Criterio de la Dirección General

Trabajo maniobra para evitar 'coladeros' y limita la duración máxima de los ERTE

YOLANDA DÍAZ
YOLANDA DÍAZ

El Ministerio de Trabajo se ha visto obligado a tomar medidas frente a la avalancha de solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo presentadas ante las autoridades laborales durante los últimos días y ha tenido que remitir un criterio a las comunidades autónomas aclarando las condiciones que deben cumplir los ERTE para ser validados. Entre ellas, según figura en el documento al que ha tenido acceso La Información y que ya ha sido puesto a disposición de las direcciones regionales, se fija un régimen temporal que establece que la duración de la suspensión de contratos o reducción de jornada por fuerza mayor solo podrá extenderse durante el tiempo que permanezca vigente el estado de alarma o persistan las circunstancias extraordinarias de fuerza mayor.

La Dirección General de Trabajo aclara así una cuestión que no quedaba específicamente delimitada en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19 donde se concretaron las condiciones para los ERTE exprés habilitados específicamente para paliar el golpe de esta crisis al mercado laboral. Con carácter general, ese texto establece que las medidas aprobadas "mantendrán su vigencia durante el plazo de un mes desde su entrada en vigor, sin perjuicio de que, previa evaluación de la situación, se pueda prorrogar su duración por el Gobierno".

Ahora Trabajo va un paso más allá y aclara internamente para conocimiento de las autoridades laborales de las comunidades autónomas, que están recibiendo un aluvión de solicitudes de ERTE desde el lunes, que "los efectos de la suspensión de contratos o reducción de jornada por fuerza mayor se extenderán durante el tiempo y en las condiciones en que permanezca vigente el estado de alarma declarado por el Gobierno y las eventuales prórrogas o modificaciones del mismo que, en su caso, pudieren acordarse, o mientras persistan las circunstancias graves y extraordinarias constitutivas de la fuerza mayor".

Una aclaración oportuna en estos momentos de incertidumbre en los que miles de trabajadores se enfrentan a estos procesos. Es el caso de María, empleada de un centro de estética que ha tenido que paralizar su actividad. La empresa le acaba de comunicar la iniciación de un ERTE suspensivo por causas de fuerza mayor, concretamente por la pandemia ocasionada por el coronavirus. En la documentación remitida se informa de la suspensión de los contratos de trabajo de toda la plantilla por un periodo temporal inicial de 120 días, "previendo la posibilidad de que esta crisis se alargue ese periodo" y sin perjuicio de finalizar con antelación si reciben la autorización gubernamental para retomar la actividad.

Según el criterio de la Dirección General de Trabajo, en la situación actual la duración de este ERTE en concreto no debería exceder el tiempo que permanezca vigente el estado de alarma, que es la única causa de su cese de actividad. Precisamente, una de las preguntas que más se plantean estos días en los despachos de abogados se relaciona con la duración del ERTE. Su aplicación es siempre temporal, pero no existe un periodo mínimo ni máximo establecido por ley: se trata de una decisión adoptada por la empresa, que debe negociar con los representantes de los trabajadores este punto. Eso sí, desde el área laboral de Ceca Magán aclaran que "nada impide que la duración de los ERTEs sea menor de la inicialmente solicitada" y "de hecho, es responsabilidad del empresario aminorar los efectos suspensivos en lo máximo posible".

La "fuerza mayor temporal"

Otra de las cuestiones en las que insiste el criterio remitido a las autoridades laborales encargadas de tramitar los ERTE es en el concepto de "fuerza mayor temporal", entendida como un acontecimiento externo a la empresa que impide desarrollar la actividad, como es el caso de todos los establecimientos clausurados por las medidas de contención del estado de alarma. También se incluyen suspensiones de la actividad por decisiones de las autoridades competentes de las administraciones públicas o por situaciones urgentes provocadas por el contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo.

La instrucción insiste en que todas estas situaciones deben estar debidamente acreditadas y en el caso de que la interrupción de la actividad se entienda ocasionada por fuerza mayor, será necesaria la previa autorización de la autoridad laboral, a quien corresponde constatar la existencia de la fuerza mayor. El objetivo es evitar abusos por parte de las empresas, ante la amenaza de que puedan aprovechar la situación para hacer ERTE preventivos o encubiertos. Además, recuerda que "en todos los casos, las empresas que soliciten la autorización deberán comprometerse a mantener el empleo durante los seis meses siguientes a la reanudación de la actividad".

Esta última cuestión no es baladí. Se trata de una salvaguarda introducida por el departamento que dirige Yolanda Díaz en el decreto de medidas urgentes para hacer frente a la crisis del coronavirus. Lo que se pretende con este compromiso empresarial es garantizar que las compañías van a optar por ajustes temporales de plantilla y no por despidos definitivos. Para ello también se ha aprobado una exoneración de las cotizaciones a la Seguridad Social al 100% para las empresas de menos de 50 trabajadores y al 75% para las de mayor tamaño. El incentivo sale a cuenta, pues cuando se rescinde un contrato el empresario debe pagar la indemnización y el finiquito, mientras en el ERTE el trabajador cobra la prestación por desempleo del Estado, que ahora pasa a cotizar por él.

El objetivo del Gobierno, según explicó Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros en el que se aprobó el segundo paquete de medidas económicas, es que tras el 'shock' que está provocando la crisis sanitaria en la economía española las empresas recuperen el 100% de sus plantillas para seguir operando con normalidad. El problema es que muchos de los sectores más afectados, como el turismo, empiezan a advertir de que el impacto del Covid-19 en sus cuentas va a ser mucho más acusado y prolongado en el tiempo de lo que está transmitiendo el Ejecutivo y la recuperación de la actividad va a ser lenta, por lo que no descartan que las suspensiones temporales de empleo se conviertan en definitivas.

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