Las más de 700.000 reclamaciones de pasajeros que se quedaron sin poder coger su vuelo por el coronavirus motivan movimientos en el Gobierno. Hasta tres ministerios están coordinándose para dar una respuesta a los miles de problemas con los que se están encontrando los clientes para que las aerolíneas les devuelvan el dinero. Quien lleva la voz cantante es el departamento de Consumo, que está colaborando con los de Transportes y Justicia para buscar una fórmula legal que sirva para que todo el que quiera recuperar su dinero, pueda hacerlo. Una de las opciones que está sobre la mesa es la diseñar un sistema para que los consumidores reclamen todas las cuantías juntas y se resuelva todo mediante el dictamen de un laudo arbitral que resuelva el enfrentamiento, un método que ya se ha usado en otros grandes conflictos en el negocio de las aerolíneas., según ha podido saber La Información.
La premisa de la que parte el Ejecutivo es la de garantizar el reembolso a todo aquel que no haya podido viajar por la crisis sanitaria. Un movimiento que se realiza por las trabas de las compañías a devolver esos pagos que han denunciado tanto las organizaciones de consumidores como el propio ministro de Consumo, Alberto Garzón. El problema con el que se han encontrado este último y su equipo es que no hay un instrumento que canalice todas las reclamaciones y en el que se ponga a un mismo nivel al cliente y a la empresa fuera de la que ya establece el sistema judicial. Por eso, y como confirmó el mismo este lunes en el Congreso, empezaron a buscar mecanismos extrajudiciales que sirvieran para ese fin.
Según explican fuentes de Consumo, entre las posibilidades para abordar el problema está la de impulsar un arbitraje específico para este asunto debido al alto volumen de reclamaciones. Unas quejas que en el ministerio tienen claro que no dejarán de aumentar una vez avance el plan de desescalada en las distintas provincias. Las 700.000 peticiones de restitución que ha recibido la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) se elevarán en las próximas semanas. Esta institución sería precisamente la que acogería ese nuevo instrumento para atender las quejas de los clientes que hayan visto alterados sus planes por la Covid-19. Para los afectados por causas del virus, acceder a esto sería totalmente gratuito. Además, las firmas estarían sometidas a acatar una decisión vinculante que se establezca en el laudo.
Por eso, ya se está coordinando la colaboración entre Consumo y los otros dos departamentos a los que afectará este futuro vehículo para unificar denuncias. La primera colaboración es con el de Transportes, liderado por José Luis Ábalos, bajo cuyo ala está la AESA y que es la que tiene la interlocución con las aerolíneas a través de sus distintas competencias y empresas públicas. Por otro lado, el otro grupo de trabajo que se ha formado es con el Ministerio de Justicia que dirige Juan Carlos Campo. Este será el encargado de revisar y avalar que la opción elegida para dar facilidades a quienes no han recuperado su dinero se ajuste a derecho, sobre todo si finalmente se opta por el arbitraje y el laudo.
La ley... y la liquidez de las empresas
La normativa europea, según sostiene Consumo, es la que obliga a las aerolíneas a afrontar las devoluciones. El plazo que tienen es de siete días desde que se cancela el vuelo y de hasta 74 cuando es el propio pasajero el que comunica que no puede viajar por el estado de alarma. Pero esto no se está cumpliendo, como lamentan desde la cartera de Garzón como desde la Transportes. Hasta el momento, las compañías han ofrecido bonos para intercambiar ese vuelo perdido por otro que se pueda disfrutar más adelante. Algo que puede no convencer a muchos de sus usuarios por distintas razones. Y que queda reflejado en los datos de AESA, que es la que ha registrado todas esas reclamaciones de clientes nada satisfechos con la respuesta de su operador de vuelo.
Por ahora, el alivio a la situación que vive a la aviación ha llegado a través de la supresión del pago de las tasas de ruta a la empresa que gestiona la navegación aérea, Enaire. Además, compañías como Iberia y Vueling, que pertenecen al grupo IAG, han acudido a la vía de los bancos y del ICO para encontrar financiación suficiente para garantizar su futuro una vez empiece la desescalada de una manera más contundente. Según IATA, la organización que representa a estas firmas, devolver todos los billetes cancelados tendría un coste de 32.000 millones de euros en todo el mundo. Unas cifras que abocarían a una "quiebra" del sector, por lo que insistieron en defender esos vales para poder volar cuando se considerara durante 2021.
Fuentes gubernamentales aseguran que son conscientes de las dificultades de liquidez que tienen en estos momentos las empresas aéreas, cuya actividad lleva dos meses paralizada casi en su totalidad. Algo que les ha afectado, sobre todo, en el ámbito comercial. Pero, según esgrimen, "esto solo va de que hay que cumplir la ley". Además, su idea es que esos bonos que se ofrecen a los clientes sigan formando parte de las posibilidades de restitución del servicio. Pero que sean una opción al mismo nivel que el reembolso y que no tengan una fecha de caducidad. En el caso de que esto último sí ocurra, el Gobierno pretende impulsar medidas para que la devolución de lo gastado pase a ser obligatoria.
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