Según ha informado en un comunicado, el Síndic considera que la construcción de un muelle en Tossa de Mar, junto con los accesos correspondientes, un hotel de cinco estrellas y cuatro viviendas es "incoherente" con la normativa y el planteamiento territorial y urbanístico vigente.
Ha destacado que ha tomado esta resolución después de cuatro meses recopilando y analizando la información facilitada por el Ayuntamiento del municipio y la Secretaría de Medio Ambiente de la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad.
La resolución detalla que el Plan territorial parcial de las comarcas gerundenses (PTPCG) otorga a los terrenos de costa que confrontan con la ubicación del puerto la categoría de suelo de protección especial, que debe mantener la condición de espacio no urbanizado y debe ser clasificado como suelo no urbanizable por los planes de ordenación urbanística municipal.
Además, el Plan de ordenación urbanística municipal (Poum) de Tossa de Mar clasifica los espacios de Cars y Vinya d'en Puig (afectados por el plan) como suelo no urbanizable --suelo rural de protección forestal--.
El informe del Síndic considera que no existe la necesidad de disponer de un puerto en este punto de la comarca de la Selva, ya que argumenta que el Plan de espacios de interés natural (Pein) establece que la nueva construcción de puertos deberá evitar la afectación directa de los espacios de Natura 2000.
Asimismo, argumenta que el Plan de Puertos de Catalunya debe dar una atención preferente respecto a la conservación del litoral y a la gestión correcta del medio ambiente, y añade que el Plan de Puertos 2007-2015 no preveía la construcción de este nuevo puerto en Tossa, y ha pedido a la Conselleria de Territorio que el nuevo plan tenga en cuenta los factores medioambientales.
El Síndic también ha recomendado al Ayuntamiento que se abstenga de reiniciar los trámites para hacer una consulta ciudadana sobre la modificación del Poum para posibilitar la construcción del puerto.
Argumenta que la consulta "carecería de sentido", porque pedir que los vecinos se pronuncien sobre una cuestión que queda fuera del ámbito de decisión municipal puede crear expectativas innecesarias, ya que la competencia en materia de puertos corresponde en exclusiva a la Generalitat.
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