La carrera contrarreloj para sacar adelante una reforma de pensiones que permita garantizar la sostenibilidad del sistema y la cuantía de las actuales prestaciones se está encontrando con importantes obstáculos por el camino en los convenios colectivos, en los que se recogen desde cláusulas de jubilación forzosa -están presentes en más de 200 acuerdos-, hasta premios e incentivos al retiro antes de la edad legal -65 años con más de 37 y tres meses cotizados y a los 66, sino se acreditan-, que se mantienen en más de 400 textos vigentes, en los que se recogen referencias al cese voluntario o la jubilación anticipada con pluses.
Mientras el ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, José Luis Escrivá, mantiene su cruzada contra los retiros antes de tiempo, cuyo penalización se aprobará en el último trimestre del año, pequeñas administraciones públicas -y no tan pequeñas-, sectores y empresas siguen empeñadas en rejuvenecer su plantilla vía remuneraciones, vacaciones o pagas extras. Los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social dejan patente que la práctica está demasiado extendida y resulta muy atractiva para trabajadores incluso de 60 años, que serán sustituidos por desempleados, lo que supone un ahorro para el contratador.
Los incentivos van desde 8.000 euros que concede el pequeño municipio granadino de El Valle, de apenas 900 habitantes, a los trabajadores que se 'marchen' a los 62 años, hasta las casi dos anualidades que otorga la Casa Municipal de Cultura de Basauri. Ambas entidades públicas también recogen cláusulas de jubilación forzosa, y el caso de la segunda, justifica los retiros anticipados con el objetivo de la racionalización de recursos humanos, paga desde 21 mensualidades a los empleados que se marchen entre los 60 y 61 años, a los seis meses de salario para los que lo hagan entre los 64 y 65.
También distintas empresas contemplan los premios a la jubilación o de vinculación. Es el caso de Abertis, que prevé en su renovado convenio para tres de sus concesionarias -Acesa, Aucat e Invicat-, una gratificación cuando el retiro se produzca después de los 65 años. A esa edad y con 12 años trabajados se prevén ocho meses de salario. En el acuerdo de Galletas Siro se recoge un premio al retiro voluntario de 7.600 euros para los trabajadores con 60 años, idéntico importe que en el de las empresas de seguridad.
10.000 litros de gasolina
El Málaga Club de Fútbol tiene regulada en su convenio la promoción por jubilación anticipada para sus trabajadores a partir de los 60 años y en Schweppes, lo previsto son más de 44.000 euros para los que dejen la empresa a los 61 años. Además de estas entidades, empresas como Distribuidora Internacional de Alimentación (Dia), el personal de tierra de Iberia o Aena -dependiente del Ministerio de Fomento-, que contempla para todo trabajador que se jubile voluntariamente entre los 60 y 63 años y once meses una indemnización, que sumada a los derechos consolidados en el Plan de Pensiones, "es equivalente al menos a cuatro mensualidades de la base de cálculo y del complemento de antigüedad".
Otras entidades que contemplan primas para el retiro adelantado son el Ayuntamiento de Almazán (Soria), el de Ribadesella (Asturias), el de Cifuentes (Guadalajara), el de Torrelodones (Madrid) o la Hostelería de Cantabria o la Sociedad General Española de Librerías, Diarios, Revistas y Publicaciones, de ámbito estatal, que recoge hasta 15 salarios en el caso de retiro entre los 60 y 61 años. Mientras, el Ayuntamiento de Guadalajara tiene prevista la concesión de hasta 14 salarios para los que abandonen su puesto de trabajo para jubilarse con antelación al cumplir los 63 años.
Pero no todos los premios e incentivos son en metálico. Los hay en forma de vacaciones o como sucede en el convenio colectivo estatal de estaciones servicio por medio de primas en especie, en este caso en combustible, que de 10.000 litros para los que se retiren a los 60 a los 7.000 a los 63. En el convenio de la restauración colectiva, de carácter estatal, se ofrecen a los que quieran irse cinco años antes de los 65 hasta 85 días de vacaciones, además de 4.149 euros.
El escollo de los regímenes especiales
Otro de los escollos a los que se enfrenta Escrivá son los regímenes especiales, que prevén edades de jubilación muy por debajo de la legal. Desde los funcionarios a los bomberos, pasando por Ertzaintza o policías locales. Estos últimos, más de 63.000 en toda España, han sido el último colectivo que se adherido a la jubilación anticipada, en su caso a los 59 años cumpliendo una serie de requisitos, entre otros -en 2021- tener más de 36 años cotizados de los que al menos 15 deben haber transcurrido dentro del cuerpo. Su pensión no sufre recorte alguno debido a la sobrecotización de un 10,6%, de los que el trabajador paga el 1,87% y el resto, la Administración para la que está empleado.
También los matadores de toros, rejoneadores y novilleros que acrediten haber participado en 150 festejos tienen la posibilidad de retirarse a los 55 años, igual que los banderilleros, picadores y toreros cómicos, pero estos tienen que acreditar 200 festejos. Por su parte, los trabajadores incluidos en el Estatuto Minero constituyen un caso peculiar, dada la peligrosidad y penosidad de su profesión, y tienen un coeficiente reductor del 0,5 los picadores, barrenistas y sus ayudantes, que podrían retirarse 10 años antes con 20 acreditados en la actividad.
En el caso de los pilotos aéreos su edad de jubilación también puede anticiparse . A estos profesionales se les aplica un coeficiente del 0,40 por año trabajado. Así 25 años de vuelo bastarían para jubilarse con el 100% diez años antes. Los mecánicos de aeronave, navegantes operadores de fotografía aérea, operadores de medios tecnológicos, fotógrafos aéreos y operadores de cámara aérea tienen un coeficiente corrector de 0,30. Mientras que entre los trabajadores ferroviarios es del 0,15 ó 0,10.
Los funcionarios inscritos en el Régimen de Clases son otro colectivo que puede dejar su trabajo a los 60 años con el requisito de haber trabajado 3o en la Administración -en el caso del personal de la Cortes, 35-. La excepción son los de los Cuerpos Docentes Universitarios y los Magistrados, Jueces, Fiscales y Letrados de la Administración de Justicia, que tienen fijada la edad de jubilación obligatoria a los 70 años de edad. Pese a todo, pueden acceder a la jubilación desde que cumplan los 65 y presenten 15 años de servicios en la Administración. Los funcionarios se retiran de media a los 61,97 años y la mayor parte lo hace entre los 60 y 64 años.
