600 millones en inversión social para mayores, dependientes y personas sin hogar. Esa es la partida que destinará el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos para mitigar los efectos del coronavirus sobre estos colectivos, que son algunos de los más vulnerables durante esta crisis, y que forma parte del ambicioso plan económico frente a esta enfermedad. Una decisión que se ha tomado tras una propuesta del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que tiene mando operativo sobre el Ejército y está a cargo de todas las políticas que tengan que ver con los ancianos y las personas en riesgo de exclusión social durante el Estado de Alarma.
Estos 600 millones forman parte de ese plan de choque social que ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que se reparten en dos partidas. La primera se dedicará exclusivamente a la atención de los ancianos, las personas sin hogar y quienes estén en situación de dependencia. Los otros 300 irán para que los ayuntamientos flexibilicen su regla de gasto y puedan aplicar políticas sociales para esos mismos colectivos, además de para afrontar problemas que se hayan producido por la pandemia. Unos colectivos por los que tiene que mirar la Vicepresidencia de Derechos Sociales que lidera Iglesias, ya que todos ellos están bajo el paraguas de su cartera ministerial.
Este paquete de medidas a colectivos vulnerables forman parte de esos 200.000 millones de inversión contra la pandemia que ha anunciado este martes el jefe del Ejecutivo. Un plan de choque sin precedentes "en la historia de la democracia", como ha señalado Sánchez, y para el que se da una respuesta que es igual de inédita. De esa gran cifra, que se acerca al 20% del PIB del país, 117.000 millones son públicos, mientras que el resto se conseguirá a través de las aportaciones privadas. Y que llegarán tanto a grandes empresas, como a pymes, autónomos y familias, ya que todos por igual están atravesando un momento delicado.
La explicación para esta partida específica está en los efectos que provoca el virus en estos grupos sociales. Tanto los mayores como los dependientes son dos de los colectivos que más sufrirían los efectos del Covid-19 si resultaran afectados, ya sea por edad avanzada, la debilidad del organismo o las patologías previas que padecen. Las personas 'sintecho' también están en una situación de especial vulnerabilidad por la imposibilidad que tienen de llevar a cabo esa recomendación de quedarse en casa del resto, por lo que están mucho más expuestas a un posible contagio.
La flexibilización de la regla de gasto para poder invertir la tesorería era algo que reclamaban ayuntamientos como el de Madrid. Aunque su petición venía más por el lado de reducir impuestos a las empresas, pymes y autónomos, para que así afrontaran la pandemia desde una posición mucho menos crítica. Finalmente, el Ejecutivo abre la mano para que ese superávit de los consistorios pueda destinarse a la atención social. En concreto, se les apoyará además con 300 millones. Pero solo podrán utilizar ese saldo positivo si lo destinan a atender a los dependientes, a reforzar los servicios sociales o a solucionar problemas que se hayan producido por el avance del virus.
Hipotecas, luz, agua, gas...
Las medidas sociales se completan con las que tienen que ver con las facturas de las familias. Dado que un gran número de unidades familiares pueden sufrir la crisis, e incluso formar parte de esos ERTE que el Gobierno también ha flexibilizado este martes, el Consejo de Ministros ha tomado varias decisiones sobre los recibos o cuotas que se pagan mensualmente. La más novedosa es la imponer a la banca una moratoria en el pago de las hipotecas durante dos meses. Aunque esto se limita a quienes hayan visto cómo se reducen sus ingresos o se hayan quedado sin empleo por las consecuencias económicas del coronavirus. Además, los colectivos vulnerables se beneficiarán de otra moratoria para abonar los suministros básicos, como son agua, luz y gas.
Con estas medidas, en principio quedan cerradas las discrepancias que habían surgido en el seno del Gobierno de coalición por qué medidas eran necesarias para afrontar la emergencia sanitaria. Esos choques, que se produjeron sobre todo entre Iglesias y la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, explotaron durante el Consejo de Ministros del pasado sábado, en el que se aprobó el Estado de Alarma. En aquel encuentro, el vicepresidente segundo insistió en que el plan económico se presentara ese mismo día y no se retrasara hasta este martes. Además, reclamó que se adoptaran algunas de las decisiones en materia social que se han concretado este martes, y que se tuviera más en cuenta a los trabajadores que a las grandes empresas. Algo con lo que no estaba conforme la responsable de Economía, que contaba con el respaldo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Finalmente, Sánchez medió y se situó más del lado de Calviño. Aunque las decisiones tomadas en la reunión de la que ha salido esa inversión en 200.000 millones suponen toda una victoria simbólica para Unidas Podemos. Sobre todo porque Iglesias pidió esa moratoria sobre la hipotecas, como ya publicó este medio. Aunque finalmente no ha conseguido su objetivo de que se aplique también a los alquileres, el jefe del Ejecutivo si ha mandado un mensaje durante su intervención en Moncloa en ese sentido. Un guiño que ha lanzado a los propietarios de las viviendas, a los que ha sugerido que ayuden a los inquilinos que no puedan afrontar los pagos con normalidad.
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