Cuando la economía estornuda, el empleo se resfría. Por eso a estas alturas de la crisis sanitaria del coronavirus a nadie en el Gobierno se le escapa que la tasa de paro es un indicador atrasado y por eso el eventual impacto del Covid-19 en sectores clave como el turismo, que ya sufre una oleada de cancelaciones, o el automóvil, que acusa la falta de suministros de China, podría tardar en llegar al mercado laboral. Así, aunque los datos de paro y afiliación de febrero fueron mejor de lo esperado, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, no baja la guardia y está elaborando una herramienta informática que le permita medir los efectos del virus en la evolución del empleo en tiempo real.
Fuentes del departamento que dirige el expresidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) confirman a La Información que se está ultimando un sistema que permita hacer un seguimiento "en tiempo real" de la situación a través del desarrollo de un 'set de indicadores' diarios precisos para hacer un monitoreo que, en cualquier caso, será interno. Es decir, el Ministerio no tiene intención de hacer públicos estos datos –que van más allá de las altas y bajas diarias de afiliación al Sistema– sobre el posible golpe del virus al empleo en los distintos sectores y áreas de actividad económica.
En el Gobierno, por el momento, consideran prematuro cuantificar el impacto económico del virus, pero sí admiten que lo están monitorizando desde que se registró el primer contagio en España, tal y como se adelantó aquí. La portavoz María Jesús Montero apuntó ayer durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que los efectos dependerán de la intensidad y prolongación de la epidemia y descartó por ahora una revisión a la baja de las previsiones de crecimiento del PIB, que actualmente se sitúan en el 1,6% para este año y en el 1,5% en 2021.
Pero la incertidumbre sobre la evolución del brote es máxima y por eso el Ejecutivo quiere adelantarse a las posibles consecuencias económicas con medidas como las que se van a poner en marcha desde el ámbito laboral. Por un lado, el área de Seguridad Social va a elaborar este banco de indicadores para seguir el impacto prácticamente en directo y poder adelantarse con medidas de contingencia ante escenarios –por el momento no contemplados– de desplomes de la afiliación.
Y por otro lado, el equipo de Yolanda Díaz, desde la Dirección General de Trabajo, está elaborando una serie de protocolos para las empresas con un paquete de medidas laborales a poner en marcha si se ven afectadas por el coronavirus. Se trata de mecanismos de prevención de riesgos ante supuestos como la falta de personal en baja por contagio o la escasez de suministros para la cadena de producción que puede llevar a una compañía a declarar una suspensión temporal de la actividad (ERTE).
Respecto a los ERTEs, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, recordó ayer que esta opción ya está recogida en el ordenamiento jurídico español, por lo que no serían necesarios especiales ajustes legislativos y los trabajadores afectados quedarían en suspensión del contrato y comenzarían a percibir su prestación por desempleo. Eso sí, adelantó que, llegado el momento, se podrían establecer mecanismos de protección por desempleo adicionales para paliar los efectos de las suspensiones. "Son términos especulativos, porque no conocemos que haya ERTEs suspensivos por la carencia de materia primas", zanjó.
La primera medida que adoptó el Gobierno en el ámbito laboral fue la consideración de cualquier periodo de aislamiento preventivo a que se vean sometidos los trabajadores como consecuencia del virus como situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común. Este criterio encendió las alarmas en las organizaciones empresariales por la factura derivada para las compañías al tener que asumir el coste de esas bajas del cuarto día al decimoquinto, momento en que el pago de la prestación empezaría a ser asumido por las mutuas de accidentes de trabajo o por el organismo de Seguridad Social al que le correspondiera.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ya ha advertido de que el coronavirus va a afectar a la economía y no es el momento de generar más dudas desde el ámbito político. En su opinión, si al temor que está generando el efecto del Covid-19 en la actividad económica se le añaden un "cambio radical" de la reforma laboral, más impuestos y otras medidas, lo único que se provocará es una mayor incertidumbre.
En estos momentos es prácticamente imposible medir el impacto. Las casas de análisis coinciden en que las décimas que pueda restar la crisis del coronavirus al avance del PIB en 2020 dependerán de cómo evolucione la epidemia, de su intensidad y su prolongación en el tiempo. Si bien en lo que se refiere al empleo los datos del mes de febrero resultaron más favorables de lo esperado, lo cierto es que en la tendencia anual el frenazo del mercado laboral es evidente (se crean poco más de 350.000 empleos cuando hace un año eran más de medio millón y el paro se reduce en unas 40.000 personas, frente a más de 180.000) por tanto el eventual golpe del Covid-19 llegaría en el peor momento.
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