El Gobierno impugna la consulta sobre un puerto en Tossa de Mar y el consistorio hará alegaciones

EUROPA PRESS
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En un comunicado, el Ayuntamiento de Tossa de Mar ha reprochado al Gobierno que teniendo conocimiento desde el 22 de septiembre de la consulta, que tenía previsto celebrarse el 20 de noviembre, haya esperado hasta el viernes pasado para impedirla, por lo que lo ha considerado un "retraso injustificado".

En concreto, la consulta quiere saber la opinión de los ciudadanos respecto a la modificación puntual del Plan de Ordenación Urbana Municipal (POUM) para la posible construcción de un puerto, un hotel de cinco estrellas y cuatro viviendas con sus accesos.

El consistorio cree que el fondo de la cuestión es que el Ejecutivo central indica que para celebrar la consulta es necesario un permiso del Consejo de Ministros, mientras que el Ayuntamiento considera que la Ley catalana de consultas populares no refrendarias y otras formas de participación ciudadana del 2014, en la parte no declarada inconstitucional, permiten hacer consultas sin necesidad de pedir permiso al Gobierno.

El juzgado contencioso administrativo 2 de Girona ha suspendido cautelarmente la consulta y ha dado tres días al consistorio para presentar alegaciones.

INCOMPRENSIÓN EN TOSSA

"España vuelve a impedir que en Catalunya consultemos a nuestros ciudadanos. Algunos se alegrarán, pero los que no tenemos miedo de sacar las urnas para que el pueblo opine libremente, lamentamos profundamente esta situación", ha sostenido la alcaldesa de Tossa de Mar, Gisela Saladich.

La primera edil ha indicado que hay muchos ayuntamientos que han celebrado consultas de acuerdo con la misma normativa, como Salt (Girona) y Tortosa (Tarragona), entre otros, "sin haber tenido problemas con Madrid".

"En este asunto no es ajena la actitud de algunos partidos, con y sin representación en el consistorio, que han trabajado en la misma línea que Madrid queriendo impedir que los vecinos puedan expresar su opinión sobre un tema que les afecta", ha aseverado Saladich.

Por ello, los servicios jurídicos municipales han trabajado en la defensa de la posición municipal y ahora será el magistrado titular del juzgado contencioso administrativo 2 de Girona el que decidirá si se celebra la consulta o no.

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