Carmena apremia a Montoro y al PSOE para no perder 750 millones de inversión

  • Las objeciones de Hacienda y el embrollo político madrileño bloquean la ejecución de los proyectos de inversión financieramente sostenible en Madrid
Manuela Carmena y Cristobal Montoro
Manuela Carmena y Cristobal Montoro
EFE

Apretado como nunca por las exigencias de rigor financiero del Ministerio de Hacienda, que le obligan a recortar a la mitad la partida presupuestaria destinada a inversiones para este año 2018, y sin un consenso político suficiente para activar el instrumento inversor que le queda - las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS)-, el equipo de Gobierno de Manuela Carmena se está viendo obligado a negociar contrarreloj a dos bandas con el Ministerio de Hacienda y con sus socios del Partido Socialista para desbloquear una situación que le aboca a perder 750 millones de euros en inversiones si no encuentra una rápida solución.

La cuantía - esos 750 millones - se corresponde con el volumen total de inversiones financieramente sostenibles (IFS) que el Ayuntamiento de Madrid se ha propuesto ejecutar este año 2018. Un objetivo ambicioso si se tiene en cuenta que el año pasado ejecutó 150 millones de euros y que ésta ha sido la cantidad más elevada ejecutada por este cauce desde el año 2014. Cuenta, no obstante, con recursos financieros más que suficientes para cumplir ese plan ya que el Ayuntamiento de Madrid cerró 2017 con un superávit presupuestario de 1.120 millones de euros.

En las últimas semanas el equipo de Gobierno de Manuela Carmena se ha ocupado además de hacer bien visible que si algo tiene claro es en qué emplear esos recursos. Entre el 12 de abril y el 7 de mayo la Junta de Gobierno Municipal ha aprobado tres acuerdos de Gobierno en virtud de los cuales se "ha iniciado la tramitación" de 1.131 proyectos de IFS con un esfuerzo inversor conjunto de 563,6 millones de euros. 

Lo que ocurre, según explican fuentes del Consistorio madrileño, es que para que estos proyectos sean realmente viables exigen del respaldo mayoritario del Pleno Municipal y éste aún no se ha producido. Ahora Madrid, la formación que sustenta el Gobierno Municipal, y el Partido Socialista, su socio durante este mandato, aún no han sido capaces de alcanzar un acuerdo para sacar adelante el proyecto de Presupuestos para 2018 y tampoco para activar el mecanismo de las IFS.

Según las fuentes consultadas , la situación de Cataluña, primero, y el 'caso Cifuentes', después, han derivado en una parálisis política dentro del Consistorio madrileño que la filtración del acercamiento del Partido Socialista a Manuela Carmena para sondear su eventual disposición a encabezar una candidatura socialista en 2019 no ha contribuido a desbloquear. En medio de esta situación, y según ha podido confirmar La Información en fuentes municipales, el nuevo concejal delegado del Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Jorge García Castaño, ha intensificado los contactos con el Grupo Socialista en los últimos días para intentar desbloquear, si no el proyecto presupuestario, al menos sí la activación de las Inversiones Financieramente Sostenibles para impedir que la parálisis política se traduzca en una parálisis inversora. Hasta el momento, sin éxito.

Las condiciones de Montoro

El bloqueo del Plenario no es el único obstáculo que el equipo de Manuela Carmena está teniendo que sortear para intentar activar sus proyectos de inversión. Fuentes conocedoras de los contactos del Ministerio de Hacienda con el Ayuntamiento de Madrid subrayan que el departamento que dirige Cristóbal Montoro no termina de ver con buenos ojos la estrategia madrileña de hacer pasar por IFS proyectos de inversión ordinaria a los que inicialmente habrían tenido que renunciar por los recortes presupuestarios forzados por la aplicación de la regla de gasto.

Las IFS fueron creadas por el Gobierno de Mariano Rajoy a principios del año 2014 como un resquicio legal para que los ayuntamientos con superávit presupuestario y una situación financiera saneada (deuda inferior al 75% de los ingresos corrientes del Consistorio) pudieran eludir los rígidos controles presupuestarios establecidos por el Gobierno e incrementar sus inversiones en campos muy tasados en los que se entendían que podían contribuir a la reactivación económica. 

Hacienda estableció, eso sí, una serie de requisitos. Los recursos vinculados a IFS no podrían detraer recursos ni del pago a proveedores, ni del servicio de la deuda y no se podrían emplear ni para financiar gastos corrientes, ni indemnizaciones por incumplimientos contractuales, además de tener que vincularse a una serie de programas y capítulos presupuestarios. Fuera de éstos tampoco sería posible la inversión. Además, la inversión debería iniciarse y finalizarse en el mismo curso presupuestario y no podría financiar inversiones de carácter plurianual, ya que para éstas se entendía que estaba el presupuesto ordinario.

La presión de los Ayuntamientos, también del de Madrid, para flexibilizar estos requisitos ablandó la posición del Ministerio de Hacienda y derivó en un Real Decreto aprobado el pasado 23 de marzo que amplió en diez los programas presupuestarios susceptibles de encajarse como IFS y extendió a dos años el plazo de ejecución de las inversiones.

La reforma ha incrementado el margen de maniobra del Ayuntamiento de Madrid para seleccionar sus inversiones, ya que desde abril se puede utilizar el superávit presupuestario con mayor libertad, pero no ha eliminado del todo las objeciones del Ministerio de Hacienda, según reconocen fuentes municipales. El Ayuntamiento, no obstante, ha abierto un cauce permanente de diálogo con Hacienda para tratar de evitar cualquier problema posterior con el tipo de inversiones que se aprueben dentro de los proyectos de IFS...si finalmente consiguen un acuerdo político. 

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