Las constructoras piden que los bonos puedan ser comprados sin penalización

Madrid, 3 abr.- Las constructoras de las autopistas de peaje con problemas financieros piden al Gobierno que los bonos a 30 años que en un principio serían emitidos por la sociedad pública que aglutinaría a estas carreteras puedan ser comprados por terceros, fundamentalmente bancos, sin una penalización del 10 %.

Según han indicado a EFE fuentes cercanas a las negociaciones, la propuesta planteada por la patronal que agrupa a las grandes constructoras y ahora concesionarias de autopistas es que se contemple la posibilidad de hacer líquidos estos bonos sin descuento a fin de que no lleve implícito una nueva quita.

Asimismo, entienden que serían, fundamentalmente, las entidades financieras las que podrían estar interesadas en adquirir estos bonos a 30 años, que devengarán una rentabilidad mínima del 1 % (porcentaje que podría incrementarse hasta el 4,3 % en función de determinadas variables, entre ellas los tráficos de estas vías).

Una rentabilidad máxima que la banca considera que no va a alcanzarse nunca teniendo en cuenta la evolución de los tráficos que han demostrado estas autopistas de peaje y que entiende por tanto que la realidad parece indicar que la rentabilidad estará por debajo de la que se paga ahora por el bono español a 30 años: 4,162 %.

Además, entre las propuestas del sector constructor figura que, en caso de que se privatice la empresa que aglutinará las concesiones de autopistas, el 40 % de la quita asumida por las constructoras sea compensada por el futuro comprador, una cantidad que rondaría los 239 millones.

De acuerdo con los datos del sector, los sobrecostes por obras adicionales que les adeuda el Estado ascienden a unos 473,2 millones de euros, una cantidad que con la quita propuesta por el Ejecutivo se vería reducida hasta los 236 millones de euros.

Además, los sobrecostes por expropiaciones se sitúan en 68,8 millones de euros, que con la quita del 50 % se quedarían en 34,4 millones de euros.

Teniendo en cuenta estos dos importes, la cantidad total que reclaman desde la patronal que agrupa a las grandes constructoras y concesionarias, Seopan, asciende a los 274,4 millones de euros.

Lo que parece ya seguro es que la futura sociedad pública, se contempla sin Aulesa (AP-71 que conecta León y Astorga) y sin Ausur (A-37 entre Alicante-Cartagena).

Dicha sociedad sería similar a la extinta Empresa Nacional de Autopistas (ENA), que funcionó entre 1984-2003 y que posteriormente fue transmitida por la SEPI a Sacyr.

Otro de los puntos problemáticos en la negociación es que los bonos no están garantizados por el Estado a fin de que no compute como deuda pública. Por ello, entre las opciones que plantea la banca está la de contar con un aval que garantice directa o indirectamente estos bonos en caso de impago.