El Gobierno de Ada Colau ha sacado a licitación el nuevo contrato de Telecomunicaciones, que incluye criterios sociales, laborales, ambientales y de igualdad de género, y se adjudicará previsiblemente a finales de año, por lo que el 31 de julio prorrogó el actual contrato hasta que se resuelva la licitación.
Pisarello ha destacado que este nuevo contrato es uno de los compromisos que había adquirido el Gobierno municipal, y ha resaltado que han dividido al máximo los lotes para "dar entrada al máximo de operadores posible", además de haber incluido cláusulas laborales exigentes y más control público sobre los datos en materia de telefonía.
"Uno de los objetivos fundamentales es incidir también en las subcontrataciones y garantizar que en ellas se respetan las condiciones laborales básicas", ha señalado Pisarello, que ha asegurado que los operadores que ya han trabajado con el Ayuntamiento han mostrado su predisposición y son conscientes de que se debe mejorar la protección laboral en las subcontrataciones.
El actual contrato de servicios de Telecomunicaciones del Ayuntamiento y sus organismos autónomos e institutos municipales está vigente desde 2013, y preveía una duración de dos años prorrogable a dos más, como el ahora propuesto y sacado a licitación.
El vigente incluye cinco lotes por valor total de 2,2 millones, que se distribuyen en telefonía fija y datos --adjudicado a Telefónica por 1,5 millones--, telefonía y datos móviles --a Vodafone por 465.590 euros--, uno de numeración especial --Bt España por 107.288 euros--, el de acceso a Internet centralizado --Cableuropa (Ono) por 29.767 euros-- y el de acceso a Internet distribuido, también a Telefónica por 134.134 euros.
DIVERSIFICAR LA CONTRATACIÓN
Pisarello ha sostenido que el objetivo en general, y no sólo en telecomunicaciones, pasa por abrir la contratación pública a más agentes, diversificándola y aumentando las posibilidades de cooperativas y pymes, a las que el Ayuntamiento favorecerá pagando directamente a las subcontratadas cuando el proveedor principal esté en situación de morosidad.
Ha explicado que el Ayuntamiento está discutiendo con diversos agentes sociales para introducir los criterios sociales, laborales y de igualdad de género en la contratación pública, y ha defendido: "Estamos orgullosos de estos cambios, y confiamos en que se vean muy pronto en la ciudad".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios