Las dudas de Bruselas han obligado al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a maniobrar para incrementar la transparencia de su sistema de ayudas a la industria en compensación del sobrecoste que genera sobre su factura energética la apuesta gubernamental por las renovables. La UE decidió bloquear la distribución de los 131 millones de euros que Energía había dotado en los Presupuestos de 2017 por este concepto ante las inquietudes que generaba un sistema potestativo, cuyos criterios de reparto no se precisaban en ningún documento público y que tampoco dejaba muy claros qué criterios debían cumplir las empresas beneficiarias.
La reacción del departamento de Álvaro Nadal ha sido transformar la línea de crédito creada en 2017 en un sistema permanente y regulado a través de un reglamento para dotarlo de mayor certidumbre y seguridad jurídica. Si en los Presupuestos de 2017 el Ministerio de Energía reconoció por primera vez el derecho de la industria doméstica a percibir una compensación económica con cargo a las cuentas del Estado por los sobrecostes que se ve obligada a asumir por la transición del país hacia un modelo energético con mayor peso de las fuentes renovables, este año, y empujada por las dudas de Europa, lo que ha hecho ha sido dar un paso más y reflejar por escrito su compromiso de convertir ese crédito presupuestario puntual en un sistema de compensación regulado para las empresas industriales más intensivas en consumo de energía.
El asunto no es irrelevante y manifiesta una vocación de permanencia que las empresas ya venían exigiendo desde hace mucho tiempo atrás. La disposición legal impulsada por el Ministerio de Energía habilita al Gobierno a "establecer un sistema de ayudas a las industrias electro intensivas que se determinen para la reducción, de acuerdo a la normativa de la Unión Europea, de los costes incurridos en la consecución de los objetivos de transición energética".
En otras palabras, el Gobierno reconoce que su decisión política de impulsar un mix energético con mayor peso de las renovables genera un coste extra a las empresas vía factura de la luz y reconoce su cuota de responsabilidad devolviendo parte de ese coste extra vía ayudas directivas y con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Está por ver si a Bruselas este cambio le parece o no suficiente. De momento, no es la solución deseada por las empresas. En un reciente documento publicado bajo el título de 'La industria, motor de crecimiento: análisis y propuestas', CEOE se inclinaba más por el modelo alemán de la exención sobre el tramo de la factura vinculado a las renovables, bajo el argumento de que compensa igualmente a las empresas por ese sobrecoste, las ayuda a competir en pie de igualdad con la industria de otros países y sin exponerse a ninguna indicación por parte de Bruselas por su eventual consideración como ayuda de Estado...
Según la Asociación Española de Empresas con Gran Consumo de Energía, el lobby del sector, el perímetro definido por el concepto industria electro intensivas englobaría a las empresas de los sectores metalúrgico, químico, siderúrgico, y el de gases industriales, segmento donde el coste energético puede llegar a suponer un 50% de los costes de producción.
150 millones de euros para compensar los sobrecostes
El texto redactado por el Ministerio de Energía aclara, no obstante, que el colectivo de empresas que podrán acceder a estas ayudas se determinará a través del reglamento de desarrollo del sistema, así como los criterios en virtud de los cuales se repartirán los fondos disponibles que en todo caso tendrán en cuenta tanto la intensidad del uso de electricidad como la del comercio con terceros países. Tal y como se determinó en los Presupuestos de 2017 la idea es compensar a empresas exportadoras, que son las que sufren de forma más directa el perjuicio competitivo respecto a otros países que ya gozan de esta clase de sistemas de compensación.
Fuentes empresariales explican que países como Alemania ya compensan desde hace años a sus empresas intensivas en consumo de energía por los sobrecostes derivados de sus políticas de estímulo a las renovables. En España las estimaciones realizadas desde el ámbito empresarial calculan esa factura extra en unos 7.000 millones de euros.
El planteamiento gubernamental no aspira a compensar toda esa cuantía. El año pasado se dotó una línea de crédito de 131 millones de euros y el proyecto presupuestario para 2018 ha previsto 150 millones de euros - los mismos que preveía el proyecto inicial de 2017 -, a la espera de que el trámite de enmiendas no exija reducir una vez más esta cuantía.
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