Mientras cientos de miles de padres y madres trabajadores y trabajadoras del sector privado esperan a que el Gobierno aclare a qué situación extraordinaria pueden acogerse para atender a sus hijos y mayores tras el cierre de guarderías, colegios y centros de mayores por la crisis del coronavirus, Función Pública ya ha aclarado que el personal de la Administración General del Estado que tenga a su cargo menores o mayores dependientes, en caso de que sea "imprescindible", podrá permanecer en su domicilio "por el tiempo que las autoridades competentes determinen y de acuerdo con las instrucciones de sus respectivos órganos de personal".
En la resolución del secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública de medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la AGE con motivo del Covid-19 a la que ha tenido acceso La Información, se establecen una serie de medidas por el cierre de centros educativos o de mayores. Primero, la flexibilización de la jornada laboral y después, en caso de que sea imprescindible, "se permitirá la permanencia del personal en su domicilio, teniendo consideración de deber inexcusable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 apartado j) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público".
El mencionado artículo establece permisos retribuidos para los funcionarios "por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral". Hay que recordar que el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 37.3 apartado d) también establece que "el trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración y por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en una norma legal o convencional un periodo determinado, se estará a lo que esta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica".
Sin embargo, pese a que esta opción también se habilita en la ley para los trabajadores del sector privado, por el momento el Gobierno todavía no ha facilitado indicaciones en este sentido. Sí adelantan que están valorando mecanismos que "protejan" a los progenitores que se tengan que quedar al cuidado de los niños y mayores sin perjudicar al desarrollo de su actividad laboral. Por ahora no concretan medidas específicas y se remiten al Consejo de Ministros extraordinario del próximo jueves, una vez se valore la situación con la patronal y los sindicatos.
La citada resolución, que contempla previsiones "sin perjuicio de la sujeción de todo el personal a las necesidades del servicio y de su disposición, cuando se les requiera, para la prestación de los servicios públicos encomendados a la AGE", también fija que "en el caso de que ambos progenitores o responsables del mayor dependiente tengan la condición de personal al servicio de la Administración General del Estado, no podrán disfrutar de estas medidas simultáneamente".
Bajas con el 100% del sueldo
En cuanto a las situaciones de aislamiento del personal por posible contagio de coronavirus, la resolución establece que "se arbitrarán las medidas necesarias para que el personal al servicio de la Administración General del Estado que se encuentre en situación de aislamiento por motivo del Covid-19 continúe percibiendo durante el tiempo que permanezca en dicha situación el cien por cien de sus retribuciones". Aquí también existe una importante diferencia con los trabajadores del sector privado, cuyas bajas laborales consideradas como enfermedad profesional implican un recorte del salario.
El área de Función Pública que coordina el departamento que dirige Carolina Darias, que ha mantenido esta tarde una reunión urgente con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, también ha decretado una serie de medidas en materia de atención al público, donde se priorizará la atención telefónica y telemática. Además, para el caso de la atención presencial, "se establecerán, si fuese necesario, los turnos imprescindibles para garantizar la prestación del servicio".
En cuanto a las reuniones de trabajo, como en otros ámbitos, se pide evitarlas "en la medida de lo posible", suspendiendo las que impliquen desplazamientos a otra localidad y fomentando el uso de la videoconferencia. También se cancelarán los viajes que no sean imprescindibles y se pospondrán los cursos y actividades formativas de carácter presencial, valorándose la utilización de medios telemáticos como alternativa, cuando sea posible. Y se aplazarán las pruebas selectivas en curso, especialmente aquellas de "concurrencia masiva".
Igualmente se contemplan modalidades no presenciales de trabajo "en los supuestos debidamente justificados" y "previa autorización de los titulares de las Subsecretarías de los departamentos ministeriales". Y también se habilita a la reorganización de turnos dentro de los distintos departamentos. Todo para "garantizar la prestación de los servicios públicos" durante lo que dure el escenario de crisis por el coronavirus.
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