El impacto económico del Covid-19

La crisis obliga al Estado a pagar tantos 'sueldos' como pensiones: 8,8 millones

afectados crisis
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La debacle económica que ha provocado la pandemia del coronavirus está llevando los recursos públicos al límite. El ambicioso 'escudo social' activado por el Gobierno de coalición obliga a la Seguridad Social a cubrir casi tantos 'sueldos' de ciudadanos como pensiones públicas. Y es que entre los parados, los afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), los autónomos acogidos al cese de actividad y los trabajadores que se encuentran de baja por el Covid-19 la caja pública va a tener que hacerse cargo de cerca de 8,8 millones de prestaciones. Son casi tantas como pensionistas hay en estos momentos: 8.896.412, la mayoría jubilados, que cobran entre todos 9.799.395 pensiones.

El colectivo más numeroso del que se está haciendo cargo el Estado a través de las prestaciones por desempleo es el de los afectados por ajustes temporales de plantilla. A estas alturas de la crisis, las estimaciones del Gobierno los sitúan en 4 millones de personas, mientras los sindicatos afinan más la cifra: los datos de CCOO recopilados entre las 17 comunidades autónomas y el Ministerio de Trabajo indican que, entre los ERTE presentados, los tramitados y los aprobados, hay en marcha 515.554 expedientes que afectan a 4.060.326 trabajadores. No todos han empezado a cobrar sus prestaciones, ya que la avalancha de solicitudes ha provocado un cuello de botella en las oficinas de empleo, que esperan poder pagar la mayoría de nóminas en los primeros días de mayo.

Les siguen, por numerosos, los más de dos millones de parados que ya recibían cobertura antes del estallido de la pandemia del Covid-19. En concreto, alcanzan los 2.002.295 desempleados que percibieron prestación en febrero, el último dato disponible en las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social. La tasa de cobertura es cercana al 65%, lo que significa que tres de cada cinco parados recibe una prestación pública que, de media, alcanza los 926,4 euros mensuales. Para hacerse una idea del gasto público que esto supone, el coste total de las prestaciones por desempleo ascendió en febrero, antes de la declaración del estado de alarma, a 1.811 millones de euros.

A los anteriores hay que sumarles los 900.000 nuevos parados que, según las estimaciones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, va a tener que atender el Sepe, incluyendo a las empleadas del hogar y a los trabajadores de contratos temporales. Ayer mismo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, adelantaba que la cifra total de parados por esta crisis escala ya a 487.635 personas, pues a los 302.365 nuevos desempleados de marzo hay que sumar las 185.270 personas que se han puesto 'a la cola del paro' en los 20 primeros días de abril, según las cifras que avanzó en su comparecencia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso.

Además, Escrivá también ha calculado que 1,4 millones de autónomos van a acogerse a la prestación extraordinaria por cese de actividad, según figura en el informe presentado la semana pasada en la misma Comisión del Congreso de los Diputados y que puede consultarse aquí. El pasado viernes ya accedieron a la prestación más de 900.000 autónomos, en concreto, 919.173. Y la factura total ascendió a 670,9 millones de euros, según informó el Ministerio de Inclusión en una nota en la que se especifica que a 15 de abril ya habían solicitado esta prestación hasta 1.016.670 trabajadores por cuenta propia.

Asimismo, desde el pasado 4 de marzo los servicios sanitarios han concedido más de 400.000 bajas por Incapacidad Temporal asimiladas a accidente de trabajo por Covid-19, de manera que la Seguridad Social cubre el sueldo de estos trabajadores. Solo una de cada cuatro bajas laborales por coronavirus son casos confirmados con test, el resto (el 75%) son aislamientos preventivos. En cualquier caso, hay que destacar que los datos de las bajas los actualizó el propio ministro en la mencionada comparecencia el 15 de abril y casi con total seguridad habrán aumentado, habida cuenta de que con la vuelta al trabajo de los empleados considerados no esenciales la semana pasada el Gobierno animó a los más vulnerables a que se cogieran la baja médica.

Más de cuatro millones de trabajadores afectados por ERTE, más de dos millones de parados que ya recibían prestación por desempleo antes de la irrupción del coronavirus, unos 900.000 nuevos parados que quedarán protegidos durante esta crisis, en torno a 1,4 millones de autónomos que accederán a la prestación por cese de actividad y como mínimo 400.000 beneficiarios de prestaciones por incapacidad temporal derivadas de la enfermedad del Covid-19. En total, cerca de 8,8 millones de personas que van a cobrar su nómina de las arcas públicas. Se trata de casi el 40% de la población activa, según la última EPA del cuarto trimestre de 2019.

La factura de las prestaciones

Por poner esta cifra en contexto, 8,8 millones de personas son casi tantas como pensionistas hay en estos momentos: 8.896.412 en marzo, según los últimos datos de la Seguridad Social, que paga una factura mensual cercana a los 10.000 millones de euros por sus pensiones. Pero, ¿cuánto van a costar las prestaciones destinadas a cubrir a los trabajadores afectados por la crisis del coronavirus? El Gobierno todavía no ha hecho públicas sus estimaciones, si las tiene. Lo que sí ha avanzado es que si es necesario tirará tanto del préstamo de 13.830 millones concedido por el Tesoro para abonar las pagas extra de las pensiones como de los fondos previstos para la formación (más de 2.000 millones de euros).

En su último panorama económico la CEOE estimó que las medidas adoptadas por el Gobierno en el ámbito laboral tendrían un coste de entre 5.000 y 6.000 millones de euros. Por su parte, el Banco de España, en base a unas previsiones de afectados inferiores a las que se han expuesto aquí (unos 4,6 millones en total, entre 3,1 millones de trabajadores en ERTE, 900.000 autónomos y 600.000 parados de contratos temporales) ha  calculado que si el estado de alarma dura ocho semanas la factura para las arcas públicas ascenderá a 6.000 millones de euros, el 70% por el mayor gasto en subsidios de desempleo y el 30% por los menores ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social.

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