Con esta firma, comienza el procedimiento para desarrollar el núcleo de esta ley, que reconoce el derecho de las personas en riesgo de exclusión social a un alquiler digno, y fija la obligación del Gobierno vasco de satisfacerlo, según ha informado el Departamento de Vivienda en un comunicado.
Hasta ahora, el acceso a este derecho se aplica de forma provisional y gradual, de acuerdo a lo que se recoge en una disposición transitoria de la ley.
La elaboración del decreto es un procedimiento complejo que, además de las consultas, informes y audiencias preceptivas, contará con un proceso de participación ciudadana, que estará abierto a los colectivos, agentes sociales y a la ciudadanía en general.
REQUISITOS
El futuro decreto regulará, entre otros aspectos, el ejercicio del derecho de acceso a la ocupación legal, para lo que señalará los requisitos que han de cumplir quienes lo soliciten. También establecerá la duración del disfrute del derecho y las obligaciones de las personas beneficiarias.
Asimismo, determinará el procedimiento para el reconocimiento del derecho subjetiva, así como la prestación económica de vivienda (PEV), su naturaleza, carácter y destino. El decreto regulará el régimen de inspección, modificación y extinción de las prestaciones, así como el reintegro de prestaciones indebidas.
El Gobierno vasco prevé que este desarrollo normativo pueda estar concluido para el próximo otoño, de forma que el decreto sea aprobado antes de que concluya el año.
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