La pregunta ha surgido en las dos comparecencias públicas que ha tenido Cristóbal Montoro desde que el Gobierno confirmara casi en la misma semana que su proyecto de Presupuestos para 2018 incluiría una rebaja del IRPF para las rentas medias y una subida de las pensiones menos generosas del sistema, con una factura conjunta de 3.000 millones de euros: "¿Podrá el Gobierno asumir esa factura y cumplir con el objetivo de déficit?". La cuestión es casi obligada si tenemos en cuenta, por un lado, que el Gobierno ya había comprometido una subida salarial del 1,75% para todos los funcionarios este mismo año y un alza incrementada para policías y guardias civiles con un coste conjunto superior a 800 millones de euros, al margen de otra serie de gastos más, y, por otro, que este 2018 al Estado le toca asumir el mayor ajuste en sus cuentas desde 2o12, el año de los recortes por excelencia.
La contestación de Montoro a estas dudas razonables no podría ser más de su estilo: "Si no hubiera margen no lo hubiéramos hecho". El ministro ha admitido que habrá que hacer reajustes internos en algunas partidas del Presupuesto, pero ha descartado grandes recortes. Esos tiempos parecen haber pasado. Y es posible que ni siquiera lo necesite. Dentro de los propios Presupuestos del Estado suelen encontrarse respuestas a casi todas las preguntas que surgen cuando los políticos presentan las medidas más llamativas desde el lado del gasto de los mismos. No es sólo que el Presupuesto permita transferir con mucha libertad fondos de unas partidas a otras, sino que el ministro de Hacienda ya sabe dónde están los fondos que le pueden hacer falta si fuera necesario cuadrar las cuentas...
El 'colchón de seguridad' de las cuentas de Montoro
La primera red de seguridad de que dispone casi cualquier proyecto presupuestario es la cuenta de gastos al servicio de la deuda. El principio de la cautela hace que los responsables de elaborar el Presupuesto público suelan dotar esta partida con un margen generoso que permita absorber cualquier eventualidad, en forma de subida de los tipos de interés, en los mercados financieros. El secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, reconoció que en 2017 el Gobierno obtuvo cerca de 2.000 millones de euros de recursos extra de ese 'colchón de seguridad'.
Uno de las escasas modificaciones respecto al Presupuestos de 2017 que incluía el proyecto de prórroga en 2018 de los Presupuesto de 2017 era una ligera subida de la partida de costes para hacer frente al gasto por intereses derivado de la deuda pública española y ello pese a que la revisión del cuadro macro de la economía española incluso prevé una ligera reducción de los tipos de interés para 2018.
Otro de los 'ases en la manga' de los que dispone el ministro de Hacienda para cuadrar las cuentas públicas en el caso de que las previsiones se tuerzan es la siempre sobreestimada partida de inversiones en I+D. Para 2018, el Gobierno ha prometido elevar esta partida un 8,3% y llevar la cifra total del esfuerzo presupuestario para impulsar la innovación y el desarrollo en España hasta los 7.044,47 millones de euros. Buenas noticias sobre el papel, si no fuera porque según los datos de ejecución del presupuesto de 2017 - ya publicados por el propio Ministerio de Hacienda- de los 4.635 millones de euros 'pintados' el pasado año apenas se gastaron de forma efectiva un 29,7%, 1,375 millones de euros. Vamos, que si el resto del Presupuesto hubiera tenido un desfase de 3.000 millones de euros el asunto habría quedado resuelto por la vía de ahorrarse las ayudas a la I+D.
El Gobierno también tiene prevista esta circunstancia en el proyecto presupuestario y acostumbra a 'pintar' una previsión de ingresos por tasas y otras fuentes de ingresos no tributarios más cauta. En 2017, por ejemplo, los ingresos por tasas, precios públicos y otros ingresos se estimaron en algo más de 8.000 millones de euros y acabaron proporcionando al presupuesto del Estado más de 16.500 millones de euros, según se refleja en los informes de ejecución presupuestaria elaborados por la Intervención General del Estado.
La cuestión de los ingresos es una de las más peliagudas de cualquier proyecto presupuestario. Las teorías sobre la elasticidad de los impuestos - los ingresos extra que son capaces de generar ante mejoras del contexto económico- suelen sucumbir en España ante el activismo fiscal de los gobiernos, incapaces por lo general de estar más de un trimestre sin introducir alguna modificación en el marco tributario. Esto genera un elevado grado de incertidumbre sobre las previsiones presupuestarias que suele traducirse en un cálculo erróneo, tradicionalmente al alza, de lo que se espera ingresar. Así sucedió en 2017 cuando los ingresos tributarios fueron inferiores en 7.000 millones de euros a los esperados.
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