Busca proteger a personas y unidades familiares en situación de exclusión residencial como consecuencia del sobreendeudamiento y crea la Comisión de vivienda y asistencia para situaciones de emergencia para coordinar a las administraciones sobre este tema.
La norma prevé mecanismos de mediación --para los que los interesados ya pueden presentar solicitud--; expropiar temporalmente viviendas vacías y ayudar económicamente a los afectados o realojarlos, y en su redacción han participado desde la Generalitat hasta el Parlament, las entidades municipalistas y ayuntamientos como el de Barcelona.
EXPROPIACIÓN TEMPORAL Y ALQUILER SOCIAL
La nueva ley permitirá utilizar de forma temporal la viviendas vacías de entidades financieras para darles un uso social y se hará a partir de un sistema de expropiación temporal del uso de la vivienda.
También prevé un sistema para que las entidades bancarias y grandes propietarios ofrezcan un alquiler social a las familias vulnerables que estén a punto de ser desahuciadas, lo que debería servir para evitar desahucios y para no poder echar a nadie si no se le ofrece un alquiler social.
Asimismo, amplía de 72 a 234 los municipios considerados de alta demanda acreditada de vivienda, en los que se puede aplicar el impuesto a los pisos vacíos.
La norma también insta al Govern a preparar en nueve meses una ley para regular el alquiler --y evitar precios abusivos--, aunque actualmente la Generalitat no tiene competencias para regular los arrendamientos.
TRAMITACIÓN EXPRÉS
La ley se ha tramitado de forma exprés --en menos de seis meses-- y se elaboró expresamente para sortear la suspensión que dictó el Tribunal Constitucional (TC) contra una parte de la ley catalana 24/2015 sobre el mismo tema.
El Govern asegura que esta vez la ley está blindada jurídicamente y no podrá ser impugnada; el Parlament la votó la semana pasada por artículos y no en su conjunto ya que, pese a tener la unanimidad en la mayoría, PP, C's y la CUP mostraron su discrepancia en algunos.
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