Pedro Sánchez no descarta expresamente que haya recortes a medio y largo plazo. Una decisión con un alto coste político y social que dependerá de cómo reaccione la economía una vez pase lo peor del coronavirus. Y para lo que ve clave que se produzca una recuperación del empleo y que funcione la reforma fiscal que ya está preparando el Ejecutivo. Así lo ha expresado el presidente del Gobierno en su respuesta a la pregunta parlamentaria de la diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua, que le ha cuestionado directamente sobre si tiene previsto recortar en partidas sociales para así cuadrar las cuentas. Algo a lo que Sánchez no ha respondido con un 'no' explícito, sino que ha hablado de impulsar "políticas anticíclicas", que suponen "endeudar y gastar más para proteger a muchos sectores".
Según ha explicado el jefe del Ejecutivo, la respuesta de su administración a la crisis económica generada por la pandemia ha sido "en positivo, sostenible e inclusiva". Pero posteriormente ha matizado que habrá que "atajar" ese déficit de más del 10% en el PIB que calculan en Moncloa para este 2020. Una labor que quiere llevar a cabo "espoleando el crecimiento" y con esa nueva reforma fiscal "para que haya mayor justicia fiscal a la que ha habido ahora". "Habrá, esperemos, políticas que se vayan reduciendo porque haya una mayor creación de empleo y no tengamos que prestar tanta protección al desempleo porque habrá una reducción de esa tasa", ha añadido Sánchez, que ha defendido su respuesta con medidas para mitigar la exclusión social como el Ingreso Mínimo Vital.
Esta exposición no ha gustado a Aizpurua, que ha recordado que el propio Gobierno esgrimió que la respuesta a esta crisis "no sería como la de 2008" y que "no se dejaría que la ciudadanía pagara las consecuencias una vez más". "A la vez se apunta a un plan de ajuste para contentar a Europa, que conllevaría un aumento de la edad de jubilación y mayor indefensión para los trabajadores", ha asegurado la parlamentaria abertzale, que ha avisado a Sánchez de que si no asume el compromiso de no hacer recortes "entenderemos que esos recortes están sobre su mesa". "Si pretende recortar en derechos a la ciudadanía, no contará con la mayoría progresista de esta cámara", ha reiterado Aizpurua, que ha reclamado que la crisis "la paguen los ricos y el capital".
La necesidad de la ayuda europea
Hasta el momento, la coalición de PSOE y Unidas Podemos ha descartado por completo que se vayan a producir recortes como los del año 2010, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, ni mucho menos parecidos a los que llevó a cabo Mariano Rajoy en los primeros años del mandato que comenzó a finales de 2011. De hecho, los miembros del Ejecutivo han marcado distancia con la respuesta que se dio tras crisis que comenzó en 2008. Un argumento que han utilizado para criticar a los países del norte de Europa que se negaban a que hubiera transferencias directas desde la Unión Europea que no implicaran condicionalidad a los países más afectados por la pandemia, como la propia España o Italia. Y a los que lanzaban el aviso de que "no había que repetir los errores del pasado", en referencia a las políticas de austeridad.
En lo que sí ha sido claro el Gobierno es en que necesitan la ayuda europea para poder salir adelante tras esta crisis inducida para proteger a la población del virus. La propuesta de la Comisión Europea de un plan de reconstrucción de 750.000 millones de euros, de los cuales 140.000 millones irían a parar a España, aún tiene que ser validado por los jefes de Estado y de Gobierno en una reunión que se celebrará el próximo 19 de junio. La discusión girará en torno a ese Fondo de Recuperación para responder a la crisis de la COVID-19 y a la elaboración de un nuevo presupuesto de la UE a largo plazo. Una cita para la que Sánchez ya cuenta con el respaldo de los gobiernos italiano o portugués. Y donde tendrá que convencer a sus homólogos holandés o finlandés para conseguir esas transferencias.
De confirmarse ese plan, Madrid obtendría 77.000 millones en ayudas directas y otros 63.000 en créditos. Esto le convertiría en el segundo estado más beneficiado solo por detrás de Italia, que obtendría unos 172.000 millones, 81.000 de los cuales en transferencias. Para afrontar esta inversión, Bruselas elevará temporalmente su límite de gasto por esta crisis "urgente y excepcional". Además, la Comisión que lidera la alemana Ursula Von der Leyen propuso que el presupuesto plurianual llegue al 1,1 billón de euros. El problema está en esas reticencias del norte, cuyos países insisten en que todo se haga a través de préstamos e incluso se imponga cierta condicionalidad a cambio de ese dinero.
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