La ministra de Justicia Cecilia Sánchez, quien asumió el cargo en julio, decidió acelerar en noviembre el traslado de reos a un sistema semiabierto, en el que éstos salen durante el día a trabajar o estudiar y pernoctan en un dormitorio del sistema.
"Hay un problema de hacinamiento grave: las prisiones tienen capacidad para 9.000 internos y actualmente albergan más de 14.000", explicó Sánchez a la AFP.
"Esto nos ha provocado denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay 18 sentencias de jueces nacionales que nos ordenan el cierre de 11 de nuestros 13 centros penales. Además, hay decisiones de la Sala Constitucional, de acatamiento obligatorio, que nos obligan a tomar medidas", agregó la funcionaria.
Sin embargo, Sánchez ha sido blanco de fuertes ataques por parte de la prensa local y de autoridades judiciales que temen un agravamiento de la criminalidad.
"Le están trasladando el problema a los ciudadanos, probablemente habrá problemas en la calle porque ninguna de esas personas (detenidas) ha recibido rehabilitación" en el sistema penitenciario, expresó Carlos Chinchilla, magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en recientes declaraciones a la prensa.
Un ciudadano presentó un recurso de amparo contra la ministra y algunos medios de comunicación provocaron alarma afirmando que se pondría en libertad a peligrosos delincuentes.
Aunque no es el peor caso de Latinoamérica, donde se registran sobrepoblaciones penales muy superiores, el problema se ha venido agravando en Costa Rica con fuerte impacto en materia de derechos humanos.
Por ejemplo, en El Salvador la sobrepoblación es de 300%, según la Universidad Centroamericana, en Nicaragua de 225%, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y, en Venezuela, de 190%, según el Observatorio Venezolano de Prisiones.
Un funcionario del sistema penitenciario que pidió el anonimato aseguró a la AFP que la sobrepoblación ha hecho que las autoridades pierdan el control de las cárceles, donde las bandas internas toleradas por el personal de seguridad imponen sus normas.
"Las torturas, como las palizas y las violaciones sexuales, se han convertido en cosa de todos los días y ocurren con total impunidad", aseveró la fuente.
"Solo los jefes de las bandas y sus allegados pueden tener visita familiar o recibir atención del médico, los demás reos, a quienes llaman 'perros', están excluidos de esos derechos", aseguró.
Uno de los problemas más graves es que el personal técnico, como abogados, trabajadores sociales o psicólogos, casi no tienen contacto con los internos y las sesiones con ellos se limitan a cinco minutos cada seis meses o un año. El hacinamiento hace imposible un opción real de tratamiento.
La ministra Sánchez se queja de que el sistema judicial envía a prisión un promedio de 600 nuevos internos al mes y en muchos casos por delitos menores.
"Esta saturación nos impide brindar tratamientos para lograr lo que en teoría es el objetivo de la cárcel: rehabilitar a la persona que delinque para que pueda reincorporarse a la sociedad y ser una persona de bien", explicó la ministra.
Tampoco permite separar a pequeños infractores de aquellos involucrados en asesinatos, narcotráfico, violaciones y otros graves delitos, por lo que la cárcel se convierte en una escuela del crimen.
Los que se oponen al egreso de la población penitenciaria urgen al gobierno a construir nuevas cárceles para aumentar su capacidad de alojamiento.
Pero, "al ritmo de 600 ingresos mensuales, si construimos cien cárceles, dentro de poco tendremos cien cárceles saturadas", replica Sánchez, quien asegura que ningún delincuente peligroso será liberado.
"El sistema penal costarricense en su conjunto, no solo el penitenciario, está en crisis porque no aplica medidas alternas a la cárcel como la conciliación o la reparación del daño", dijo a la AFP el experto Daniel González, exmagistrado y asesor internacional en reforma penal.
"Es absurdo, un proceso penal en el país cuesta entre 10.000 y 11.000 dólares, según estimaciones del Poder Judicial, para perseguir -por ejemplo- el hurto de un atún en un supermercado", señaló.
"Todo está colapsado: la fiscalía, los tribunales, el sistema penitenciario, por perseguir pequeños robos o hurtos que representan casi 70% de los casos", afirmó.
"Mientras tanto, muchos de los delitos de corrupción en el Estado que causan grandes daños al país, quedan en la impunidad", lamentó el experto.
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