solicitado a Yolanda Díaz participar en las negociaciones que ahora acaparan CEOE, Cepyme, CCOO, UGT y las principales organizaciones de trabajadores autónomos (ATA, UPTA y UATAE). Sin embargo, por el momento, el Ministerio de Trabajo les niega el acceso a las mesas, por lo que los abogados de Conpymes están preparando ya la batalla legal contra Díaz.
Conpymes llegó pisando fuerte y provocó un enfado mayúsculo tanto en CEOE como en Cepyme. Los socios de las dos organizaciones empresariales más representativas del país no ocultaron su rechazo ante el espaldarazo explícito del Gobierno a la nueva patronal que nació en un intento de alzarse como alternativa a Cepyme, la organización presidida por Gerardo Cuerva y dependiente de la CEOE, que pilota Antonio Garamendi. En privado se mostraron molestos por lo que consideraron una traición del Ejecutivo, ya que al acto de presentación acudieron nada menos que la vicepresidenta Yolanda Díaz y la mujer del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en calidad de directora de la Cátedra extraordinaria para la Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid.
En la CEOE y en Cepyme se interpretó la presencia de ambas como un aval a la nueva confederación rival, que procede de la Plataforma Pymes y, tras el cambio estatutario promovido por su vicepresidente Antoni Cañete -a su vez presidente de la patronal catalana de las pymes (Pimec)- arrancó bajo el liderato del empresario aragonés José Luis Roca y ahora preside José María Torres. Pero el idilio inicial entre Díaz y Conpymes no duró demasiado. Los nuevos actores del tablero patronal reclamaron desde su configuración un espacio en las mesas de diálogo social, pero el Ministerio de Trabajo se lo negó por considerar que no tienen la suficiente representatividad o, más bien, por no disponer de fórmulas para contabilizar las empresas asociadas.
Conpymes se amparó en la disposición adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores, sobre la representación institucional de los empresarios, que establece que "a efectos de ostentar representación institucional en defensa de intereses generales de los empresarios ante las Administraciones Públicas y otras entidades u organismos de carácter estatal o de comunidad autónoma que la tengan prevista, se entenderá que gozan de esta capacidad representativa las asociaciones empresariales que cuenten con el diez por ciento o más de las empresas y trabajadores en el ámbito estatal". La nueva patronal defendió que, con más de dos millones de asociados, superaba ese umbral, pero Trabajo alegó dificultades para conocer su representatividad con exactitud, algo que, a juicio de Conpymes, es incoherente con el hecho de que CEOE y Cepyme sí se consideren suficientemente representativas para participar en el diálogo social.
El argumento en el que se apoya el Ministerio de Trabajo para negar el acceso a Conpymes a las mesas del diálogo social alude al eterno debate sobre la representatividad de las organizaciones empresariales y sindicales (con ejemplos como los de los sindicatos ELA y LAB) y a la dificultad que entrañan las propias fórmulas recogidas en la ley para determinar si se cumple o no una determinada cuota. Pero la nueva patronal cree que los criterios son claros y que en un país donde el 99,8% del tejido empresarial son pymes, no se entiende que éstas no dispongan de una representación independiente en la mesa de diálogo social. "UATAE es reconocida como representativa formalmente de autónomos; COAG, de agricultura; Fenadismer, de transporte; o Pimec en Cataluña… no tiene sentido que una patronal con todas ellas no se considere representativa en el diálogo social", zanjan.
Pero el Ministerio de Trabajo está remoloneando con este asunto y los abogados de Conpymes ya se han puesto manos a la obra para trasladarlo a los juzgados nacionales y elevar la batalla legal incluso a Europa. "Si no nos reconocen este derecho, lo pelearemos en los tribunales", advierten. Fuentes al tanto del estado de la situación revelan que, en privado, Trabajo ha trasladado a miembros de la nueva patronal de pymes que su incorporación al diálogo social sería razonable, pero no han manifestado un compromiso firme al respecto porque "a cualquier gobierno le incomoda revolver el statu quo de la CEOE en su monopolio de la interlocución empresarial". "Es voluntad del Gobierno, tanto de Moncloa como del Ministerio de Trabajo, pero no quieren más problemas con la CEOE, por lo que el tema está en bucle", concluyen las fuentes consultadas.
Si no se llega a un entendimiento, la batalla legal puede ser larga. El antecedente lo encontramos en Cataluña, donde las patronales Foment del Treball y Pimec alcanzaron un acuerdo sobre representatividad tras una década de litigio. El origen del contencioso, que dio lugar a varias sentencias judiciales contradictorias, estuvo en que Pimec argumentó que Fepime (miembro de Foment y de Cepyme) no era una entidad representativa y pidió un porcentaje acorde a la realidad empresarial. El acuerdo, firmado en 2019, fue calificado entonces por la Plataforma Pymes (ahora Conpymes) como "histórico", por su capacidad para contribuir "a una mejor defensa del capitalismo inclusivo, otorgando mayor preponderancia a pymes y autónomos en Cataluña" y "sentar las bases y servir de referencia para la consecución de procesos similares en España y la UE, que actúen como instrumento para la expansión de un capitalismo inclusivo, encarnado en pymes y autónomos, que contribuya a la mejora de la productividad de la economía en toda la UE".
En una jornada celebrada este lunes sobre la reforma laboral y organizada por Conpymes, Torres insistió en varias ocasiones en la necesidad de incorporarse al diálogo social como organización representativa de las pymes y se lo reclamó incluso al secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, quien acudió como invitado a la clausura del acto, pero evitó entrar de lleno en el asunto. Incluso Rosa María Virolés, magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, calificó de "lamentable" que un 99,8% de las empresas no estén representadas en el diálogo social. Pero el número dos de Yolanda Díaz se limitó a comprometerse a mantener citas regulares con la nueva patronal, como con otras organizaciones ajenas al diálogo social institucionalizado, algo que para Conpymes no es suficiente. "Si el Gobierno no nos reconoce este derecho, iremos a los tribunales", insisten.
