Defensa advierte que la venta de Caballerizas depende de las contraprestaciones que ofrezca el Ayuntamiento

Así lo ha señalado el Gobierno de la Nación, en la respuesta escrita, a la que ha accedido Europa Press, que ha dado a las preguntas que le habían planteado sobre este asunto por los diputados nacionales del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado y María Jesús Serrano, quienes indicaron que, con relación a las negociaciones para la adquisición de Caballerizas Reales por parte del Ayuntamiento de Córdoba, el Gobierno ya informó de que "se han retomado de nuevo a partir de este momento y con la voluntad de llegar a un acuerdo que respete los imperativos legales que afectan al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied)".

En consecuencia, los diputados socialistas quisieron saber "¿cuáles son estos imperativos legales?, ¿en qué contraprestación se concretan?, ¿qué nivel de posibilidades de acuerdo hay?" y "¿por qué no se autoriza para siempre, evitando las constantes prórrogas, la posibilidad de cesión de Caballerizas Reales por el Ayuntamiento de Córdoba a asociaciones sin ánimo de lucro?".

Ante esto, el Ejecutivo que preside el popular Mariano Rajoy ha explicado que "las negociaciones para la adquisición por parte del Ayuntamiento de Córdoba de Caballerizas Reales se han retomado de nuevo con la voluntad de llegar a un acuerdo que respete los imperativos legales que afectan al Invied", que "tiene encomendada legalmente, como una de sus principales funciones, la enajenación a título oneroso de los bienes inmuebles que sean desafectados por el Ministerio de Defensa y puestos a su disposición, siendo el procedimiento habitual de venta la subasta pública".

En este contexto y según ha aclarado el Gobierno central, los imperativos legales "que impiden toda cesión gratuita de las propiedades desafectadas del servicio público de la Defensa Nacional o su cesión por un precio inferior al de la tasación (valoración total del inmueble) hecha por perito oficialmente competente, se desprenden de las disposiciones contenidas en los apartados 5 y 6 del artículo 71 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en el actualmente vigente Real Decreto 1286/2010, de 15 de octubre", por el que se aprueba el estatuto del Invied y, en su defecto, "por las previsiones contenidas en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas".

En consecuencia, según ha indicado el Ejecutivo, "las contraprestaciones son las que en su momento se determinen por acuerdo entre el Ayuntamiento y el Invied y que, normalmente, pueden consistir en un precio cierto y calculado con criterios de mercado, o bien la permuta de terrenos o de derechos patrimonializables por igual valor" al de Caballerizas Reales, "y que cuenten con características suficientes para que puedan ser realizados por el Invied sin ulteriores problemas".

En este contexto y "tras las reuniones mantenidas entre el secretario de Estado de Defensa y la alcaldesa de Córdoba en abril del año en curso, se prorrogó la posibilidad de que entidades sin ánimo de lucro vinculadas al mundo del caballo pudieran seguir gestionando" Caballerizas Reales "por un año más, plazo en el cual consideró la alcaldesa que el Ayuntamiento podría llegar a un acuerdo con el Invied".

En cualquier caso, el Ministerio de Defensa "confía en que el actual equipo de gobierno municipal muestre igual espíritu positivo de colaborar y de negociar de buena fe", con lo que, "en definitiva, el nivel de posibilidades de acuerdo depende enteramente de la voluntad de la Corporación Municipal de Córdoba y de que las contraprestaciones que esté dispuesta a ofrecer cumplan con los requisitos legales anteriormente expuestos".

NO A LA CESIÓN INDEFINIDA

En cuanto a la posibilidad de que se autorice indefinidamente por el Ayuntamiento la cesión de Caballerizas a entidades sin ánimo de lucro vinculadas al mundo del caballo, evitando así las sucesivas prórrogas, el Gobierno ha subrayado en su respuesta que "no es una opción legalmente viable, pues ello va en contra de la seguridad jurídica, por cuanto la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, prohíbe las obligaciones perpetuas".

Por otra parte, a juicio del Ejecutivo, "esto abriría al Ayuntamiento la posibilidad de eludir su compromiso de adquisición onerosa de la propiedad mediante una contraprestación equivalente a la tasación del inmueble, lo que sería inaceptable para el Ministerio de Defensa, sobre todo si se tiene en cuenta que el municipio no cumplió con la obligación que adquirió en su día mediante convenio de ceder a ese Ministerio una parcela de dimensiones suficientes y plenamente urbanizada a cambio de la concesión demanial de Caballerizas Reales otorgada al Ayuntamiento".