La Fundación España Deporte Global creada en el último Real Decreto-Ley de medidas económicas por el coronavirus ha despertado todas las sospechas sobre su legalidad en los círculos jurídicos más selectos del derecho deportivo y las normas administrativas. Esta institución estará financiada por el fútbol profesional, que queda fuera de su ámbito de actuación, con unos 60 millones al año. Pero plantea un dilema jurídico al definirse como "la única entidad que podrá asumir la gestión y comercialización de los derechos audiovisuales de las Federaciones Deportivas y competiciones distintas al fútbol, cuando no quieran asumirlos por sí mismas". A falta de más explicaciones, eso supone que entidades que se rigen por normas de derecho privado y no explotan sus derechos deberán cedérselos a esta figura del Consejo Superior de Deportes (CSD) que lidera Irene Lozano. Que será quien los comercialice, pero bajo normas de derecho público y en régimen de casi monopolio.
Varios juristas y expertos en derecho deportivo consultados han advertido de que esa opción puede dejar fuera del circuito a los intermediarios privados que quieran optar a comercializar, de forma individual o conjunta, los derechos de emisión de competiciones de las federaciones deportivas que por si solas no puedan, por falta de capacidad o de interés. El ámbito público se pone por encima de la iniciativa privada y puede suponer una lesión tanto para la propiedad privada (esos derechos son de las federaciones y deberían poder hacer con ellos lo que quisieran), como para la libre competencia, dos derechos recogidos en la Constitución.
Los directivos consultados que conocen el mercado reconocen que las federaciones pequeñas son difíciles de rentabilizar, pero caben muchas opciones dentro de los 'broker' e intermediarios del sector que pueden gestionar esos derechos audiovisuales. Ya sea produciendo directamente las imágenes o subocontratándolas a su vez a otros operadores, pueden ser muy útiles a las federaciones, sin tener que entregar todo ese negocio por obligación a una fundación pública. A falta de conocer los estatutos de la nueva fundación, la expresión de "cuando no quieran asumirlos por si mismas" se considera demasiado amplia y perjudicial para el sector privado. En un negocio que, por el momento, "no es una prioridad ante en la pandemia del Covid-19, ni parece que esté justificado dentro de un real decreto de urgente necesidad", advierten. Algo que puede llegar a ser inconstitucional, además de vulnerar las normas sobre libre competencia.
Vuelco al mercado audiovisual... en un decreto del Covid
La clave de esta posible colisión con la Constitución está en las modificaciones en el Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, que es la norma que delimita las condiciones para la gestión y comercialización de los derechos audiovisuales deportivos. Según recoge el texto, publicado el miércoles en el BOE, unos retoques que se justifican con el fin de "financiar y dotar de estabilidad al deporte federado, olímpico y paralímpico" a través de lo que genera el fútbol. Lo que se traduce en la transferencia de recursos privados generados por el balompié hacia políticas públicas, para lo que la fundación servirá para "canalizar la inyección económica".
Para el catedrático de Derecho Tributario de la Universidad de Alcalá de Henares y experto constitucionalista Alfonso García Moncó, el decreto plantea algo que se entiende muy mal desde el punto de vista de su legalidad: organismos que se regulan bajo las normas del derecho privado, como las federaciones deportivas, y que no tienen capacidad para gestionar sus derechos audiovisuales -que son muchas-, pasarán a ceder esos derechos y su valor patrimonial a una entidad creada 'ad hoc' y que los va a explotar en régimen de cuasi monopolio con normas de derecho público. A su entender, esa involución puede generar recursos claros por no respetar el derecho a la propiedad privada. Además de suponer la utilización de un decreto-ley para modificar otra norma que no tiene nada que ver con el Covid-19 con la excusa de la pandemia.
Ese es el otro problema al que apuntan los expertos en derecho deportivo consultados: el cauce legal escogido para hacer el cambio. Se ha empleado un macrodecreto que contiene medidas contra el coronavirus para dar un vuelco total al mercado audiovisual deportivo. Lo que también puede plantear problemas de constitucionalidad al Gobierno. "Si en el preámbulo se deja claro que se utiliza esta vía para legislar por el coronavirus, no puede ser que este recoja temas que no tengan que ver con el Covid-19, asegura la experta en derecho deportivo y adjunta a la dirección de IUSport Irene Guiao, que reitera que esta medida además "va contra el artículo 33 de la Constitución, que respalda la propiedad privada".
Posible adiós a la OTT de Tebas
La Fundación Deporte Global, además, nacerá en seria competencia con el ente que LaLiga había puesto en marcha para gestionar los derechos audiovisuales (LaLiga Sports) de todas las demás federaciones. Una OTT (aplicaciones que ofrecen contenido de video a través de internet) creada a la vista de que, por sí solas, no tienen contenido ni capacidad de negociación con intermediarios, salvo raras excepciones. El decreto no ordena la eliminación de esta empresa, pero limita su utilización, dado que sería uno de los intermediarios que deja fuera el decreto. Luis Rubiales siempre estuvo en contra de esta iniciativa de Tebas en la guerra particular que mantienen desde hace casi dos años.
El otro gran problema al que se enfrenta la Fundación de Irene Lozano es que, como entidad pública, se regirá por la Ley de Contratos del Estado a la hora de gestionar y vender los derechos de las federaciones que lo rechacen. Algo que complica y alarga los procesos hasta el punto de que algunos pueden quedar fuera de toda rentabilidad. Fuentes expertas en este campo aseguran que, una a una, más allá del fútbol, el baloncesto o el tenis, es muy difícil que una federación deportiva pueda ser rentable sin un intermediario que venda sus derechos y sus contenidos a varios patrocinadores. Si se hace de forma conjunta, sería mucho más viable, añaden estas fuentes.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios