El 1 de julio de 2009, el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero daba luz verde al bono social eléctrico, un descuento en la factura de la luz para las familias vulnerables económicamente que podía alcanzar el 25%. La medida, que llegó a beneficiar en el primer momento a uno de cada diez consumidores, fue recibida con júbilo casi general, pero pronto empezaron a surgir los problemas, que provocaron un goteo constante de bajas, voluntarias e involuntarias, que ha hecho que sus beneficiarios pasen de más de tres millones en marzo de 2010 -el máximo- a apenas un 1,1 millones en el mismo mes de 2021, último dato disponible.
Una tramitación lenta, que tiene numerosos requisitos y que se ha complicado aún más con la exigencia de renovaciones periódicas, ha echado para atrás a muchas familias vulnerables, que no han realizado el papeleo para recibir el bono. Pero las bajas, que comenzaron solo a los pocos meses de su puesta en marcha de la medida y fueron mayoritariamente involuntarias, tuvieron otras causas, desde el fraude, a nuevas condiciones para acceder a la bonificación, hasta los colectivos que pueden beneficiarse de la ayuda. En el fondo del fracaso está la improvisación, que no se haya dado prioridad a la renta y los constantes cambios, algo que ha generado dudas e incertidumbre.
La primera radiografía del bono social, la del primer trimestre de 2010, cuando la novedad, la euforia y, sobre todo, la mano abierta para que se sumasen cientos de miles de consumidores catapultó el número de perceptores a más de tres millones, mostraba que apenas un 0,67% eran desempleados, uno de cada diez cobraba una pensión mínima y apenas un 2,7% eran familias numerosas. El resto, un 85,5% eran consumidores con una potencia contratada menor a 3 kW, un criterio, que sin considerar las rentas podía lleva a la picaresca de miles de ciudadanos.
La precipitada irrupción del bono social eléctrico, que en un principio llegó a los hogares de forma automática, metió en el paquete de los perceptores a muchas segundas residencias y también a pequeños locales, algo que evidenciaba un gran número de beneficiarios en la costa. La solución fue sacarlos del sistema, una labor que se hizo de forma progresiva y sin demasiadas prisas y que dejó fuera cerca de 600.000 clientes iniciales, que durante un tiempo recibieron la bonificación, que podría haber llegado a familias realmente vulnerables.
En la actualidad, se considera vulnerables aquellos hogares en los que la renta es igual o inferior a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), 11.862,9 euros anuales, si no existe unidad familiar o no hay menores en la misma; o dos veces el indicador, 15.817,2 euros al año, si además existen circunstancias especiales. A partir de ahí, cada menor en la unidad oficial, hasta dos, suma medio punto y uno si en el hogar existe una situación especial. Pese a todo, ni siquiera la crisis económica consiguió un aumento importante de perceptores, pese a los miles de hogares en los que sus miembros perdieron el empleo o el negocio, y tampoco lo ha hecho como se podía esperar la provocada por el coronavirus.
La ley de 2017 cambió drásticamente el panorama. Más restrictiva, centró el bono en familias vulnerables, muy vulnerables, numerosas y en los pensionistas
No fue hasta 2017, a través de un Real Decreto, cuando se reguló la figura del consumidor vulnerable y se introdujeron algunos cambios en el bono social, además del concepto de vulnerables severos, que desde esa fecha reciben un descuento mayor y tienen un IVA reducido. En la actualidad suponen más de medio millón, prácticamente la mitad del total de los beneficiarios, y deben estar acogidos a tarifas de último recurso y ser atendidos por los servicios sociales de las Administraciones Públicas por hallarse en riesgo de exclusión social. Junto a esto, tienen cuatro meses, a partir del requerimiento del primer pago, para abonar la factura de la luz, antes de que se corte el suministro por impago.
La nueva legislación, mucho más dura en cuanto a los requisitos, sacó fuera del sistema a cerca de 1,7 millones de beneficiarios, la mayoría incluidos bajo el concepto de Consumidores con potencia contratada menor a 3 kW, una situación que, pese a los altibajos más o menos destacados, se mantiene hasta hoy, incluso con el pequeño repunte por el efecto de la Covid en las economías domésticas. Mientras, la renovación bianual pretende detectar si los beneficiarios siguen cumpliendo los criterios para serlo, expulsado a muchas familias de las ayudas al no presentar los papeles necesarios, pese a los recordatorios de las eléctricas a través de campañas para que renueven.
Tras la gran reforma del bono social, también ha cambiado el perfil de los perceptores. Las familias numerosas, que no requieren presentar renta, aunque hay un alto porcentaje con vulnerabilidad severa, son las que más incremento proporcional han registrado. Si hace 11 años representaban el 2,7% del total, hoy suponen el 28%. Mientras los pensionistas, que también figuraban en las primeras tablas, suponen una proporción muy similar a la contemplada inicialmente. Por último, las unidades familiares vulnerables y vulnerables severas suman un porcentaje del 61% del total de perceptores.
Muchos hogares quedan fuera del bono por no solicitarlo o desconocerlo, ya que no es automático. Hasta tres millones de familias podrían cumplir los criterios
Pese a que muchos hogares pueden solicitar la ayuda tal y como está estipulada, que supone un recorte de hasta casi la mitad de la factura de la luz en algunos casos, muchas familias se quedan sin ella al no solicitarla o desconocerla, ya que no se otorga de forma automática. Según el documento 'La población en riesgo de pobreza o exclusión social en España', elaborado por el Banco de España, los hogares en situación de pobreza o exclusión social en España suman 4,5 millones, pero el bono social solo llega a 1,1 de unidades familiares.
El 17% de los hogares de un total 18,7 millones tiene ingresos inferiores a mil euros netos mensuales, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que supone que casi 3,2 millones familias estarían en las franjas de vulnerabilidad previstas para el bono social. Por su parte, un informe de BBVA Research destacaba que casi un 57% de los 18,7 millones de los hogares españoles no tenía recursos económicos para pasar nueve meses sin ayudas y que uno de cada tres del total -casi 6,2 millones- no aguantarían más de tres meses.
También pueden optar al recorte de la factura de la luz los jubilados con pensión mínima -2,68 millones- y las personas que acrediten incapacidad permanente con una pensión de menos de 1.270 euros brutos al mes en 14 pagas -más de 626.000 personas-. Sin embargo, solo hay 160.000 pensionistas que disfrutan del bono de luz, según una respuesta del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico al senador socialista Miguel Ángel Heredia Díaz.
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