"El Gobierno va a estar del lado de las empresas que no despidan". Así de claro lo dejó ayer el presidente durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Pedro Sánchez hizo un llamamiento directo a los empresarios del país afectados por los cierres decretados con el estado de alarma y a los que estén sufriendo una caída de la demanda o de la producción como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus. Les pidió encarecidamente que prioricen los ajustes temporales de plantilla frente a los despidos definitivos de trabajadores. Para garantizar que el empresariado opta por esta opción el Ejecutivo ha agilizado los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo y ha exonerado a las empresas que los tramiten de la cotización a la Seguridad Social durante el tiempo que dure el estado de alarma.
El Gobierno ya cuenta con que esta flexibilización en las condiciones de los ERTE (agilización de mecanismos y plazos) va a agravar la oleada de expedientes que ya está en marcha, hasta el punto de que, en cálculos internos, el área económica del Ejecutivo ya baraja un escenario en el que las oficinas de empleo van a sumar más de un millón de parados en los próximos dos meses. Fuentes sindicales y empresariales consultadas por La Información respaldan estas estimaciones. El propio secretario general de CCOO, Unai Sordo, lamentaba ayer que más de un millón de trabajadores se van a ver afectados por estos ajustes de plantilla y en un comunicado conjunto con UGT las asociaciones sindicales advertían de que están observando una "proliferación enorme de ERTE".
Los sindicatos van más allá y piden que se vinculen las medidas de flexibilidad interna que se pudieran ir aprobando en las empresas a la prohibición de otros mecanismos de ajuste como despidos o no renovaciones de los contratos temporales. Una medida al estilo de Italia, que ha prohibido durante dos meses que las empresas puedan despedir a sus empleados por motivos económicos derivados de la situación de emergencia que se está viviendo en el país, donde el Covid-19 ha causado más de 2.000 fallecidos. Sí estarán permitidos, sin embargo, los despidos por motivos disciplinarios.
El Gobierno español, por el momento, no valora esta opción. Ahora se centran en facilitar a las empresas la tramitación de los ERTE, bajo la premisa de que estas suspensiones de empleo temporales implicarán la readmisión de los trabajadores a las empresas cuando finalicen los expedientes. Si bien fuentes de algunos sectores empresariales especialmente perjudicados por esta crisis, como el hotelero, ya avisan de que los ajustes de plantilla en principio temporales podrían acabar por convertirse en definitivos, es decir pasar de ERTE a ERE, en función de cómo evolucione la pandemia. En el sector turístico ya dan por perdida la Semana Santa y empiezan a poner en cuarentena incluso el verano.
Ante este panorama, las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) tendrán que tramitar un aluvión de altas de desempleo por ERTE y deberán hacerlo además en unas condiciones mínimas, pues se han visto obligadas a cerrar la atención al público y a habilitar los trámites online, por lo que durante el tiempo que dure el estado de alarma la 'cola del paro' pasará a ser virtual. En cualquier caso, el Ministerio de Trabajo ya se está preparando para esta demanda masiva de empleo y está habilitando más medios para la atención telefónica y telemática. También contemplan la posibilidad de tramitar de oficio las inscripciones de estos trabajadores, con independencia del número de afectados.
Según las previsiones que maneja el propio Gobierno, el paro en España se va a disparar entre marzo y abril a niveles no vistos desde 2015, cuando la economía española empezaba a recuperarse de la crisis pero el mercado laboral todavía arrastraba sus peores estragos. Se volverán a superar los 4 millones de parados, tras sumar más de un millón a los cerca de 3,3 millones que hay en estos momentos. Lo que espera el Ejecutivo es que estas personas pasen a engordar las listas del Sepe solo de manera eventual y recuperen sus puestos de trabajo cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Sánchez dejó ayer claro que se van a destinar todos los recursos a reforzar la protección del empleo durante esta "crisis temporal" para evitar un "impacto negativo permanente".
En cualquier caso, las medidas de ajuste temporal no están exentas de la supervisión del Ministerio de Trabajo para garantizar que no se producen abusos en los ERTE. En el caso de las empresas afectadas directamente por el brote de coronavirus o que hayan tenido que cerrar por el estado de alarma, deben comunicar la medida a la autoridad laboral, que dispone de un plazo máximo de siete días para responder. En caso de que el ajuste se produzca por la caída de la oferta o de la demanda, la tramitación es la ordinaria, incluyendo la negociación con los representantes de los trabajadores, pero los plazos deben acelerarse.
Además, el Estado se hará cargo de que todos los afectados por los ERTE derivados de la crisis del coronavirus perciban prestaciones por desempleo aún en el caso de que no hayan cotizado el tiempo suficiente para acceder al subsidio. El periodo de cobro de la prestación, mientras dure esta situación, no se restará del periodo de cómputo de la prestación por desempleo que acumulen los trabajadores, es decir, se pondrá el 'contador a cero' cuando termine este momento excepcional. Se considera, por tanto, un paréntesis en la prestación de desempleo que no afectará a eventuales prestaciones futuras del cotizante.
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