Embrollo legislativo

De expropiación a 1.000 euros de multa... así combaten las CCAA los pisos vacíos

A la espera de que el Gobierno central fije la uniformidad, desde 2013 se han aprobado 16 normas correspondientes a 10 comunidades autónomas

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos
El ministro de Fomento pretende delimitar el concepto de "vivienda vacía". / PSOE

En ausencia de medidas por parte del Gobierno central, el embrollo legislativo en torno a los pisos vacíos es tal que las normativas autonómicas contemplan sanciones que van desde la expropiación de la vivienda hasta los 1.000 euros de multa.

El último censo de población y vivienda del Instituto Nacional de Estadística (INE) refleja que hay 3,4 millones de casas vacías en España y, de este volumen, apenas una de cada tres sería, a priori, óptima para ocupar. El resto, bien por su estado de conservación, antigüedad o por encontrarse en municipios de escasa o nula demanda de vivienda en alquiler, no son adecuadas para ponerse en el mercado.

Ante este panorama, y en plena burbuja de los precios de alquiler en zonas de elevada demanda como pueden ser Madrid o Barcelona, el Gobierno ha puesto en marcha un grupo de trabajo interministerial para movilizar el parque de viviendas deshabitadas y sacarlas al mercado del alquiler. Para ello, está estudiando fórmulas para obligar a los propietarios, tanto empresas como personas físicas, aunque se desconoce aún si se pondrán en marcha medidas incentivadoras o coercitivas.

El primer paso para regular la función social de la vivienda y darle rango de ley estatal, según avanzó el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, es precisamente delimitar el concepto de "vivienda vacía", antes de proponer cualquier penalización a sus dueños. Y es que es aquí donde nace el lío jurídico. En la legislación autonómica, el plazo que ha de transcurrir para que la vivienda se considere deshabitada oscila entre los 6 meses y los 2 años. Por ejemplo, Aragón, Andalucía, Canarias, Navarra y Extremadura consideran suficiente un periodo de seis meses de desocupación, mientras que Cataluña, Valencia, Baleares y País Vasco estiman un periodo de dos años.

Una vez definidos los indicios a considerar a efectos de determinar si la vivienda está desocupada y elaborado un registro o censo de casas deshabitadas, las comunidades autónomas establecen medidas de naturaleza impositiva, como el recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles, y sancionadora. Y es aquí, de nuevo, donde los regímenes son dispares. Ocho comunidades autónomas (Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura y País Vasco) regulan un régimen sancionador. Algunas tipifican como conducta infractora solo la de las personas jurídicas tenedoras de viviendas vacías (o grandes tenedores, según la norma), mientras en Cataluña y País Vasco se consideran también infractoras las personas físicas.

Con todo, las multas pecuniarias presentan grandes diferencias en el mapa: desde las mínimas de Andalucía, con un baremo de entre 1.000 y 9.000 euros, hasta las máximas de Cataluña, con cuantías de entre 90.001 y 900.000 euros, pudiendo llegar incluso a la expropiación de la vivienda en el caso de Navarra y País Vasco.

Desde el año 2013 se han aprobado en España 16 normas correspondientes a diez comunidades autónomas, que han sido recurridas por el Estado ante el Tribunal Constitucional. Con la excepción de la regulación que permitía la expropiación forzosa de las viviendas inmersas en procedimientos de desahucio, declarada inconstitucional y nula, el Alto Tribunal ha declarado la constitucionalidad de casi la totalidad de las normas autonómicas, a la espera de que el Estado fije unas condiciones básicas uniformes.

Según adelantó Ábalos, el Ejecutivo va a modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013. Principalmente, se volverá al contrato de 5 años de alquiler, se mejorará el régimen fiscal al inquilino o se incentivará la salida al mercado de viviendas vacías, a las que se unirán 20.000 viviendas nuevas para alquiler social. Para el fundador de idealista, Fernando Encinar, la mejor política social de vivienda es incentivar como sea la salida de viviendas vacías al mercado del alquiler. "Esto se consigue creando marcos regulatorios, jurídicos y fiscales estables y fiables que animen a los miles de propietarios de esas casas vacías a ponerlas en alquiler", reclama este experto. "Solo aumentando la oferta se puede paliar el crecimiento de los precios", porque, a su juicio, "las políticas coercitivas no funcionan".

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