Para el envío de correspondencia postal ordinaria

Correos pierde el concurso postal de Madrid en pleno marcaje de la CNMC

El Ayuntamiento excluye al operador público por superar el precio máximo fijado días después de que la CNMC anunciara que examinará todos sus contratos con grandes clientes.

Correos se quedó fuera del concurso postal del Ayuntamiento de Madrid
Correos se quedó fuera del concurso postal del Ayuntamiento de Madrid
Europa Press

Correos se ha quedado fuera del primer gran contrato postal con la Administración Pública resuelto tras la activación de las medidas cautelares anunciadas por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) el pasado mes de junio para vigilar de forma más estricta la política de descuentos a grandes clientes del operador postal propiedad del Estado.

Se trata del primer lote del contrato de servicios postales del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos, que asigna la recogida, admisión, clasificación, transporte y entrega en el domicilio de los destinatarios del correo ordinario -cartas y tarjetas postales- del consistorio de la capital y que hasta ahora venía desempeñando la compañía de la cornamusa. Correos se quedó fuera del concurso por el contrato municipal en el primer corte por superar en su oferta los precios máximos unitarios establecidos por el Ayuntamiento de Madrid para adjudicar el servicio. De hecho, fue la única de las tres compañías concurrentes -competía con la catalana Recerca y la UTE formada por Hispapost y Servinform, a la postre adjudicataria del contrato- en superar los umbrales establecidos por el órgano de contratación, razón por la que fue excluida del concurso.

Las compañías tuvieron que presentar sus ofertas el día 23 de junio, apenas un puñado de días después de que la CNMC adoptara la decisión de imponer una serie de medidas cautelares a Correos ante la sospecha de que podría haber aplicado descuentos excesivos en sus ofertas de servicio a grandes clientes con consecuencias relevantes para la competencia en el mercado postal. En concreto, Competencia imponía al operador postal estatal la obligación de remitir con regularidad trimestral sus ofertas comerciales a grandes clientes al objeto de que el organismo que vela por el adecuado funcionamiento de los mercados evalúa si éstas se sujetan a los parámetros de una competencia normal o, por el contrario, lo exceden, como han venido denunciando sus competidores y como sospecha la propia CNMC.  

La CNMC considera verosímil, a partir de la información proporcionada por la patronal de empresas postales, Asempre, el relato de que Correos ha ido más allá de los descuentos máximos aplicables a clientes minoristas según las tarifas oficiales validadas por Competencia cuando ha visto que un competidor mejoraba sus ofertas y que esta política ha hecho que las empresas postales competidoras del operador estatal hayan visto reducida su capacidad para competir como consecuencia de ello. De hecho, el expediente incorpora información sobre al menos dos casos en los que Correos habría reducido de forma considerable la agresividad de sus ofertas tras la desaparición del mercado de Unipost, su principal competidor.

Desde Correos se rechaza cualquier tipo de vinculación entre ambas circunstancias y se recalca que la compañía se presenta a un número muy elevado de concursos y que en unas ocasiones obtiene el contrato y en otras no, como ha sido el caso del primer lote de los servicios postales del Ayuntamiento de Madrid, que también pasa por ser el menos relevante desde el punto de vista económico. Fuentes de los operadores postales privados, sin embargo, ven lo sucedido en el concurso municipal de Madrid como una victoria y como un cambio de tendencia que se puede acentuar en los próximos meses al amparo de las medidas cautelares de Competencia.

La política de descuentos a grandes clientes de Correos lleva tiempo en el punto de mira. No sólo por las actuaciones de la Comisión de Competencia, a instancias de los competidores de la empresa pública, sino también porque ha resultado señalada en informes independientes como el de la Autoridad Fiscal, que cuestionó abiertamente los descuentos comerciales ofrecidos por la firma y su supuesta contribución al negocio de Correos desde el punto de vista de la rentabilidad económica, o las evaluaciones de la Comisión Europea, que de hecho ha exigido recientemente al Gobierno que garantice que la retribución que recibe la compañía por la prestación del Servicio Postal Universal (SPU) -los envíos no rentables que asume Correos para garantizar los derechos que la Ley Postal reconoce a los ciudadanos- no sufraga la operativa de la compañía en otros ámbitos. 

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