"Un día en esta crisis es como un mes". Con esta comparación, fuentes gubernamentales intentan explicar que la epidemia del coronavirus es tan cambiante que la situación puede ser radicalmente distinta de un día para otro. Esto complica sobremanera cualquier tipo de previsión a futuro y en estos momentos no existe un pronóstico fiable sobre el impacto económico del virus. Esta incertidumbre está trastocando todos los planes económicos del Gobierno, que empieza a plantearse la posibilidad de retrasar medidas en cartera como la subida de las cotizaciones sociales. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, tenía previsto llevar el Real Decreto Ley al Consejo de Ministros del próximo martes, si bien fuentes de su departamento no descartan guardar el texto en el cajón hasta que pase el 'shock' del virus.
La medida, que implica un importante incremento de los costes laborales para los empresarios en un momento especialmente delicado, está en el aire. Fuentes oficiales del área de la Seguridad Social matizan que aunque en estos momentos el aplazamiento del decreto "no está sobre la mesa, de aquí al martes todavía hay tiempo para plantearlo y no se descarta paralizarlo hasta dentro de unas semanas o incluirlo más adelante en los Presupuestos Generales del Estado". Las mismas fuentes explican que estos días están focalizados en aportar soluciones de índole laboral al plan de choque contra el coronavirus y estas medidas "urgentísimas" tienen carácter absolutamente prioritario.
Los empresarios ya han exigido al Gobierno suspender cualquier subida de impuestos, estatales o autonómicos, y de costes laborales, incluyendo incrementos en las bases de cotización a la Seguridad Social de empresas y autónomos. Ante la crisis del Covid-19 y sus efectos en la economía y el empleo, fuentes de la patronal comentan que lo fundamental ahora es mantener la flexibilidad interna en las compañías para que puedan adaptarse a esta situación crítica que están atravesando diferentes sectores productivos que ya acusan la falta de suministros de China, así como los que sufren por el absentismo causado por los aislamientos de personal contagiado por coronavirus.
Ante estas advertencias, otras fuentes gubernamentales explican de manera extraoficial que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no va a tomar en este momento de excepcionalidad "ninguna medida que perjudique a los sectores empresariales". Esta afirmación viene a reforzar la tesis de que el Gobierno de coalición no descarta suspender, en principio de manera temporal, algunas de las medidas contempladas en su programa que más impacto tienen sobre las empresas y que estas han rechazado de plano, incluidas las subidas de impuestos o los retoques a la reforma laboral.
Para empezar, en el Consejo de Ministros de ayer se cambió la situación de las cuarentenas por el Covid-19, que pasan a considerarse accidente laboral y no enfermedad común, lo que favorece a los trabajadores, que ven menos mermadas sus retribuciones, y a los empresarios, ya que es la Seguridad Social la que asume los costes. Fue la primera medida económica y habrá que esperar al jueves para conocer el resto del plan, que incluirá herramientas para facilitar los ajustes de la jornada laboral y la conciliación de los padres por el cierre de los colegios, moratorias en el pago de las cotizaciones de empresas y autónomos de las zonas más afectadas por la epidemia, aplazamientos en el pago de impuestos para pymes afectadas o el acceso a una línea de financiación especial del ICO.
Sánchez adelantó estas medidas ayer tras la reunión telemática del Consejo Europeo extraordinario y aprovechó la comparecencia para dejar claro que la intención de todo este paquete se ha diseñado para garantizar que el tejido económico resista a esta emergencia sanitaria y pueda relanzar su actividad cuando pase la epidemia. En este sentido, el presidente insistió en que la economía española se encuentra ante una crisis temporal, pero aseguró tajante que "haremos lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta".
A dos velocidades
El Ejecutivo trabaja a dos velocidades: por un lado está enfocado en lo más urgente, poniendo en marcha de manera progresiva un plan de choque con medidas de prevención y contención, y por otro continúa con su actividad habitual. En el calendario está marcado en rojo el día 17 de marzo. Según confirman desde Seguridad Social la intención inicial de Escrivá era llevar a ese Consejo de Ministros el decreto de la subida de las cotizaciones, si bien abren la puerta a que ese texto que todavía se está ultimando no vea la luz por el momento ante la situación excepcional y se aplace 'sine die', como pronto, hasta que se pase la epidemia.
Aunque un borrador inicial del Real Decreto Ley al que tuvo acceso La Información planteaba una subida de las bases máximas de cotización del 2,8% (que se sumaría al alza de las bases mínimas del 5,5% vinculado al incremento del SMI) el ministro ha matizado después este extremo y ha adelantado que finalmente el aumento se situará por debajo, en el entorno del 2%, en línea con la evolución de los salarios en convenio. Y en el caso de los autónomos, el encarecimiento de la cuota rondará la inflación esperada.
Precisamente los autónomos están pendientes de reunirse con el secretario de Estado de Seguridad Social para tratar este asunto. Había una reunión prevista para ayer que se canceló con motivo de los protocolos de prevención frente al coronavirus. Un motivo más para retrasar la aprobación del Real Decreto Ley, cuyo borrador ni siquiera ha sido trasladado por el momento a la patronal y a los sindicatos, según confirman fuentes de los interlocutores sociales.
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