Medidas contundentes para situaciones excepcionales. Así lo confirmó el martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En concreto y ante la amenaza del coronavirus, el Ejecutivo pretende inyectar 200.000 millones de euros para paliar el impacto de la crisis sanitaria sobre la economía española.
La medida, que supone casi un 2% del PIB, tiene como objetivo matizar las condiciones de los despidos colectivos temporales, apoyar a los trabajadores y a las empresas afectadas por la caída de la actividad, garantizar la liquidez de las empresas, y apoyar la investigación para encontrar una vacuna contra el coronavirus. Entre las medidas concretas figuran el retraso en el pago de las hipotecas, la flexibilización de las cotizaciones a la seguridad social para las pymes y los trabajadores autónomos, y la posibilidad de que los empleados se adapten y reduzcan su horario de trabajo para cuidar a sus familiares dependientes.
"En conjunto, las medidas anunciadas son exactamente lo que se necesita en esta fase", según señala el analista de finanzas públicas de Scope Ratings, Alvise Lennkh. "La garantía de liquidez y el apoyo a los autónomos es particularmente importante. Ello se debe a que es poco probable que los bancos concedan préstamos a empresas, que ahora son más inestables debido a la pérdida de flujo de caja resultante de la falta de demanda provocada por las medidas de contención", añade Lennkh.
De esta manera, el paquete de 200.000 millones de euros comprende fondos públicos y privados y equivale a alrededor del 16% del PIB de España. 100.000 millones de euros están vinculados a un sistema de garantía pública a través del ICO, para asegurar la liquidez de las empresas en dificultades. Otros 17.000 millones de euros se destinan a apoyar a los grupos más propensos a sufrir los efectos de la pandemia. Se espera que el resto provenga de recursos del sector privado.
El impacto del virus dependerá, en mayor medida, de su duración. Por ello, si el brote dura como en China, desde Scope Ratings señalan que esperan una fuerte revisión a la baja del crecimiento en el primer semestre de 2020. "Antes del estallido de la crisis del coronavirus, esperábamos que el crecimiento se rebajara hasta alrededor del 1,6% en 2020 desde el 2% en 2019. Sin embargo, además de los procesos que afectan a la mayoría de los países (suspensión en las cadenas de suministro y en la demanda interna), España está particularmente expuesta a los efectos de la crisis de este virus, dada su elevada dependencia del sector turístico (alrededor del 15% del PIB). Un crecimiento cercano o inferior al 0% para 2020 es nuestra línea de base con un amplio margen de incertidumbre", confirma Alvise Lennkh.
Antes del brote de COVID-19, las autoridades españolas habían anunciado objetivos presupuestarios de un déficit global del 1,8% para 2020, sujeto a la aprobación del presupuesto. Las estimaciones para el presupuesto de 2020, que se basan en la prórroga del de 2018, suponían un déficit de alrededor del 2,2% para este año antes de las medidas anunciadas.
El rating de España no está bajo amenaza
Además, los inversores se preguntan sobre cómo afectará la crisis al rating de España. En este sentido y, teniendo en cuenta que la próxima revisión está prevista para el próximo 21 de agosto, el analista estima poco probable una revisión a la baja sobre la solvencia de España, al menos, a corto plazo.
No obstante, afirma que, si bien los objetivos presupuestarios, que implican un importante esfuerzo fiscal, serían positivos para el crédito (lo que daría lugar a una disminución gradual del déficit fiscal hasta alrededor del 0,9% del PIB en 2023), la incapacidad del gobierno para adoptar el presupuesto sin el partido separatista catalán ERC pone de relieve la fragmentación política del país, que pesa sobre la eficacia de la formulación de políticas, posponiendo la introducción de reformas que implican un coste político muy alto.
“En el contexto de la crisis, la perspectiva de un déficit más cercano al 3% del PIB en 2020 no es en sí misma una razón para rebajar la calificación de los bonos soberanos. La justificación de un mayor déficit, su composición resultante y el contexto actual son fundamentales para evaluar las repercusiones crediticias, que, en nuestra opinión, justifican un importante esfuerzo fiscal para contrarrestar la crisis del coronavirus”, añade.
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