Inversión de mil millones 

El Gobierno espera crear hasta 16.000 empleos con el PERTE agroalimentario 

El Ejecutivo quiere dotar al campo de la financiación y de las líneas de actuación necesarias para emprender los cambios medioambientales, digitales, sociales y económicos. 

Luis Planas
Moncloa calcula la creación de 16.000 empleos con el PERTE agroalimentario. 
Europa Press

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del sector agroalimentario, que contará con una inversión pública de unos 1.000 millones de euros hasta 2023 y con el que se prevé generar un impacto de partida en la economía de unos 3.000 millones de euros, estimándose además una creación neta de hasta 16.000 empleos.

A esta cantidad será necesario añadir los efectos positivos sobre el conjunto de la economía derivados de la creación de nuevos modelos y oportunidades de negocio, las nuevas oportunidades laborales generadas por las actuaciones ligadas al Perte, así como los ahorros generados en el tejido productivo, las economías domésticas y los presupuestos públicos. De esta forma, el Ejecutivo da 'luz verde' al Perte agroalimentario para dotar al campo de la financiación y de las líneas de actuación necesarias para emprender los cambios medioambientales, digitales, sociales y económicos a los que tendrá que hacer frente en la próxima década.

El Perte, que cuenta con medidas gestionadas por los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación; de Industria, Comercio y Turismo; de Asuntos Económicos y Transformación Digital; así como del de Ciencia e Innovación, va dirigido a propiciar la transformación de la cadena agroalimentaria e impulsar la modernización y digitalización del sector, su crecimiento económico y la cohesión territorial.

El sector agroalimentario contribuye con casi un 10% al PIB y está conformado, en su mayor parte, por pequeñas y medianas empresas. Un 96% de las más de 30.500 empresas son pymes. De esta forma, el Perte se concibe como un conjunto de medidas que benefician a empresas y autónomos del sector agroalimentario y que generan sinergias con los objetivos de mejorar la competitividad, la sostenibilidad y la trazabilidad y seguridad del sector agroalimentario.

Además, dada la importancia del sector agroalimentario en el medio rural, se incorpora la contribución al reto demográfico como objetivo transversal.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha resaltado que se trata de un Perte dirigido a un sector "estratégico" para España y ha destacado que hoy es "un gran día" porque es "uno de los grandes pilares" junto a la Política Agraria Común (PAC), la ley de la cadena alimentaria, el regadío sostenible y los seguros agrarios.

Combatir la desploblación 

El Gobierno ha expuesto un plan de 130 medidas ante el reto demográfico y presumió de que entre el año pasado y el vigente se habrán invertido 8.000 millones de euros para combatir la despoblación. En la rueda de prensa al término del Consejo de Ministros, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, dio cuenta del informe que presentó la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, sobre el desarrollo de este plan.

Rodríguez afirmó que están “muy satisfechos con la ejecución de este plan” porque, desde su aprobación en marzo de 2021, el 82% de las medidas ya se han iniciado, “con un impacto ya” en municipios de menos de 20.000 habitantes. En esta línea, la portavoz indicó que el 84% del presupuesto previsto ha comenzado a tramitarse, lo que ha supuesto una inversión de 3.800 millones en 2021, de los que un 85% proviene del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Rodríguez, que compareció junto al ministro de Agricultura, Luis Planas, que expuso el nuevo plan estratégico para la agroindustria, remarcó que el “reto demográfico” es una “prioridad” de este Gobierno no solo por la demografía sino porque es un “reto de justicia” en el que “todos los ciudadanos merecen de la respuesta de los poderes públicos”. Así, Planas unió su proyecto con el de la despoblación como evidencias de un “proyecto de conjunto para la España rural”.

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