Hablamos del caso de la urbanización Sport Aljarafe, construida hace décadas sobre una ladera de la cornisa del Aljarafe y donde desde abril de 2016, un total de once viviendas han sido desalojadas como consecuencia de las deficiencias arquitectónicas que sufren. Dichos problemas arquitectónicos, en ese sentido, derivan de los deslizamientos de tierra detectados en la ladera donde se asienta la urbanización.
Tal extremo, así como un informe técnico que alertaba de un "riesgo de deslizamiento inminente" en la ladera, llevó al Ayuntamiento de Tomares a activar el pasado mes de marzo su plan municipal de emergencia.
Y mientras las medidas propuestas para corregir la situación de la ladera suponen un coste de unos 5,7 millones de euros, según cálculos de los especialistas, las once familias desalojadas de sus viviendas recibieron de abril a diciembre de 2016 ayudas municipales de 400 euros mensuales para costear los alquileres alternativos afrontados a cuenta de su desalojo, pero avisan de que no han recibido ninguna subvención institucional durante 2017.
Porque aunque en principio el Ayuntamiento propuso en marzo una nueva línea de ayudas de hasta 600 euros al mes para el alquiler, a aplicar hasta final de 2019 o tres meses después de la consolidación de la ladera, así como subvenciones por mudanza y guardamuebles, no media acuerdo entre las partes en cuanto a esta línea de ayudas.
LOS CRITERIOS DE LAS AYUDAS
El colectivo de afectados, al respecto, advertía de que los "criterios excluyentes" de la nueva línea de ayudas en lo que respeta a los niveles de renta y el empadronamiento motivaban que sólo dos de las once familias afectadas accediesen a las subvenciones.
Por eso, después de que la mencionada línea de ayudas fuese aprobada provisionalmente en marzo por el pleno del Ayuntamiento de Tomares, el colectivo de afectados presentó alegaciones frente a las mismas, según manifestaba a Europa Press una de las personas afectadas, insistiendo en que las subvenciones estaban sujetas a criterios "excluyentes".
Y aunque el Ayuntamiento habría aceptado algunas de estas alegaciones, las modificaciones admitidas sólo ampliarían la cobertura de las ayudas a "entre cuatro y seis" de las once familias afectadas. No obstante, el pleno convocado por el Ayuntamiento para resolver las citadas alegaciones y aprobar la convocatoria de subvenciones habría sido saldado finalmente sin zanjar tal extremo, dada la falta de acuerdo entre las partes.
Dado el caso, el Ayuntamiento optó por elevar una consulta a los servicios jurídicos de la Diputación provincial, para dilucidar si resulta "viable" o no convocar una línea de ayudas en los términos demandados por los afectados, pues según los mismos, el Ayuntamiento estaría ciñendo las ayudas a criterios de "exclusión social", cuando cada una de las familias tiene una situación particular.
MÁS GASTOS
Pero después de que la citada consulta fuese elevada en junio del presente año, según confirmaban las fuentes consultadas por Europa Press, el colectivo de afectados avisa de que el Ayuntamiento del municipio "más rico de Andalucía" no ha resuelto aún el asunto y no ha abonado en 2017 las ayudas comprometidas para los desalojados, que de su lado corren con los gastos de "impuestos, hipotecas", los alquileres alternativos y de la "monitorización del terreno".
"Es una auténtica pesadilla", claman los afectados, quienes denuncian la ausencia de ayudas municipales durante 2017 y los "astronómicos" gastos de más de 100.000 euros afrontados en materia de "asesoramiento técnico y monitorización del terreno", pese a que el Ayuntamiento debería encargarse "desde marzo" de tales labores.
Así, mientras el Ayuntamiento defendía hace meses sus gestiones para conseguir las ayudas "necesarias" para las medidas correctoras planeadas en el escarpe, cuyo coste ronda los 5,7 millones de euros, alegando que ha sufragado gastos de 110.000 euros para estudios, trabajos técnicos y subvenciones, este colectivo critica la "lentitud de las instituciones" y la "grandísima merma económica sufrida". "Es una pesadilla", insisten.
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