La pandemia de la Covid-19 ha vuelto a traer el término 'empresa zombi' al debate económico. Dícese de aquella compañía con beneficio insuficiente para cubrir sus propios gastos financieros. A grandes rasgos, no es viable, es un 'muerto viviente' que consigue mantenerse en pie gracias a los bancos y a las ayudas públicas, pese a incurrir en pérdidas de manera sistemática y afrontar serios problemas de solvencia. En España la crisis sanitaria ha dejado a una de cada cinco empresas en esta situación y los analistas advierten de que, ante la incapacidad de la Administración para medir con precisión la solvencia individual de las compañías, el control de las entidades financieras va a ser clave a la hora de renovar las líneas de crédito en esta segunda oleada del virus. Solo así, retirando la respiración asistida para dejar morir a parte del tejido productivo, se podrá evitar un efecto arrastre y un colapso del crédito que ponga en riesgo la recuperación.
El Banco de España, que ha venido advirtiendo desde que se dejó atrás el pico de la pandemia de que las políticas económicas deben reorientarse hacia proyectos empresariales viables para facilitar una salida ordenada del mercado de aquellos a los que la crisis ha ocasionado daños permanentes de difícil resolución, o que incluso estaban 'tocados' de antes. En este contexto, el supervisor ha alertado de que una cuarta parte de las compañías está en situación de quiebra técnica y más recientemente ha estimado que el 16,6% de las empresas tienen una deuda neta superior al doble de su patrimonio. Con estos indicadores, la economista senior de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) María Jesús Fernández estima que el porcentaje de empresas en posible riesgo de zombificación o desaparición se sitúa en estos momentos entre esa horquilla entre el 17% y el 25%.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que las medidas de apoyo de política económica, como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) avalados con fondos públicos siguen siendo esenciales a corto plazo y, en particular, para los sectores más afectados por la pandemia. En este sentido, apuesta por la continuidad de las medidas de mantenimiento de rentas y apoyo a la liquidez, de manera focalizada y flexible, hasta que la recuperación se encuentre firmemente encarrilada. La Comisión Europea, por su parte, también ha bendecido esta estrategia del Gobierno español para remediar el estrés de liquidez y aliviar las tensiones de rentas.
La clave está en ampliar las medidas sin zombificar el tejido empresarial, dirigiendo los recursos hacia las empresas viables. Para ello, resulta fundamental un análisis pormenorizado de la situación particular de cada compañía; sin embargo, la capacidad del Estado es limitada en este sentido. Por eso los expertos apuestan por la vía del control por parte de las entidades financieras para realizar la discriminación en el momento en que las empresas acudan a renovar las líneas de crédito ICO cuando venza su plazo o a solicitar líneas nuevas si la situación de inactividad se prolonga y necesitan seguir cubriendo sus gastos. "Es posible que hasta ahora los bancos hayan tenido manga ancha a la hora de conceder estos créditos, pero van a tener que reevaluar la viabilidad de los solicitantes", advierte Fernández.
"De este modo, las empresas inviables no recibirán más crédito y tendrán que realizar los ajustes necesarios", zanja esta economista, no sin añadir que lo importante es no crear mecanismos que incentiven a los bancos a renovar estos créditos a empresas que no sean viables. Se trata, en definitiva, de evitar a toda costa que las entidades financieras se conviertan en cooperadoras necesarias de la zombificación de la economía. La banca, como el Estado, debe dejar morir al tejido improductivo. Así lo advertía la semana pasada el director general de Funcas, Carlos Ocaña, porque las políticas expansivas "distorsionan" los incentivos a los agentes económicos y las ayudas pueden generar empresas zombis y distorsiones de competencia al favorecer más a las compañías menos eficientes y perjudicar al resto.
Coincide con esta visión el economista Javier Santacruz, que pone el foco en los ERTE para advertir de que la limitada capacidad de la Administración a la hora de analizar en detalle cada empresa solicitante y determinar si es solvente y, por tanto, necesita una compensación de los costes laborales a través de la congelación de la plantilla o, por el contrario, no lo es (incluso aunque fuera rentable antes de la crisis) eleva considerablemente "el riesgo de crear no sólo empresas sino incluso sectores enteros de actividad zombis" y hace que esto se pueda cronificar en el tiempo, con el coste que supondría para las vapuleadas arcas de la Seguridad Social.
Empresas encadenadas a sus plantillas
Santacruz pone el énfasis en la necesaria modernización de las herramientas estatales para hacer en cada caso un análisis pormenorizado de la situación de cada empresa y, con ello, determinar si necesita acogerse a una congelación de su capital humano o, por el contrario, debe ser forzada a ajustar plantilla y, por tanto, a sobrevivir o desaparecer. En este contexto, añade, "medidas como prohibir los despidos durante seis meses no ayudan a clarificar la solvencia o insolvencia de una empresa". Se refiere a la cláusula de salvaguarda que obliga a los empresarios a mantener intactas sus plantillas en los seis meses tras el ERTE y que tantos dolores de cabeza está provocando a la patronal, incapaz hasta ahora de convencer a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de que levante ese veto.
"Prohibir los despidos no ayuda a clarificar la solvencia de una empresa"
"No se salva empleo prohibiendo despedir", añade Fernández. Al contrario, "una empresa que pueda ser viable tras la reducción de la plantilla, si es obligada a mantenerla en su totalidad durante seis meses o se le impone un castigo muy gravoso por despedir a la excedentaria, empeorará su situación patrimonial y puede terminar quebrando, y así se perderá no una parte de sus puestos de trabajo, sino todos", avisa. En este sentido, más de un centenar de profesionales coordinados por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) han pedido al Gobierno que elimine la cláusula que encadena a las compañías a sus plantillas para "evitar que muchas empresas en ERTE ligados al Covid terminen en quiebra o en concurso, sea porque los despidos llegan demasiado tarde para salvar a la empresa o porque el coste asociado a la penalización acabe siendo inasumible".
En esta línea, el Consejo General de Economistas de España ha dado la voz de alarma ante una previsible avalancha de insolvencias empresariales, con un alza de más del 40% en 2021, tras el irreal retroceso de los concursos este año como consecuencia de la moratoria y las limitaciones de actividad judicial, por lo que han recomendado a las empresas acudir a mecanismos de refinanciación y reestructuración, así como de mediación y segunda oportunidad. En cualquier caso, desde el CGE alertan del riesgo de colapso de los juzgados ante el aluvión de concursos que se esperan desde el último trimestre, tras el fin de la moratoria. Mientras, el gobernador del BdE, Pablo Hernández de Cos, ha apuntado que la clave de bóveda de la estrategia gubernamental ante este escenario debe ser la reforma de la ley concursal para agilizar los procesos de reestructuración empresarial tras la quiebra.
Sobrevivirán los más fuertes
Inevitablemente, esta crisis dejará atrás a parte del tejido empresarial. Como es habitual, sobrevivirán los más fuertes: las empresas más competitivas y que previamente estuvieran saneadas. "Estas asumirán la cuota de mercado de las desaparecidas, e incluso sus activos y habrá más recursos productivos a su disposición", avanza Fernández. "Al tener más cuota de mercado, sus resultados y su rentabilidad mejorarán, lo que conducirá a realizar nuevas inversiones, y así se iniciará un nuevo ciclo de crecimiento", resume. Esa es la mecánica de todo ciclo económico, el famoso proceso de "destrucción creativa". "Por eso es importante que no existan empresas zombis, porque con ellas este mecanismo no se pondría en funcionamiento y no se iniciaría un nuevo ciclo de crecimiento, condenándonos al estancamiento", concluye.
¿Qué debemos aprender de este 'shock'? La lección extendida de que hay que recortar la dependencia del turismo es, a ojos de Fernández, una "idea vacía". En resumen, si España es competitiva en este sector y existe una demanda que podemos satisfacer, debemos aprovechar la ventaja respecto a otros países. Ahora bien, que la actividad turística sea importante en nuestro PIB no impide el desarrollo de otras como la industria de tecnología punta. Asimismo, la correcta gestión y focalización de los fondos europeos va a ser fundamental, ya que "debido a la naturaleza de los proyectos a los que se destinarán (cambio climático, digitalización, etc.) los sectores que los reciban no son los que más riesgo de zombificación presentan", zanja.
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